Milei, ante el dilema de chocar o conducir

Javier Milei tiene la obligación de definir qué quiere hacer primero: derrotar a la casta política para luego hacer la revolución libertaria que propone o, al revés, concretar los fuertes cambios que prometió y, como consecuencia, derrotar y subordinar al resto de los políticos del país.

No quedó para nada claro en estas ocho semanas de gestión cuál de ambas opciones tomará el nuevo presidente. El tortuoso trámite en la Cámara de Diputados de la ley ómnibus tampoco permite establecer una tendencia. Milei mandó a negociar y rompió varias veces esas tratativas con posteos en las redes y declaraciones.

Con prescindencia del resultado final y de su trámite posterior en el Senado, Milei tal vez haya podido registrar como algo más que un riesgo que el proyecto de más de 600 artículos sufrió en gran parte la suerte de aquel enorme pez que pescó y amarró a su bote Santiago, el protagonista de El viejo y el mar, la novela de Hemingway.

El pescador regresó a la costa con apenas el esqueleto del marlín que había atrapado; el proyecto fue cercenado entre negociaciones, presiones y un primer examen al Presidente en el que el viejo sistema político le tomó el tiempo y le midió la densidad.

Milei actuó como un político clásico de los que reniega cuando en el comienzo de su mandato, con más poder y menos desgaste, decidió hacer pasar en una ley y un decreto de necesidad y urgencia toda la estructura legal para reencauzar al país hacia el capitalismo. La capacidad de maniobra inicial sostenido por el fuerte peso del respaldo electoral reciente son armas que se pierden ni bien el barco sale del muelle. Es lógico que el Presidente haya querido usar ese valioso recurso que se esfuma.

Con el DNU en la Justicia y con la ley ómnibus en el Congreso, el Presidente está experimentando el desgaste de no contar con la fuerza parlamentaria suficiente para imponer semejantes cambios con las herramientas que establece el sistema republicano.

Las modificaciones legales que pretende imponer el decreto tienen la limitación del propio instrumento; los jueces se atreven menos a impugnar una ley que un decreto. El creciente enredo judicial del DNU solo podrá ser aclarado si la Corte se decide a intervenir para validar o invalidar su contenido. El Presidente, por lo tanto, depende de cuándo el máximo tribunal determine que es oportuno actuar y del sentido con el que lo hará.

Es todavía más difícil solucionar la por ahora inexplicable relación del Ejecutivo con el Congreso. Si ese vínculo entre el Gobierno y parte de la oposición puede resultar esencial para el resto de la gestión de Milei, es todavía más importante para la suerte de un país en el que la construcción de acuerdos es poco menos que imposible.

La larga carrera electoral del año pasado permitió ver la irrupción de un nuevo actor político que llegó a presidente contra todos los pronósticos. También quedó servida la posibilidad de nuevos consensos para hacer reformas estructurales y Milei fue votado como responsable para liderarlos.

Esos acuerdos básicos pueden resultar menos extremos que el encargado de llevarlos adelante; tal vez requieran de tiempos menos fulminantes que los que pretende el Presidente. Pero son, al fin, muy importantes.

Con excepción de una estridente minoría kirchnerista, el resto del sistema político, inclusive una parte importante del peronismo, cree que el déficit fiscal es un punto de partida imprescindible para eliminar la inflación. No puede haber ejemplos más próximos: Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, por ejemplo, no sufren la inflación, entre otras causas, porque controlan sus variables macroeconómicas con responsabilidad más allá de las ideas de cada presidente.

Al menos por ahora, Milei perdió la oportunidad de ponerlos de su lado a los gobernadores y de explorar caminos alternativos para llegar al déficit cero sin dañar las economías locales. Y los caudillos provinciales no entendieron que ellos también deben hacer un ajuste de sus gastos.

Es el riesgo que se corre al destruir consensos por no saber o no querer negociar y elegir en cambio un tironeo en el que predomina el interés de cada uno. Están de acuerdo en que no debe haber déficit; no en cómo eliminarlo, y no son capaces de llegar a una conformidad general.

Hay por lo menos tres acuerdos fundamentales para un cambio de rumbos persistente de la Argentina. Hay consenso para una reforma tributaria, aunque, de nuevo, falta voluntad para discutirla sin mezquindades.

Hay consenso para una reforma laboral amplia, que despeje las ataduras que impiden hacer crecer el empleo formal, estancado desde hace más de una década. La oportunidad de hacerla votar y discutirle es antes de que los fragmentos del exJuntos por el Cambio empiecen a competir entre sí y a importarles menos las transformaciones que quienes las tienen que llevar adelante.

Y hay consenso para una profunda reforma del Estado que elimine áreas convertidas en coto de caza de los sucesivos gobiernos y transfiera al sector privado empresas que nunca debieron ser públicas. Una acción rápida y transparente será aceptada por una parte importante del sistema, sin necesidad de militar en el libertarismo.

Existe un acuerdo mayoritario todavía más importante que los anteriores, que requiere una construcción más duradera y amplia: la definición de nuevos y viejos políticos de hacer de la Argentina un país integrado al sistema capitalista en forma permanente.

Milei debe elegir entre dejarse devorar por el personaje que insulta a presidentes extranjeros y pronuncia discursos flamígeros pero inconsistentes en los foros internacionales o ser quien lidere el principio de un cambio drástico, difícil y necesario. Será su decisión alinear las piezas sueltas que comparten ese rumbo o tratar de eliminarlas.

Esa elección puede ser la que divida el camino hacia el éxito de otro muy distinto: el de un nuevo presidente al frente de un país en ruta hacia otra derrota colectiva.