La política económica de la dictadura. La historia enseña, pero no tiene alumnos

Comencemos por algunos elementos que definieron la trayectoria inicial de nuestra historia. Primero que nada la “memoria corta” de lo que estaba fresco al comenzar el sombrío otoño de 1976. El gobierno militar se asomaba al poder en medio del desbarajuste final de la gestión de Isabel de Perón, nueve meses después del Rodrigazo de junio de 1975, que no solo gatilló ese desbarajuste sino que condicionó la mentalidad de los jefes militares, asustados por la aventura de la que habían sido testigos, pero también asustados por la respuesta de los poderosos sindicatos nacionales. Y ese gobierno militar llegó al poder veintidós meses después de la muerte de Perón, cuya doctrina y cuyo movimiento político los uniformados, para bien o para mal, creían vivos. En ese contexto la guerrilla era un tema central: había que destruirla en el plano militar como lo había querido el propio Perón, y para eso no había que darle sobrevida con decisiones económicas y sociales equivocadas. Así concibieron esos hombres lo que, en un exceso del lenguaje, llamaron “gradualismo”.

El segundo elemento fue la peculiar organización del poder que el gobierno militar se dio. Me refiero a ese triunvirato intrínsecamente deliberativo conformado por los comandantes de las tres fuerzas, un cuarto hombre que estaría a cargo de la presidencia y un cuasi poder legislativo. ¿Era eso un saludable antídoto contra el caudillismo argentino? Nada más lejos. Era, más bien, un síntoma de desconfianza mutua. Hasta su retiro del arma, en julio de 1978, Videla fue comandante del Ejército y presidente con uniforme. Después comenzó a vestirse de civil y fue, efectivamente, cuarto hombre: esto es, había una Junta Militar y un cuarto hombre, cada uno con sus propias ideas, muy distinto a una dictadura unipersonal, por ejemplo la de Pinochet al otro lado de los Andes. La Junta Militar elegía al presidente, podía removerlo, tomaba las decisiones críticas, pedía informes a los ministros, avivaba sus intrigas en cada tema. Es fácil imaginar que el estado deliberativo y conflictivo se transmitió al ámbito de las decisiones cotidianas.

El estado deliberativo y conflictivo de los comandantes funcionó, también, para seleccionar un ministro de Economía. Fue un largo período de barajar nombres, algunos que ni siquiera fueron entrevistados, otros que no pasaron la primera ronda, finalmente los candidatos más relevantes y alrededor de los cuales emergieron las diferencias entre los uniformados. Se dice, pero no me consta, que la Fuerza Aérea, de tradición nacionalista y católica, propuso a Aldo Ferrer, a quien habían conocido como ministro del presidente Levingston. En todo caso, eso no podía ser. Estaba en el aire un inevitable giro hacia la ortodoxia.

¿Por qué Martínez de Hoz fue el elegido? Si dejamos de lado a Horacio García Belsunce, un hombre cercano al catolicismo conservador que fue descartado por SFI (Situación Familiar Irregular), la respuesta es: porque Martínez de Hoz era un hombre moderado y cauteloso, miembro del ala más conservadora de la Democracia Cristiana en otros tiempos, nieto por parte de madre del conservador reformista agrario Ramón Cárcano, sobrino de Miguel Ángel Cárcano, el último canciller de Arturo Frondizi. Su temperamento le permitía hacerse cargo de la única consigna que unificaba a la Junta Militar: “Doctor, haga lo que tenga que hacer pero que no haya desempleo. Todo desocupado es un potencial guerrillero”, frase esclarecedora que se le adjudica al general Antonio Domingo Bussi. Si prestamos atención a los rasgos comunes de García Belsunce y de Martínez de Hoz, se confirma hasta qué punto los militares querían dejar en claro que el nuevo gobierno no compartiría un aire de familia con el Rodrigazo. La dictadura, que rápidamente se revelaría sanguinaria, quería ser prudente en la gestión social y económica, combinar liberalismo económico con una pequeña dosis de humanismo cristiano. Así estuvo planeado, y así se lo intentó, en parte por la gran influencia que fue ganando Martínez de Hoz sobre Videla y –no una cuestión menor– sobre su esposa.

El 12 de marzo un oficial del Ejército se comunicó con Martínez de Hoz para pedirle que interrumpiera su safari en Kenia –al que había sido invitado por Arturo Acevedo (hijo), presidente de la empresa familiar Acindar– y regrese urgentemente al país. El 29, cinco días después del derrocamiento de Isabel de Perón, se anunció que Martínez de Hoz sería el ministro de Economía del gobierno militar. Más allá de los detalles pintorescos que nos hablan de los hábitos de una burguesía más que acomodada, las fechas y las circunstancias son indicios: por un lado, el hombre elegido condicionó su aceptación a que fuera liberado su antiguo compañero de la militancia política, Guido Di Tella, encarcelado por formar parte del gobierno anterior; por otro lado, los tiempos indican prisa e improvisación por parte de los mandos, y un margen estrecho para prepararse por parte de Martínez de Hoz. De hecho, no parecen ser los rasgos de un proyecto cuidadosamente preparado para dar vuelta a la Argentina como a una media. Si le prestamos atención al infinito discurso inaugural del 2 de abril del ministro, efectivamente no emerge de ese texto una idea revolucionaria neo–liberal al estilo de lo que serían más tarde Margaret Thatcher o Ronald Reagan, sino el menos ambicioso objetivo de sanear, ordenar, disciplinar, estabilizar, “acabar con una economía de especulación y pasar a una economía de producción”, como fueron sus palabras. ¿Menos ambicioso?, puede ser, pero, aun así, enormemente difícil.

El discurso decía que “la economía argentina no tiene ningún mal básico ni irreparable”, su título era “Programa de recuperación, saneamiento, y expansión de la economía”, esto quiere decir que no aparecía centralmente la palabra “reforma”, ni en su acepción de “reforma del Estado” ni en su acepción de apertura rápida e integral de la economía. Cuando Martínez de Hoz se refirió al gasto público apuntó al equilibrio fiscal, no a un cambio de raíz en las funciones del sector público; cuando se refirió a la reducción de aranceles protectivos explicó que se trataba de un plan gradual de cinco años, no muy distinto en este aspecto al fraseo y al ritmo político que podrían haber adoptado en otros contextos Raúl Prebisch, Roque Carranza, Krieger Vasena. Surge entonces la pregunta: ¿no era el Martínez de Hoz inicial un hombre del “momento desarrollista” de la historia argentina, como lo había sido en 1962 durante su pasaje por el ministerio como colaborador de José María Guido?; ¿no se parecía más al pasado que al futuro? Que esa silueta se haya disuelto en medio de la tormenta es otro cantar. El experimento económico de la dictadura es el fracaso de ese plan de saneamiento y estabilización, y en ese fracaso se convirtió, hacia el final, en una mueca reformista desesperada que ni siquiera tuvo conciencia de sí.

Un equipo heterogéneo

Si Martínez de Hoz no tuvo tiempo para prepararse, eso se manifestó en el hecho de que no le fue fácil armar un equipo de colaboradores. Llamó a amigos y a amigos de amigos, no pocos de ellos funcionarios de Krieger Vasena una década antes, como lo fue, entre otros, su secretario de Programación y Coordinación Económica, Guillermo Walter Klein, un hombre de silencios largos, y sin embargo capaz de imponer un orden interno en el ministerio. El equipo de Martínez de Hoz no se caracterizó, entonces, por la homogeneidad, no era un destacamento que tuviera una visión construida en común de los problemas económicos argentinos. Eran abogados y economistas de distinta formación y de distintos énfasis en las convicciones que más o menos los amalgamaban, aunque hay que subrayar que eran todos profesionales reconocidos y respetados, en algunos casos más allá del arco ideológico de la derecha, y en todos los casos en el mundo empresarial. Se concluyen, entonces, dos cuestiones importantes: no había afecto societatis entre los mandos militares y había heterogeneidad dentro del gabinete del ministro.

No era fácil así. Luis García Martínez, jefe de gabinete de asesores, un librepensador que había trabajado también con Adalbert Krieger Vasena, trazó un contraste de personalidades entre los dos ministros basada en la observación de los escritorios de uno y otro. Krieger Vasena tenía siempre el escritorio semivacío y ordenado; Martínez de Hoz, siempre desbordado de papeles y caótico. ¿Pero era solo un problema de personalidades o el escritorio de Martínez de Hoz reflejaba las tensiones que no podía administrar y que casi nadie hubiera podido administrar?

En todo caso, la gestión de Martínez de Hoz no pudo en ningún momento de sus cinco años al comando del ministerio estabilizar la economía ni pasar “de la especulación a la producción”, como sí pudo Augusto Pinochet (después de varios tropiezos). Pasado el tiempo, el almirante Emilio Massera se lo haría notar pública y agresivamente. No obstante, me gustaría aclarar algo: no digo que Martínez de Hoz fracasó en llevar adelante una transformación épica del capitalismo argentino porque creo haber dejado en claro que nunca se lo propuso. Su gestión al lado de Videla fue un rosario de fracasos en el proyecto estabilizador. No tuvo en ese aspecto un oasis de mínima felicidad. Pero vale la pena el repaso de las cuentas del rosario a condición de que sepamos que el concepto de “fracaso” –siempre al borde de lo superficial– no diferencia especialmente a Martínez de Hoz de casi todo otro caso en la historia argentina de pos–guerra. Lo que diferencia el experimento de Martínez de Hoz y lo convierte en especial, es una cuestión de percepciones colectivas: todavía hoy se escuchan voces que allí donde yo escribo “fracaso”, dicen “éxito”. Éxito en disolver en ácido una arquitectura económica y social de la que podíamos sentirnos orgullosos y que nunca pudimos reconstruir. En un sentido paradójico, estas páginas se ponen del lado de Martínez de Hoz. Destacan su impotencia, no su poder destructivo.

La primera cuenta del rosario de fracasos es la del ajuste convencional, entre marzo de 1976 y marzo de 1977. Martínez de Hoz llegó al gobierno con “la pesada herencia” de una inflación mayor al 700% anual, avanzó aplicando el consabido torniquete fiscal por el lado de los ingresos –a los que indexó para que la inflación no redujera su valor real– y por el lado de los gastos, reduciendo el déficit primario de 12% del PBI en 1975 a 2% en 1977. Por lo demás, eliminó las restricciones cuantitativas al comercio y los controles de cambios, instauró un mercado de cambios único y administrado (no un mercado enteramente libre), ajustó las tarifas públicas, descongeló los precios y congeló los salarios para luego descongelarlos discretamente –en gran medida por presiones militares– y administrar sus incrementos desde la cúspide del poder, al igual que el tipo de cambio.

Naturalmente los salarios reales cayeron algo así como un tercio, pero la pregunta que vale la pena hacerse es la siguiente: ¿era eso una revolución innovadora en lo que tenía de socialmente regresiva o se parecía como una gota de agua a otra a lo que había hecho Arturo Frondizi en 1959 con la colaboración del FMI? Hubo una diferencia fundamental, pero no en el contenido de las políticas sino en el nuevo régimen que el Rodrigazo había inaugurado, el régimen de alta inflación con su componente indexatorio. Eso era territorio desconocido en la Argentina, fuente de perplejidad. Es lo que no había sufrido Frondizi, y por eso pudo reducir la inflación bastante rápidamente con su anclaje cambiario y su represión a los sindicatos. En cambio, la tarea de Martínez de Hoz iba a ser mucho más dificultosa. A fines de 1976 y comienzos de 1977 el equipo económico se alarmó por un rebrote de la inflación por encima del 10% mensual después de haber disfrutado del radiante invierno de 1976 (2,7% en junio). ¿Qué había ocurrido para que esta vez los precios galoparan, resistentes a las fórmulas conocidas?

Inercia inflacionaria

Mucho se ha dicho que la perplejidad fue hija de la ignorancia: las autoridades económicas –se aseguró– no comprendían la inercia inflacionaria, el misterio de que la inflación pasada produce inflación futura con bastante independencia de las políticas monetarias y fiscales. Esa acusación no es del todo justa. Se hablaba puertas adentro del ministerio de la “inflación reciclada” y espiralizada. Precisamente porque se hablaba, en marzo de 1977 se incorporó al gabinete de Martínez de Hoz un discípulo de Carlos Moyano Llerena –prócer del social–cristianismo no peronista– que diez años antes había participado del diseño de la política de ingresos de Krieger Vasena. Me refiero a Alejandro Estrada, que ocupó la Secretaría de Comercio y llevó adelante “acuerdos” con las grandes empresas para congelar precios por 120 días y una casi amable vigilancia policial con nostalgias de 1952, que –como en 1952– se enfocó sobre tintorerías, panaderías, restaurantes, almacenes, ferreterías y toda clase de pequeñas empresas de servicios. A ello se sumó el papel estelar e ineficaz de la Dirección Nacional de Lealtad Comercial, en la que Martínez de Hoz depositó una esperanza desmedida.

Los críticos ultraliberales, como Álvaro Alsogaray, anticiparon un estallido en el día 121, pero se equivocaron. Estrada hizo valer el poder del estado y amenazó con éxito a las altas gerencias de las firmas con que si ajustaban precios a la salida de la tregua les reduciría los aranceles y las expondría a la competencia de las importaciones. Con esa herramienta a la mano, Estrada fue liberando precios y la inflación anualizada se redujo moderadamente. Aun así, es lícito hablar nuevamente de fracaso, al menos de un fracaso parcial. La inflación mensual parecía haber encontrado una barrera a la baja en el entorno del 7%, algo así como 130% anual. La inaguantable terquedad de la inflación.

La pregunta era por qué. ¿Acaso la tregua había sido aplicada sin confianza en sus resultados, esto es, sin una convicción firme?; ¿había que tener paciencia y aceptar que la estabilización es, siempre, una empresa de largo aliento?; ¿resultaba cercano a lo imposible reducir drásticamente una inflación de tres dígitos sin un plan integral de shock?; Si esto último era así, se estaba frente a un delicado problema político, porque para los militares argentinos la palabra shock significaba contracción económica y desempleo. Habría que esperar a la imaginación político–técnica dentro de la democracia para comprobar, felizmente, que un shock estabilizador podía ser, a la vez, expansivo. Mientras tanto, dentro del gobierno militar, y en especial desde el Banco Central presidido por Adolfo Diz, se argumentó que ningún control ni tregua, pero tampoco una política fiscal severa, podían funcionar con tasas de interés negativas, como las que regían en la nación argentina desde los años 40.

En junio de ese 1977, Adolfo Diz, el presidente del Banco Central, ganó la batalla conceptual. No se podía gobernar la Argentina con el subsidio distorsivo de las tasas de interés negativas, y por lo tanto sin un mercado de capitales en moneda nacional. Lo único que se lograba con tasas de interés negativas era la desmonetización de la economía y por lo tanto acelerar la inflación o aceptar su persistencia. Así argumentaban Diz y sus colaboradores. Y así nació la reforma financiera, la liberación de las tasas de interés, la descentralización del crédito a favor de la banca privada, el nacimiento de decenas de entidades bancarias de dudoso respaldo, la garantía del 100% a los depósitos, la ausencia de regulaciones macroeconómicas prudentes, en suma, el tercer y rotundo fracaso.

Examinado su diseño desde el presente, llama la atención la audacia de una iniciativa tan alejada de la cautela gradualista, tan precipitada en una reconversión que afectaba no solo al sistema financiero sino también al mundo productivo, acostumbrado por décadas a otro régimen, a otro patrón de incentivos. El resultado fue la multiplicación asombrosa de los préstamos a tasas de interés reales muy altas, tasas que serían garantía de incobrabilidad, con un anillo de protección que beneficiaba exclusivamente a las empresas vinculadas a los bancos. Así, mientras los pequeños ahorristas se entusiasmaban buscando en el novedoso periódico Ambito Financiero la alternativa más tentadora para sus ahorros garantizados por ley, la contracción del nivel de actividad terminó siendo durísima. La economía cayó más de 4% en el promedio de 1978, con una inflación de 175%. Recesión con alta inflación, pero con una particularidad. Se trató de la única recesión de la historia argentina no vinculada a una crisis del sector externo.

Eso activó el malestar militar. Se estuvo al borde de un choque de trenes. Porque el malestar militar por la recesión contrastó con el malestar del equipo económico con la propia política militar, sobre todo con las imposiciones en materia de gasto público. Juan Alemann, era secretario de Hacienda, un hombre de convicciones fiscalistas no solo por su función en el gobierno sino porque en efecto creía que el déficit fiscal era el origen de todos los males económicos argentinos. El año de 1977 fue el comienzo de un infierno para él. En primer lugar, y lo más importante, quiso lo imposible: ponerle límites al gasto militar aprobado por una sucesión de decretos reservados que acumularon erogaciones por unos 8000 millones de dólares (algo más de 30.000 millones de 2026) bajo el misterioso código de Marco del Plan Austral (sic). Que una carrera armamentista desvele a un secretario de Hacienda no tiene nada de original, pero el caso de Alemann fue llamativo porque no se podía pasar por alto que el desfavorable laudo arbitral sobre las disputas con Chile acerca del canal de Beagle, firmado por la reina de Inglaterra el 18 de abril con un dictamen negativo para la República Argentina, había puesto en pie de guerra a las Fuerzas Armadas, que no iban a pedir permiso para multiplicar su equipamiento.

Desencuentro

Hubo más. En varias ocasiones Alemann manifestó en soledad su oposición a que se llevara a cabo en la Argentina el campeonato mundial de fútbol de 1978, al que consideraba con contundencia una fuente de derroche. Y en tercer lugar, ya en 1979, trató infructuosamente de frenar la ley de promoción industrial y regional aprobada el 15 de junio y que favoreció a las provincias de La Rioja, San Juan, San Luis, Catamarca y el territorio de Tierra del Fuego, tanto como a las empresas que –solo en los papeles– se instalaran en ellas. Si una cocarda merece Martínez de Hoz como jefe de un equipo, es haber mantenido a su Quijote en su cargo, algo que el ministro logró en parte por la admiración de los uniformados por el “trilingüismo” (español, inglés, alemán) del secretario.

De todas maneras, algo había que hacer con los desencuentros entre el equipo económico y sus jefes. Las convicciones profundas de los militares, sobre todo del Ejército, eran un tema central para Martínez de Hoz. A mediados de 1977, mientras esos desencuentros se repetían, el ministro le pidió a Luis García Martínez, su espada más persuasiva, que se reuniera periódicamente con mandos intermedios para explicarles la hoja de ruta del plan económico. Había que educar “al soberano” en una suerte de “escuelita”. García Martínez recuerda un mediodía de primavera, almorzando con los uniformados después de su charla matutina, durante la que se había explayado sobre las complejidades de la economía nacional, de su estructura productiva, de la necesidad de bajar la inflación y reanimar las exportaciones. A su izquierda, un teniente coronel se dirige a él: “Muy buena su charla, doctor. Permiso para preguntarle: ¿cuánto falta para que nos convirtamos en una potencia industrial?”. “Estamos cuidando a la industria y a todos los sectores, con reducción de retenciones y con reintegros a las exportaciones no tradicionales”, replicó, algo desorientado, García Martínez. Otros intervinieron luego. El nacionalismo desarrollista vibró por cuarenta y cinco minutos sin ningún reproche, con cordialidad y respeto, pero unánime. Con el tiempo, el jefe de gabinete de asesores comenzó a tomar como modelo –como un modelo que hubiera sido tranquilizante para los comensales de aquel almuerzo– a la ascendente Corea del Sur, candidata a potencia. Vale la pena aclarar que no lo hizo solo por táctica. Lo hizo por convicción, con una convicción que varios de sus compañeros de gabinete no compartieron.

El problema era que la alta inflación no cedía, de modo que el fracaso se prolongaba como una herida abierta después del ajuste inicial, de la tregua de precios, de la reforma financiera. El hecho de que con las altas tasas de interés y el consecuente ingreso de capitales el peso se apreciara –y con ello se incrementaran los salarios en dólares– calmó parcialmente a los jefes militares, que comenzaron a probar las mieles de la plata dulce, que en seguida se haría más dulce hasta convertirse, repentinamente, en un trago amargo. El presidente Videla fue testigo presencial de la victoria argentina en el campeonato mundial del fútbol. Esa victoria se consumó el 25 de junio. Entre el comienzo del torneo y su final, el país se había tornado 15% más caro. En julio, Videla dejó su cargo de Comandante en Jefe del Ejército y se corporizó en él la idea hasta ese momento abstracta de “cuarto hombre”. En su carácter de tal, “cuarto hombre–presidente”, el 20 de diciembre de 1978 aceptó la propuesta de un nuevo intento de derrotar la inflación: la tablita del tipo de cambio preanunciado y las tarifas públicas preanunciadas, que se pondría en marcha el primer día hábil de 1979, y por la cual la gestión de Martínez de Hoz pasaría a la historia. Debe haber sido una decisión algo distraída de Videla. Su atención estaba concentrada en el Operativo Soberanía, la guerra con Chile, cuyo comienzo estaba previsto para la noche del 21 al 22 de diciembre, y que solo se canceló por una novedad de último momento: la mediación papal.

La tablita fue, otra vez, como la reforma financiera, idea de Diz (y de su asesor Ricardo Arriazu). No hay que explicársela mucho a los argentinos de hoy. Y ni siquiera fue una idea argentina. La aplicaron unos meses antes Chile y Uruguay. En el pizarrón de los economistas, “el modelo” se puede explicar como sigue: si los gobernantes le comunican formalmente al público una trayectoria descendente del ritmo de devaluación y la tasa de interés se coloca por encima de esa trayectoria, deberían ocurrir dos cosas: la inflación debería bajar siguiendo el ritmo apaciguado del dólar, y los ahorristas deberían colocar sus fondos en pesos, aprovechando que la tasa de interés le gana a la divisa, estimulando de ese modo el crédito. Retengamos la palabra crédito. En la mente de no pocos funcionarios, sobre todo del Banco Central, el crédito se iba a convertir en el deus ex machina del crecimiento. Una extraordinaria novedad en una Argentina de reflejos estructuralistas.

Plata dulce de alto riesgo

Parecía el de Diz un concepto imbatible, pero se encontró con un problema: si bien la economía tuvo una recuperación robusta en ese año de 1979, los precios no se desaceleraron al ritmo de la devaluación y entonces la Argentina se encareció cada día más, desequilibrando cada día más al sector externo, y afectando cada día más a la producción expuesta al comercio internacional. Plata dulce, dijimos, pero de alto riesgo. “Crecimiento peligroso”, fue bautizado el fenómeno por un sutil economista que le prestaba atención a los desequilibrios de cuenta corriente. Para septiembre de 1979, un Martínez de Hoz inquieto convocó a un plenario de su gabinete para contestar dos preguntas: ¿qué está pasando con los precios?; ¿seguimos con la tablita?

Es una pena que esa reunión, que duró más de doce horas, no haya sido grabada, porque fue un hito de la historia de la política económica argentina. La pregunta sobre qué estaba pasando con los precios (que era una pregunta económica) recibió múltiples respuestas: “Que los ayatollas recién llegados al poder en Irán y el segundo shock petrolero nos perjudicaron”, “que las empresas tienen márgenes de ganancias altos y hay que abrirles la economía para que la tablita funcione”, “que muchos precios, y sobre todo los salarios, no se forman siguiendo el dólar”, “que las altas tasas de interés son un costo y se trasladan a precios”. No se llegó a un acuerdo. La segunda pregunta (“¿seguimos con la tablita?”) era una pregunta política decisiva, y tuvo una respuesta política. La mayoría de los funcionarios de Martínez de Hoz, y quizás el propio ministro, estaban invadidos por una profunda desconfianza frente al artefacto, pero todos, durante la larga reunión, estaban convencidos de que si abandonaban la tablita y se inclinaban por algo parecido a la flotación cambiaria más o menos administrada, el presidente del Banco Central renunciaría, y con su renuncia se desataría una crisis. De modo que esa mayoría escéptica inclinó la cabeza y la tablita fue refrendada y redoblada su apuesta para el año de 1980. “El poder financiero”, dijeron los opositores. ¿Era el poder financiero o, como telón de fondo, era el poder militar? Desde el mismo marzo de 1976, promovida especialmente por el subsecretario general de la presidencia Ricardo Yofre, un hombre proveniente del radicalismo, se venía barajando una salida político–electoral, alejada del milenarismo de Onganía. Yofre se encontró con una oposición férrea, y al poco tiempo abandonó el gobierno. Pero la idea de una “cría del proceso” (como se la llamó) no fue abandonada, y a fines de 1979 se podía fantasear con que la plata dulce quizás fuera una excelente herramienta para ganar popularidad.

El año de 1980 comenzó con una noticia que no se supo si era buena o mala. El 4 de enero el presidente Carter decretó, como represalia a la invasión a Afganistán, un embargo comercial a la URSS, cancelando contratos por 17 millones de toneladas de granos. Videla, con el entusiasta apoyo del proscripto Partido Comunista Argentino, decidió, con la venia de la Junta Militar, no sumarse al embargo, de modo que, inesperadamente, la URSS se convirtió en el primer comprador de productos argentinos. Para coronar el tono desafiante que venía de larga data y no disgustaba a los militares (¿estilo Roca–Perón?) el país participó en julio de los Juegos Olímpicos de Moscú (más de sesenta países no lo hicieron). “Quien toma esas decisiones para disgusto de la primera potencia del mundo, un día puede invadir las Falklands”, ironizó años más tarde un diplomático extranjero que no me permite revelar su nombre.

Vulnerables

Pero una noticia fue decididamente mala, más bien pésima. El 6 de agosto de 1979, aún antes del cónclave argentino en el que se decidió la continuidad de la tablita, Paul Volcker asumió la conducción de la Reserva Federal de los Estados Unidos y se lanzó a la tarea de abatir la inflación americana de dos dígitos. En octubre, Volcker cambió la estrategia vigente hasta entonces y optó por controlar la cantidad de dinero. La tasa de interés se aproximó en 1980–1981 al 20%. El gobierno militar descubrió entonces la famosa “vulnerabilidad argentina”: se derrumbaron los términos del intercambio, se cortó el crédito al país, se contrajo el nivel de actividad, quebraron muchas entidades financieras. Las voces palermitanas de quienes hasta poco antes vivaban ante la vidriera de una de ellas el nombre de su acción bursátil preferida (“¡vamos Celulosa todavía!”; “Alpargatas vieja y peluda nomás!), se apagaron, como quien se desangra.

Se podía argumentar palacio adentro que la tablita había tenido mala suerte. En el último trimestre de 1980 la inflación anualizada era de algo menos del 80%. Finalmente se había conseguido derrotar a “la banda de los tres dígitos”, y eso gracias a las originalidades monetarias y a la disciplina de la apertura económica, a la que se denominó “reforma estructural”. ¿Pero era infortunio o era una política económica a la que cualquier brisa podía matar? Para colmo, la curiosa “constitución” que se habían dado las Fuerzas Armadas dictaba que en marzo de 1981 Videla debía entregarle el poder al general Roberto Viola, el comandante en jefe del Ejército después de que su antecesor abandonara el cargo y quedara, apenas, en el ejercicio de una presidencia que se estaba desflecando.

La historia enseña, pero no tiene alumnos, había escrito Antonio Gramsci en 1921. Desde marzo de 1981 hasta que en diciembre de 1983 arribara un primer mandatario civil al poder, pasaron 33 meses, tres presidentes y cuatro ministros de economía. Eso nos habla de un proceso de descomposición. La historia tiene poco que enseñarnos de esa combinación de guerra (Leopoldo Galtieri) y liberalismo económico (Roberto Alemann) que, bien pensada, es todavía un misterio, además de una locura. Y tiene poco que enseñarnos sobre la transición a la democracia, porque el trayecto per se es parecido a otros y recién adquiere su especificidad conmovedora con la gestión vertiginosa de Raúl Alfonsín. En cambio, releyendo estas páginas, me encuentro con que las políticas económicas de la democracia evocan, cada tanto, aquellos acontecimientos posteriores a 1976 a los que, sin embargo, la mayoría de las veces solo se les presta atención como apéndice del terrorismo de Estado.

Intento explicar, para terminar, la idea de evocación. Viola llegó a su breve y casi inexistente presidencia de nueve meses con un improvisado talante nacional–desarrollista reparatorio, queriendo dejar atrás, con Lorenzo Sigaut en el ministerio, el temperamento deflacionista en que se habían embarcado Videla y Martínez de Hoz, primero con la reforma financiera y más tarde con la tablita. El nuevo presidente del Banco Central, Egidio Ianella, reemplazante de Diz, abandonó la tablita y la sustituyó por un régimen de tipo de cambio administrado con devaluaciones discrecionales. En abril de 1981, un joven economista de 34 años llamado Domingo Cavallo, partidario del tipo de cambio alto y las tasas de interés reales bajas, se incorporó en una posición de asesoría técnica al Ministerio del Interior, liderado por el general Horacio Tomás Liendo. Desde allí, siendo un desconocido, saltó al ruedo de la vida pública y se dedicó a predicar contra la reforma financiera. Su influencia fue crucial para que, en junio, Ianella decidiera regular las tasas de interés y de ese modo licuar las deudas privadas en pesos. En julio de 1982, en el crepúsculo de la dictadura, Cavallo accedió a la presidencia del Banco Central y estatizó las deudas privadas en dólares, completando una tarea que él percibía como liberadora de las fuerzas productivas.

Pero 1981 ya era tarde para edificar una nueva economía que fuera la inversa de la de Martínez de Hoz. Se podía destruir “lo nocivo”, pero no había ni poder ni contexto para cumplir con la promesa de pasar de una economía de especulación a una economía de producción. La crisis de la deuda –una deuda cuadruplicada desde 1976– ya habitaba irremediablemente la nación. La reparación, con que muchos oficiales hubieran soñado en otras circunstancias, los encontraba ahora derrotados y deprimidos. Viola y Sigaut quedaron en la historia como una nota al pie.

Sin embargo, observando con detenimiento el gran panorama, habría que examinar las semejanzas y diferencias de ese minúsculo episodio con el par “Menem deflacionista–Duhalde productivista”, o con el par “Milei deflacionista… ¿quién productivista?” Quizás se trate de un ciclo repetitivo pero más interesante que el de liberalismo–populismo que, se me antoja, cada día nos dice menos en este 2026 durante el que escribo. En el cenit de la tablita, el aparato de comunicación del ministerio de Economía lanzó una publicidad para la televisión. Seis hombres están dentro de una caja transparente. El piso de la caja son los costos, el techo es el dólar. De pronto, el piso empieza a subir y aprieta a los hombres contra el techo. Los hombres piden: “!suban el dólar!” Una voz en off consiente el pedido, pero el resultado es que el piso también sube y los hombres vuelven a estar apretados. La voz en off –la voz del ministerio de Martínez de Hoz– dice: “¿No será mejor bajar el piso?”

Se me hace que esa publicidad la filmaron ayer.

Por Pablo Gerchunoff

---

Conforme a