Eutanasia. ¿Un atentado contra la vida o misericordia civilizada?

“La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo, y para muchos un favor”, sentenció Séneca, uno de los grandes filósofos del estoicismo romano, justo antes de ser obligado a suicidarse por orden de quien fuera su discípulo, el llamado “emperador del terror”, Nerón Claudio César Augusto Germánico. Seneca murió así en el año 65 D.C. pero dejó estas palabras, que aún resuenan en los momentos definitivos de la vida: “Para muchos la muerte es un favor”.

El término eutanasia deriva de los vocablos griegos “eu”, cuyo significado es bueno, y “thanatos”, que significa muerte. Por lo tanto, su significado etimológico es “buena muerte”. Dos mil años después de la muerte de Seneca, las sociedades civilizadas intentan resolver, en el contexto de la legalidad y el derecho, de la religión, el humanismo, la compasión y el respeto por la decisión individual, cómo darle fin al sufrimiento extremo con prácticas llamadas eutanasia o suicidio asistido.

En los últimos 30 años, a paso lento, varios países legalizaron esta práctica con distintas características. En octubre pasado, la eutanasia quedó legalizada del otro lado del Río de la Plata, en Uruguay, y el debate comenzó a golpear las puertas de nuestro país. Julio Cobos, diputado nacional por Mendoza y exvicepresidente de la Nación, presentó el mes pasado un proyecto en la Cámara de Diputados que, al menos verbalmente hasta ahora, comenzó a recoger apoyos. Cobos admite que la sanción en Uruguay fue un impulso para volver a plantear la propuesta (ya había otros proyectos de legalización de la eutanasia en el Congreso), que contempla dos modalidades: la eutanasia activa, en la que un médico administra directamente la sustancia que provoca la muerte del solicitante, y la muerte asistida, en la que el profesional prescribe la medicación y el paciente se la autoadministra. En ambos casos se exige que el solicitante sea mayor de edad, capaz, y que padezca una enfermedad grave e incurable o un sufrimiento crónico e insoportable. Cobos argumentó que su propuesta es una extensión de la autonomía individual ya reconocida en la ley de muerte digna, sancionada en 2012, que permite rechazar tratamientos médicos en casos terminales. “El derecho a una vida digna debe incluir también el derecho a una muerte digna”, sostuvo el legislador.

La Ley de Muerte Digna fue movilizada por el Caso de Camila, una nena que nació en 2009 con una hipoxia cerebral que le impidió respirar durante el parto y entró en coma a pesar de los intentos de reanimación. A poco de cumplir cuatro meses, se le practicó una traqueotomía y se le implantó un botón gástrico para alimentarla. En 2011 su madre, Selva, dirigió una carta a la entonces presidenta Cristina Kirchner, en la que le requería un cambio en la legislación para el derecho a la muerte digna, ya que los médicos se negaban a desconectarla. Camila murió en 2012, cuando fue desconectada del respirador; antes, el Congreso sancionó la ley 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, lo más cercano a una muerte asistida que contemplan las normas de nuestro país.

Hoy Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires interviene en el caso de María del Carmen Ludueña, una mujer de 63 años con artritis reumatoidea avanzada que pidió acceder a la eutanasia. Su reclamo fue rechazado en primera y segunda instancia, sin llegar a que se analice su situación particular.

Hasta 2023, alrededor de 280 millones de personas vivían en regiones donde la eutanasia era legal. Jurisdicciones como los Países Bajos, Bélgica y el estado de Oregón (EE. UU.) cuentan con normas desde hace décadas. Otros países, como Canadá, España, Noruega, Alemania, Nueva Zelanda, Australia y recientemente Uruguay, han aprobado reformas más recientemente. Es importante tener en cuenta que no en todos los países las legislaciones utilizan la palabra eutanasia para referirse a este procedimiento; algunos países la llaman “muerte voluntaria asistida” o “suicidio asistido”, como es el caso de Australia Occidental (un estado dentro del país), donde se le llama voluntary assisted dying, dado que la ley permite tanto la eutanasia como el suicidio asistido. En Noruega, Dinamarca, Alemania o Austria, el paciente goza de autonomía para rechazar, él mismo o a través de su familia, determinados tratamientos, aunque eso pueda conducirle a la muerte.

Colombia la despenalizó en 1997 y en 2002 un fallo de la Corte Suprema de Justicia la habilitó como derecho. En noviembre de 2023, la Cámara de los Comunes del Reino Unido apoyó por primera vez un proyecto de ley de muerte asistida, tras años de intentos fallidos. En México no está autorizada la eutanasia; sin embargo, desde 2009, los pacientes terminales pueden elegir no recibir tratamiento médico si su enfermedad es considerada “irreversible”.

No son debates sencillos ni poco traumáticos para la sociedad. En mayo de 2018, el Parlamento portugués votó contra la eutanasia: incluso los comunistas votaron contra ella para no quitarle responsabilidad al Estado en la atención e inversión sanitaria en políticas paliativas. También en Finlandia en 2018 se la rechazó. En Argentina nunca, ningún proyecto, llegó a tratarse en el recinto.

Si bien la Organización Mundial de la Salud no se expresó al respecto, se estima que hasta 2024 la mayoría de las personas que accedieron a la prestación de ayuda para morir padecían cáncer (66,5 % de los casos), luego seguían las dolencias neurológicas, como el ELA, que fueron las segundas más comunes (8,1 %), seguidas de las cardíacas (6,8 %) y enfermedades pulmonares (4,9 %).

Las discusiones sobre la eutanasia suelen estar muy polarizadas y es un debate transversal más que ideológico o partidario, donde priman más la fe y los valores que las ideologías, algo similar a lo que sucede cuando un país habilita la discusión sobre la “interrupción voluntaria del embarazo”, donde, al igual que en la eutanasia, en las leyes se resguarda la “objeción de conciencia” para aquellos profesionales de la salud que rechacen participar de la práctica, no así para las instituciones.

La postura de la Iglesia católica, se sabe, es contraria a la eutanasia. En 2022, el Vaticano, con el Papa Francisco al frente, salió a desmentir que hubieran “aperturas” ideológicas por parte de la Iglesia católica sobre ciertos temas como el “aborto” o la “eutanasia”. En ese sentido, Gustavo Irrazábal, sacerdote y teólogo, sostiene: “La Iglesia no considera obligatorios los tratamientos médicos ‘desproporcionados´, el mantenimiento del soporte vital en situaciones de estado vegetativo permanente, ni el uso de analgésicos, aunque tengan el efecto no buscado de acelerar la muerte. Pero sí considera éticamente inaceptable cualquier acción que se dirija directamente contra la vida del paciente, sea por decisión de éste o de quienes están a su cargo, lo que se conoce como suicidio asistido y eutanasia, respectivamente. Estas acciones, en nombre de la muerte “digna”, terminan sometiendo la dignidad de la vida humana a consideraciones meramente utilitarias”.

Fabián Skornik, rabino del Templo Lamroth Hakol, señala: “Para la tradición judía la vida es sagrada, y al nacer somos depositarios y custodios de este bien maravilloso, que debemos cuidar y proteger siempre. Por supuesto que este principio general puede tener una interpretación particular cuando la situación de dolor o de restricciones nos hacen pensar que esto ya no se llama vida. Y frente a esto debemos por un lado tener presente que el milagro siempre puede ocurrir, y la recuperación puede darse, y por otro lado podrán presentarse situaciones en las que sentiremos la necesidad de dejar de hacer todo lo necesario para mantener una existencia tortuosa y suspender toda asistencia artificial que prolongue ese sufrimiento”.

El sacerdote Lucio Florio, doctor en Teología y licenciado en Filosofía y Teología, repara en lo siguiente: “El problema de la eutanasia y del suicidio asistido sumerge al ser humano en la pregunta más radical que pueda ser formulada: ¿puedo interrumpir la vida que me ha sido dado sin mi voluntad? La cultura actual tiende a privilegiar el ámbito de la libertad pura: soy yo quien decido vivir o no, independientemente de que no haya pedido vivir y, más aún, que no comprenda en plenitud lo que es vivir. El sufrimiento extremo y prolongado es el origen del deseo de acabar con la vida porque significa justamente eso, sufrimiento. El hecho de pretender legislar esta decisión ética y metafísica implica una incorporación de un tercero en la decisión. El tercero es el Estado, a través de una cadena de decisiones jurídicas y médicas. De este modo se legitima el acto, pero también se garantiza su ejecución”.

José María Poirier, filósofo, periodista y director de la revista Criterio, remarca que la eutanasia es un debate que nos debemos en la sociedad contemporánea. “Es acaso más complejo que el del aborto porque los afectados podemos ser, antes o después, nosotros mismos”, señala. Y agrega: “Aparte de los argumentos históricos-filosóficos, hay varias circunstancias actuales que suman lo propio como el aumento de los años de vida al menos en ciertos ámbitos sociales, el debilitamiento de los apoyos familiares, el costo de la medicina, el ensañamiento terapéutico con enfermos terminales, la precariedad del Estado en sus servicios de salud. ¿Qué se entiende hoy por muerte natural, cuando cada vez más dependemos de los controles y la medicación, o se teme sobrevivir con sufrimientos muy agudos o sin conciencia y autonomía?”.

Desde el punto de vista legal, con la eutanasia “no existe ningún conflicto de derecho”, aclara el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. “Lo que existe es el ejercicio de un derecho a la autonomía de una persona respecto al plan de vida, a la biografía, para decidir cómo quiere vivir. Es un concepto erróneo hablar de muerte digna, lo que es digno o indigno es cómo nosotros decidimos vivir la vida. En este sentido, resguardando y garantizando el consentimiento de la persona, el derecho tiene que darle la posibilidad a cada uno de vivir cómo quiere vivir y hasta un determinado momento, y esto está aceptado en la Constitución y en los tratados sobre Derechos Humanos”.

El reconocido filósofo español Fernando Savater publicó, en medio del debate en España, una columna en el diario El País donde señaló: “Nadie elige dejar de vivir, somos nuestra vida, no conocemos otra cosa. Pero podemos optar por dejar de sufrir. Obligar a seguir padeciendo a quien no quiere es tan malo como ejecutar al que desea vivir. Ayudar a la muerte voluntaria es una forma de misericordia civilizada”.

Del otro lado, la Asociación Médica Mundial reiteraba en 2019 que la eutanasia “no es ética” y “debe ser condenada por la profesión médica”. En tanto, con un fuerte documento contra la legalización de la eutanasia o el suicidio asistido, la Asociación de Bioética de Madrid, alertó: “Con la eutanasia legalizada no se invertirá dinero ni recursos en cuidados paliativos ni en otros muchos campos que afectan al final de la vida. Hay numerosos estudios que muestran que cuando se trata la depresión de los que piden eutanasia en países donde es legal, la inmensa mayoría cambia de opinión y deja de pedirla”.

Con esto último no acuerda la psicóloga Perla Cano, especialista en psicopaliativos y cuidados paliativos, destacada profesional del Instituto de Oncología Ángel Roffo. “Ante casos de sufrimiento extremo puede surgir el DAM (Deseo de Adelantar la Muerte) que incluye causas físicas, psicológicas, sociales y espirituales y se evalúan profesionalmente. El pedido de eutanasia puede ser una de sus formas y no está asociada necesariamente a la depresión. Se debe estudiar profesionalmente cada caso. Existen pacientes que están convencidos de no querer vivir en esa situación y eso no se relaciona directamente con la depresión. Es más complejo. Hay también razones físicas, sociales, emocionales, entre otras, como falta de control, sentirse una carga, o el abandono, que los hace desistir de seguir viviendo”. Cano destaca la necesidad de avanzar en los cuidados paliativos, pero agrega: “Hay un grupo de pacientes que necesitan la eutanasia como un derecho, como forma de tener control sobre su enfermedad, su vida y su muerte”.

Seguramente, cuando el debate sobre la eutanasia o el suicidio asistido se metan en la conversación pública y en el debate político local, mucho se hablará sobre los derechos del paciente y la autonomía individual a poder decidir, así como de las preocupaciones éticas sobre el valor de la vida. No será un debate sencillo de abordar y saldar.

Por Daniel Santa Cruz

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