Milei pelea y su gobierno negocia

Ante cada traspié, siempre aparece el dibujo de un majestuoso león que celebra una victoria. El enemigo es representado por un grupo de ratas congresistas o, según la última versión, como el caldo de “lágrimas de zurdos”.

La Argentina es liderada por un presidente que adora a los perros y se autopercibe felino triunfante cada vez que la realidad no se ajusta a sus deseos. Nada inusual en un país acostumbrado a naturalizar y hasta celebrar las extravagancias de sus líderes.

Javier Milei repitió la misma secuencia de tomar cada revés como una oportunidad para ir contra el sistema político que desbancó en las elecciones del año pasado. Todas sus frases incluyen una referencia crítica a los antiguos habitantes del poder. Prefiere acusarlos de oponerse a sus decisiones que convertir esas decisiones en hechos.

Al insistir en sus discursos que podrá en soledad cambiar el país, empieza a instalar la consigna electoral para el lejano año que viene: él o la casta.

La conveniencia de denunciar al resto, hacerle bullying hasta a quienes le hacen alguna crítica desde la economía o el periodismo, y agitar el conflicto predomina sobre la necesidad de culminar un cruce con sus contrapartes con algún tipo de acuerdo. Todo eso es para la tribuna.

Luego de los fuegos artificiales en las redes sociales, de discursos histriónicos como el que pronunció el jueves en la Fundación Libertad, sobre los escombros del último fracaso negociador se rehace otra negociación con algún sector de “la casta”.

En cuatro meses y medio, esa secuencia se repitió varias veces. El choque con el sistema universitario quedó solapado con la nueva etapa de negociaciones de la segunda versión de la “Ley de bases”.

Entre enero y febrero, el naufragio del primer gran proyecto enviado por el gobierno libertario fue una combinación de impericia negociadora oficialista, mala voluntad de varios gobernadores y la imposibilidad real de hacer pasar por el agujero de una cerradura centenares de artículos que reformaban otras tantas leyes y decretos.

Sin asumir las responsabilidades propias, Milei culpó a los opositores que habían negociado con él. Tenía una parte importante de razón: pedía una herramienta esencial para empezar a gobernar y sus contrapartes hundieron la negociación con pedidos de fondos, idas, vueltas y maniobras de posicionamiento político. Recortada en gran parte y canjeada por una norma de financiamiento que aumentará impuestos para beneficiar a las provincias, la nueva “Ley de bases” corre el riesgo que ya sufrió la primera.

Las pulseadas de los últimos días vuelven a reflejar la dificultad de llegar a un acuerdo entre las fracciones desarticuladas del ex Juntos por el Cambio y la Casa Rosada. Cuando unos acuerdan, llegan otros a pedir lo contrario y así a repetición.

El combo se completa con dos aportes del oficialismo: la inexperiencia y disgregación de sus legisladores y, lo más importante, el riesgo permanente de que Milei desbarate las negociaciones convencido de que le conviene usar otro fracaso como látigo contra opositores próximos o lejanos. El propio Presidente anticipó el jueves esa posibilidad al decir que no le resulta imprescindible esa ley para hacer el ajuste fiscal que celebra.

Si el castigo libertario en las redes contra los gobernadores morigeró sus planteos durante el verano, el método de la denigración y el desprestigio no funcionó en la pelea por los fondos para las universidades nacionales.

El mismo gobierno se envenenó con una mezcla incoherente de argumentos frente al planteo de los rectores. La falta de auditorías, como el señalamiento a los personajes más oscuros de la Universidad de Buenos Aires, le parecieron suficiente al Gobierno para rechazar las demandas. También insistió en señalar que en las universidades nacionales se adoctrina a los estudiantes, situación que carece de sustento cuando quien va a clase es un adulto.

Esa manía libertaria de colgarle la etiqueta de comunista a todo aquel que no se arrodille ante el nuevo catecismo anarcocapitalista empieza a caer por su propio peso.

Mientras, crecía en la sociedad una duda sobre si Milei tiene hacia la educación pública algún sentimiento diferente al desprecio. Cerca de un millón de personas convirtieron esa duda en convicción y se lanzaron a las calles el martes para marcarle un contundente límite. Tan numerosa fue la marcha, que varios responsables de la decadencia argentina se sumaron como si nada tuvieran que ver con el pasado inmediato y sus consecuencias en este presente. Hasta Cristina Kirchner se asomó; cree haber encontrado la oportunidad para pararse frente a Milei.

El mensaje en las calles, descontado el insólito palco en la Plaza de Mayo, es nítido: el ajuste de las cuentas públicas no puede ser incompatible con el mantenimiento de los fondos necesarios para que funcione la educación.

El Gobierno pagó así el precio de ir a una discusión con los rectores sin haber hecho antes los deberes. Tenía y tiene los recursos para saber cómo y en qué se gasta el dinero en las universidades y para establecer la verdadera necesidad de cada rector.

El recurso de la motosierra es muy efectivo para ganar elecciones y para celebrar, licuación de los fondos jubilatorios mediante, un superávit fiscal conseguido en tiempo récord. Pero no hay motosierra que funcione cuando se quiere cortar algo tan consistente como la certeza argentina del valor de la educación pública.

El Gobierno eligió el camino de la descalificación general y chocó con una marea humana que le hizo notar que, desde los años de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca, la Argentina está convencida de que la educación pública es el camino para el progreso social de cada ciudadano.

Más interesante sería conocer si el Gobierno tiene, para cuando haya concluido esta etapa fiscalista, un proyecto para revertir la actual movilidad social descendente hasta volverla ascendente por el viejo y entrañable camino de chicos que pueden progresar porque tienen una buena escuela gratuita y obligatoria. Si ese proyecto existe, Milei por ahora se encarga de ocultarlo.