Por qué se corrompen los políticos

En los últimos siete años fueron acusadas de corrupción 112 personalidades vinculadas con el gobierno menemista.

La lista incluye ministros, viceministros, gobernadores, legisladores, concejales, empresarios, amigos y es tan abigarrada que se hace difícil de memorizar.

Sólo hallaron sanción penal dos funcionarios y un fiscal:

• Mario Caserta, ex secretario de Recursos Hídricos y tesorero de la primera campaña presidencial del Presidente. Lo condenaron a tres años y dos meses de prisión por sus vinculaciones con el narcotráfico internacional, a consecuencia del escándalo del así llamado Yomagate;
• Jorge Damonte, ex fiscal (además de hijo de la tarotista de Carlos Menem). Condenado a seis años y medio de prisión tras haber dictado sentencia en 300 causas penales con un título falso, huyó del país y fue detenido en Brasil. La Cancillería envió fuera de término el pedido de excarcelación y quedó en libertad.
• Juan Carlos Suardi, por malversación de fondos: cobraba el sueldo de un ñoqui en el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires, y por lo que le correspondieron tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación a perpetuidad para el ejercicio de cualquier cargo oficial.

Duras acusaciones se extienden sobre los políticos y los allegados al poder, aunque el manto de sospecha no exime a varios conspicuos referentes de la oposición como los ex gobernadores radicales Horacio Massacessi o Eduardo Angeloz.

Por no hablar de la cantidad de casos chicos que, en desdoroso cardumen, ingresan a diario en las sospechas de la gente "pescados" literalmente in fraganti por cámaras ocultas como la que derribó al ex jefe de finanzas de la intendencia de Moreno, Rodolfo Galeliano.

Al actual ministro de Defensa y ex intendente de la ciudad, Jorge Domínguez, se lo involucra en el doble de ilícitos penales -26- que al primero de los peronistas que administró la ciudad de Buenos Aires, Carlos Grosso. Causas tan dispares como malversación de caudales públicos, defraudación y desvío de fondos municipales para su campaña proselitista lo ponen en la mira de las sospechas públicas.

En el Boletín Oficial de la MCBA aparecen descriptas contrataciones directas para obras viales y prestaciones de servicios poco relacionados con las características de la empresa a la que se encargó esos trabajos: Autopistas Urbanas S.A, que, entre otras, asumió la tarea de refaccionar toda la planta baja de un hospital o de alquilar topadoras...

El monto que la Comuna pagó por todo ellos ronda los 4, 5 millones de pesos. El vicepresidente de la empresa a la que se concedió (por contratación directa) ese dinero se llama Román Fernández Bonorino y es el hijo de uno de los hombres más cercanos a Domínguez: Fernández Prol, quien sigue acompañando a su jefe en el estratégico puesto de secretario de Reconversión Militar del Ministerio de Defensa.

"La corrupción es el beneficio de pocos en perjuicio de muchos", sostuvo el ombudsman porteño, Antonio Cartañá. Según dijo a la Revista, se cansó de describirle los casos de corrupción municipal, "verbalmente y por escrito", al ex intendente. Eduardo Guarna, abogado penalista y jefe del área control de funcionarios de la oficina del ombudsman, agregó: "Grosso pagó el costo político pero el Gobierno le garantizó la inmunidad judicial. Es así que, a tres años de irse, sólo se encuentra procesado en una de las 13 causas que tuvo, que es la de la escuela-shopping".

Carlos Grosso tiene de defensor a Roberto Val, socio del hermano del ex jefe de los espías, Jorge Anzorreguy, quien junto con su hermano Hugo es uno de los hombres claves en el riñón del poder.

"Los gobernados -dijo a la Revista el filósofo español Fernando Savater-, deben romper el silencio y protagonizar una revolución que exija transparencia a los políticos. Hay que denunciar y tomar el compromiso de hacerlo; el ciudadano debe tener una participación activa, no puede sólo delegar en la Justicia. Los políticos son todo lo malo que los dejamos ser. Y serán peores si la sociedad no les pone límites. Hay que empezar a castigarlos con fallos ejemplificadores, de forma muy severa. Deben estar controlados, aunque sea, por el miedo: sea éste el de perder sus puestos, a las leyes, a la opinión pública o a su propia vergüenza...".

En Argentina, la trama es cerrada y antigua, de impreciso origen: las autopistas, la Disneylandia porteña de Lugano y ciertos capítulos nunca aclarados del todo del mundial de 1978 -por nombrar sólo algunos aspectos del tema- afectaron con fuerza a la credibilidad general durante la dictadura.

En su libro Cuando el poder perdió el juicio. Cómo explicar el proceso a nuestros hijos (Ed. Planeta), el ex fiscal Luis Moreno Ocampo explica que, en las postrimerías del gobierno militar de Reynaldo Bignone, éste intentó condicionar el traspaso del poder con una serie de puntos que quiso imponer a los políticos por aquel entonces agrupados en la Multipartidaria: la no investigación de ilícitos figuró, junto a la no revisión de lo actuado en la lucha antiterrorista, como un pacto en ciernes que luego no cuajó.

Si hay a alguien le cabe hoy la responsabilidad de luchar contra la corrupción es al político, opina Gustavo Beliz. "El nudo de la cuestión es la plata sucia que se necesita para hacer campañas supermillonrias. Si el político llega al gobierno gracias a esa plata, estará atado de pies y manos por compromisos espúreos. Sea porque le financió la campaña el narcotráfico, porque se comprometió a devolver favores en términos de licitaciones, de provatizaciones truchas, de concesiones irregulares o de ataduras económicas con el empresario que puso millones de dólares. El origen de la corrupción en democracia es la devolución de favores desde el poder. Y eso lo termina pagando la gente".

Desde 1993 hasta principios de junio de este año unos 40 proyectos vinculados con la ética pública, modificaciones al código penal relacionadas con la corrupción, prohibiciones a funcionarios públicos para que no ejerzan otras funciones, etcétera, fueron presentados en las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación. Hasta ese momento, la cantidad era muchísimo menor. El tema empezó a tomar estado parlamentario, justamente, en el 93; los memoriosos del Congreso recuerdan la celeridad con que, en un par de meses, llegaron a proponerse 20 proyectos a la vez.

Uno de los primeros, del 29 de noviembre de 1990 (el 4164/90), presentado por el entonces radical y hoy frepasista Dante Caputo, y reproducido el 4 de mayo de 1993 (100/93), sustituía el artículo 259 del título 11 del capítulo sexto del Código Penal: "será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación absoluta de 1 a 6 años al funcionario público que recibiere cualquier bien a título gratuito, en mutuo, comodato, por compra o alquiler a precio vil o irrisorio y no disponga dentro de los cinco días hábiles su inclusión en el inventario patrimonial del ente en el cual ejerce sus funciones".

Otro, del justicialista Raúl Alvárez Echague, colaborador de Eduardo Duhalde, exigía la obligatoriedad de declarar el estado patrimonial y de los familiares, hasta el tercer grado de vínculo, para todos los funcionarios públicos. Ni uno solo adquirió cuerpo de ley.

En 1990, con Menem en el Gobierno, se creó una comisión bicameral destinada a supervisar desde el Congreso la incipiente privatización de las empresas públicas. En el libro que Horacio Verbitsky escribió sobre la corrupción -"Robo para la corona", título que aludía a una reiterada frase pronunciada por José Luis Manzano durante los primeros años del menemismo- un sugestivo diálogo explica el funcionamiento de estos organismos mixtos.

"Yo admiro la ética de ustedes -figura en el libro que le dijo el entonces diputado del PJ y actual presidente del bloque de senadores Augusto Alasino, a los peronistas disidentes del Grupo de los 8, liderado por Carlos "Chacho" Alvárez, que habían ido a defender a Germán Abdala-, pero cuando pusimos el artículo 14, de la Bicameral, era para cubrir a los compañeros que robaban".

Alasino fue cuestionado en estas últimas semanas, al igual que el juez Francisco Trovato y el Procurador General de la Nación, Jorge Agüero Iturbe, por supuesto enriquecimiento ilícito. Después de veinte días de diltar una respuesta, este último se negó a dar sus explicaciones a la Revista, así como impidió que sus redactores accedieran al listado de las causas -de las que se pedían solamente los títulos- en que vienen trabajando los fiscales federales que él designó.

"Nadie que no sea del ministerio público puede acceder a la base de datos de la Procuración. Como periodista que yo también soy lo lamento mucho, pero es así", justificó el vocero de prensa del organismo oficial, Alejandro Ninim.

Ninguno de los fiscales inició una investigación en relación con las acusaciones que recibió su jefe.

Según el radical Jesús Rodríguez, "un Gobierno que actúe dentro de la ley, respetando el Parlamento y no minimizando las decisiones vía decreto, tiene menos posibilidades de tomar decisiones que favorezcan a determinados sectores". Para él, "la situación del actual gobierno con la de nuestro mandato es incomparable... No hay antecedentes del radicalismo ocultando casos o presionando jueces o impidiendo investigaciones. El radicalismo no proteje o pretende defender corporativamernte a un ciudadano que comete un delito por el solo hecho de ser radical. Eso con nosotros no pasa..."

El único hombre del partido de Alem que Rodríguez recuerda es "el señor de la Aduana, Delconte"; exigida su memoria con los apellidos Mazzorín y Angeloz, se defendió: "A Mazzorín no se le imputaron responsabilidades penales ni hubo sospecha de que hubiera cometido algún delito".

-¿Y Angeloz?

-Jamás hubiese esperado una denuncia contra Angeloz. Yo, estoy entre los que quieren un rápido esclarecimiento y una rápida decisión judicial.

-¿Pero usted qué opina del caso?

-Prefiero no comentar mi opinión personal sobre el caso Angeloz. Que lo resuelva la Justicia.

La misma apelación hace el menemismo cada vez que se le cuestiona a algún funcionario. El verano pasado, en Pinamar, el ex ministro Rodolfo Barra desafió acalarodamente a uno de los firmantes de esta nota a nombrar algún caso de corrupción que hubiese llegado a una instancia judicial condenatoria; después se quejó del daño irreparable que, según dijo, puede hacerle la prensa a un hombre público cuando lo acusa de algo que luego no se prueba.

Barra renunció hace un par de meses a raíz de las revelaciones que, sobre su militancia en la agrupación filonazi Tacuara, publicó la revista Noticias.

"El gran truco de los políticos es pasarle el problema a la Justicia y los contralores, porque por más que un juez meta preso a alguien, no pasa nada. La corrupción es estructural", dijo a la Revista el ex fiscal Luis Moreno Ocampo. El ahora abogado especializado en este tema integra además el comité ejecutivo de Poder Ciudadano; el organismo no gubernamental presentó un proyecto, bautizado "Garantía de transparencia", a la Estatuyente que estos días está decidiendo el futuro constitucinal de la ciudad de Buenos Aires.

La propuesta es crear un registro computarizado, al alcance de cualquier ciudadano, en el que figure el patrimonio de funcionarios, empleados, contratistas y subcontratistas que trabajen o negocien con la Municipalidad.

En materia de corrupción, el problema es quien le pone el cascabel al gato, y no precisamente al de Nik. La preocupación es mundial, ya que los países que determinan los climas económico-políticos del resto del planeta han empezado a sufrir algunas consecuencias impensadas.

"En Inglaterra -dijo Moreno Ocampo-, los miembros de la cámara de lores pueden recibir dinero de las empresas, y sin la obligación de excusarse de tratar los temas relacionados con ese área que los financia. En Estados Unidos, ninguno que sea pobre llega al Congreso. Acá llegan pobres y se van ricos".

En varios países las leyes consienten que sus empresas multinacionales paguen sobornos o coimas a funcionarios de otros territorios. Lugares para nada remotos como la Argentina se han convertido en paraísos donde el dinero puede limpiarse y volver al mundo con respetabilidad contable, una especie de bienaventuranza que no desdeña el narcotráfico internacional.

"No hay una ley internacional que prohiba el sobrno. Lo que hay son leyes nacionales contradictorias", precisa Moreno Ocampo. "El negocio lo hace el que pone la plata: invierte 5 y se lleva 100. El dinero se va a paraísos fiscales en negro. El problema es que esos sobornos en negro han comenzado a volver sobre ellos. Parte de la campaña de Nixon vino de los fondos negros de las empresas en el extranjero, y eso sí que les preocupa".

"En el Parlamento europeo -dijo Savater-, se ha aprobado que los funcionarios puedan aceptar contribuciones de empresas, a título personal. Sólo deben declararlas y pagar impuestos. Esto se hizo para darle mayor transparencia al sistema, pero no se debería haber aceptado. Es bajar la guardia ante la lucha con procederes que no se deben tolerar".

De José Octavio Bordón en el senado se cuenta una anécdota que ilustra ciertos mecanismos ocultos por el espíritu de cuerpo de muchos legisladores. El día que asumió por el justicialismo el emisario de turno (un secretario, un ayudante, nunca un político conocido) le ofreció su sobre con plata. Cuentan que el Pilo, quien no confirmó ni desmintió la especie, pese a los reiterados llamados de la Revista, puso el grito en el cielo. Pero guardó solidario silencio para con sus pares.

"Es cierto. Lo que te contaron de Pilo es cierto. Pero, ¿qué querés? Un senador tiene que tener una mínima dignidad -justificó un allegado a éste, cuando la Revista lo consultó al respecto-. Un senador no puede desplazarse en subte. Mantener un standar de clase media no es fácil..." Curiosamente, la misma persona se mostró sorprendida de la "sofisticación y expansión" que el tema ha adquirido en los últimos años.

"Antes -dijo-, facilitar un negocio no significaba perjudicar al Estado. De lo que se recaudaba para la caja grande del partido -nunca fueron sancionados los varios proyectos de ley que se hicieron al respecto- "el 90 por ciento era para la estructura y el 10 para el facilitador. Ahora, el 90 por ciento es para el facilitador y gracias si queda un 10 para el partido".

Según otra fuente, del ámbito muncipal, la distribución del dinero que entra a la caja grande o caja negra tiene en realidad tres patas. "El jefe se queda con la mayor parte (la mitad); los que tejieron el negocio se llevan el 20 por ciento, y los que ayudaron se quedan con el resto". El mismo informante echa una espesa sombra de dudas sobre los políticos que se alejan del poder: "¿Dónde guardan lo que ganaron? En las fundaciones. Crecieron diez veces en diez años". El que está en el Estado, se dice, canaliza su excedente creando una fundación -que nunca lleva su nombre-, y allí vuelca no más del 10 por ciento de la, para decirlo en términos de la ortodoxia económica, plusvalía del poder.

El informante prefirió omitir la adquisición de propiedades ostentosas, el repentino cambio de status con que sale premiado, al cabo de unos pocos años, quien circuló por el poder. "Dicen que la bronca con Beliz -deslizó una fuente que no trabaja en el Gobierno- fue porque él se quedaba con la caja grande en vez de mandar el dinero para arriba".

La rueda se aceita con la liviandad de los jueces y los estratégicos cambios de fiscales demasiado insidiosos, a quienes, paradójicamente, se los asciende cuando cargosean en exceso. Aunque nunca podrían probarlo en un estrado, los hombres que fatigan los pasillos de Tribunales comprenden bien cómo la "corporación judicial" -así llaman a las aproximadamente 200 personas que, empezando por la clave Cámara de Casación Penal, trabajan en la Justicia- fue repartida entre los dos principales partidos gobernantes, con mayoría del menemismo.

La designación de los jueces se ha vuelto pieza clave en el ajedrez de la corrupción. El Consejo de la Magistratura, polémico organismo cuya constitución es peleada con uñas y dientes por los políticos, tendrá por función elegir a los jueces del futuro, que hasta hoy siguen nombrando los senadores.

"En Estados Unidos, son nombrados por los senadores -señaló Moreno Ocampo-, pero antes son investigados por el FBI y, además, la discusión sobre cada uno de ellos es pública y televisada. En Italia, el Consejo de la Magistratura está integrado por una mayoría de jueces y una minoría de profesores de derecho designados por el Senado. Se presentan 10.000 candidatos para 300 puestos. Quedan 200".

La falta de voluntad investigadora fue justificada a la Revista por un alto magistrado que rogó encarecidamente que se lo mantuviera en el anonimato: "A los dirigentes con cargo político no se los puede sumariar. Es vejatorio. Para que eso ocurra tendría que haber una autorización expresa del Presidente. Y esto es así en todos los países del mundo, salvo en algunos con regímenes dictatoriales...", explicó.

Y fue un poco más allá: "El Presidente tiene a su cargo la administración central del país. El responde con el pedido de juicio político a lo que pasa en la administración pública del país".

-¿La Justicia tiene hoy los ojos destapados y la balanza inclinada?

-Vea, ¿sabe que a las nuevas estatuas que representan a la Justicia, en Estados Unidos, hoy las hacen sin vendas?... Pero usted se refiere a la imagen de la justicia, que ciertamente no es buena en los ojos de la sociedad. Y esto es bueno decirlo con todas las letras para saber que tenemos el diagnóstico correcto. Sino nadie puede creer en el tratamiento que uno va a aplicar. Pero la imagen negativa proviene de aquellos que no han tenido acceso a la justicia -así nos lo reveló un estudio de campo-, de gente que nunca concurrió a un tribunal y que escucha a través de los medios causas con altísimo voltaje político. Esto de manejar contiendas políticas dentro de la justicia, la ha sometido a un rigor para el cual no estaba preparada ni diseñada. Entonces, esto ciertamente la ha desvalorizado.

-...Me refería puntualmente a que durante el gobierno de Menem hubo sólo tres condenas de funcionarios públicos frente a más de un centenar de denuncias y unos cuantos procesamientos. (Cuando se actualice agregar qué pasa con Angeloz, Wowe, y Trovato para tener condenas y datos precisos.)

-Y a usted, ¿qué es lo que la hace presumir que los otros 105 eran culpables?

-Grosso tuvo 13 causas... Hubo otros funcionarios, Adelina de Viola, Manzano, fuertemente cuestionados... Hay un reclamo, frente a tantas denuncias sobre corrupción, de que por lo menos alguien sea sancionado, y no en los casos menores... ¿Faltan fallos ejemplificadores?

-Tampoco es cuestión de tirar la gente a los leones. No se debe buscar un fallo ejemplificador, si jurídicamente esto no es posible. Así estaríamos pidiéndole lo que injustamente no se debe hacer. Si hay algo que ha caracterizado a los gobiernos totalitarios es justamente eso: buscar cosas ejemplificadoras, pretendiendo dar muestra a la sociedad de una línea de conducta... Pero por otro lado, a mí no me corresponde evaluar el contenido de los fallos de los jueces, porque estaría dando un mensaje de intromisión en otro poder...

-¿Usted impulsaría un Mani pulite vernáculo?

-No creo en los Mani pulite , y menos en aquellos que violan todas las garantías procesales habidas y por haber. Tampoco lo necesitamos. Trazar un paralelo entre la Argentina de hoy y la Italia de aquel entonces me parece absolutamente injusto y fuera de la realidad. No creo ni por asombro que esto esté requiriendo de un Mani pulite de verdad. Ahora, si queremos valorar políticamente todo, podemos llegar a cualquier tipo de elucubración.

-¿Usted no cree que hay corrupción? Transparency y las ONG dicen que la hay.

-Están totalmente equivocados... En estos momentos en Argentina no existe corrupción estructural. Ahí se ha dado una gran batalla. Lo que no quiere decir que no haya actos de corrupción individual. Pero esto no precisa de ninguna Mani pulite , ni nada por el estilo... Pero, además, Italia vivía un proceso de violencia, a través de mafias, que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad argentina. Acá no existen las mafias.

-¿Y la del oro?

-No lo es. Es una maniobra delictiva. La mafia es otro tipo de organización, que tiene raíces de mucha tenebrosidad. No me parece prudente, ni conveniente asustar a la población permanentemente con la idea de existencia de mafias.

-El primero que lo disparó fue Cavallo en el Congreso.

-Y..., ¿qué pasó? ¿Dónde están?

-¿A usted le parece que el fiscal Lanusse puede investigar?

-Absolutamente... El gobierno le ha garantizado su seguridad, tiene 67 policías de custodia, y toda la libertad del mundo para investigar. Nadie en el gobierno ha enviado mensajes obstaculizadores para la investigación de la causa.

-Y si puede investigar y no hay mafias, una pregunta obvia, si me permite, ¿por qué tiene 67 efectivos...?

-Qué gracioso: palos porque boga y palos porque no boga... Al denunciar amenazas se lo proteje para que pueda investigar tranquilo. Pero le repito, aquí no se trata de mafias, sino de accionares delictivos aislados. Yo le propongo un desafío: ¿por qué no esperamos el desarrollo de la causa del oro? Dejemos que la justicia trabaje y en seis meses volvemos a conversar. Si no ha avanzado la investigación yo acepto que usted me impute lo que quiera.

-Sólo le voy a preguntar...

-De acuerdo.

-Por otro lado, ¿no cree que el poder judicial necesita de una autocrítica? Jueces más comprometidos con su labor, que no atiendan intereses políticos...

-Se necesita una autocrítica pero en otro sentido: en celeridad, en mejorar los mecanismos procesales para la investigación... Aquí no se manejan a los jueces por teléfono; a mí no me consta. La justicia es totalmente independiente del poder político, lo que no quiere decir que no esté sometida a un descrédito generalizado... Averigüe usted la cantidad de fallos adversos al gobierno. Pero, ¿sabe por qué hoy se critica a la justicia? Porque hemos puesto la justicia de cara a la gente... Los juicios orales... Pero por otro lado, yo voy a trabajar incesantemente para revalorizarla frente a la sociedad. Este es mi gran desafío y voy a tratar de cumplirlo.

-Trato de pensar en algún fallo adverso a algún funcionario público menemista. Me vino a la mente Domínguez procesado por Bergés que, luego...

-Uno de los fenómenos perniciosos es justamente la judicialización de la política y la politización de la justicia. Y esto cualquiera que lea el diario detalladamente lo nota... En cuanto a los funcionarios públicos denunciados, muchas veces, lo que ocurre es que el fenómeno mediático hace que se los condene públicamente cuando en los expedientes no se encuentran los elementos probatorios necesarios.

-Entonces, ¿para usted se trata de un problema meramente jurídico y no de independencia?

-Yo creo que hay que mostrar la independencia. A veces se puede ser independiente y no parecerlo. Hay que respetar el estado de inocencia, el grado de certeza de un juez para condenar, de manera que las garantías y la seguridad vayan de la mano.

-¿No habría que flexibilizar los códigos procesales?, elementos probatorios, para garantizar una menor impunidad en temas, por ejemplo, de corrupción. Y, consecuentemente, ¿no se apuntaría así a una mayor seguridad jurídica que reclaman los inversores extranjeros?

-Espero que la sociedad entienda que la Justicia puede ofrecer garantías y seguridad al mismo tiempo...

-¿Usted propone alguna reforma jurídica concreta para que la corrupción sea sancionada con mayor peso?

-Tengo una idea, un bosquejo de proyecto que necesita, obviamente, buscarle un consenso necesario para llevarlo a cabo. Se trata de instaurar el juicio por jurado para los delitos de corrupción. El jurado estaría conformado por ciudadanos designados por sorteo... Pero todavía es una idea que hay que debatirla mucho porque no tenemos antecedentes de juicios por jurado, ni tampoco un grado de aproximación de la sociedad a la justicia para que entienda de sus mecanismos. Por eso hay que hacer primero la tarea de docencia de aproximar a la gente al derecho. Así la gente se va a comprometer desde el valor institucional en la lucha contra este tipo de delitos. Y no desde la tribuna, los medios, la diatriba o la especulación política, que no le hace bien al sistema.

-¿Usted apoyaría una ley que hiciera públicos los fondos reservados?

-Para eso deberíamos propugnar que dejaran de haber fondos reservados. Si son reservados no pueden ser públicos. Yo entiendo que un estado necesita fondos reservados, que por otra parte lo tienen todos los estados del mundo. El tema es tener la seguridad de que los funcionarios que manejen los fondos reservados lo hagan con la finalidad para lo que fueron creados... Podría sí, pensarse en una minúscula, reducida, comisión de senadores a quienes se le hicieran conocer los manejos de esas cuentas, de modo que actuaran como fiscalizadores. Pero de ninguna manera se pueden hacer públicas; son necesarias para el funcionamiento del Estado.

La corrupción es posible, entre otras cosas, por el desembarco en los puestos claves de cabezas corruptas, coincidieron todos los expertos en el tema consultados por la Revista.

Desde la pirámide jerárquica se digita toda una metodología non santa, que tiene demasiada prensa y exigua sanción.

-La corrupción es el beneficio de pocos en perjuicio de muchos -sostuvo el ombusdman Antonio Cartañá en relación a los manejos político-económicos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

-¿El que nombró al funcionario sabe que hay corrupción?

-Sí, lo sabe. Porque yo, Antonio Cartañá, se lo he dicho verbal y por escrito al ex intendente Domínguez.

-¿Cuál fue la respuesta?

-Cero. Incluso, hemos recibido cartas fuera de tono de funcionarios menores.

-¿Podemos cuantificar el tema?

-Donde rasqués un poquito hay corrupción... Y la gente no sabe que el retorno produce sobrefacturación; es decir, que las coimas se trasladan al precio... Y acá estamos hablando de millones y millones de pesos.

-¿Hay denuncias de robos dentro de la propia Municipalidad o de prestatarios?

-La denuncia es una entelequia, si biena hay gente honesta que es poca. Lo que pasa es que nadie puede tirar la primera piedra.

* * * *

El ex intendente Jorge Domínguez ha acumulado durante su gestión el doble de denuncias penales -26- que el primero de los peronistas que administró la ciudad de Buenos Aires, Carlos Grosso, que tuvo 13 causas.

Al actual ministro de Defensa lo involucran en causas tan dispares como malversación de caudales públicos, defraudación, desvío de fondos municipales para su campaña proselitista -todo ello vinculado con una trama de intereses confusos- y hasta denuncias de responsabilidad indirecta, por homicido culposo (la asfixia de un niño, atragantado con una uva en el viaducto Carranza: lugar que dificultó el acceso y la atención médica del menor).

Más allá, no osbtante, de los pronunciamientos judiciales, el primigenio cuestionamiento del funcionario data de un año atrás, cuando nombró a Eugenio Asquenazy, su ex colaborador en Yaciretá, como subsecretario de certificación y supervisión metropolitana.

Según Eduardo Guarna, Asquenazy ostentaba "una condena por tres años por administración fraudulenta". Las suspicacias sostenían que, tras la renuncia de Asquenazy, el mismo seguía cumpliendo funciones como jefe de asesores de Domínguez.

Otros dos nombres del entorno del ex intendente menemista resuenan con particular resquemor en la oficina del ombusman: el del doctor Rolando Fernández Prol, ex secretario municipal de Haciendia y Finanzas que actualmente cumple funciones en el ministerio de Defensa y el ingeniero Mauricio Sánchez, ex director general de fiscalización de obras y catastro.

"Ese señor estaba allí, incólume, traído por Domínguez, y a pesar de denuncias reitereadas, nunca lo pudimos mover", reitera Cartañá.

"La estructura de decisión del poder y legitimación pasaba por un triángulo muy chico, en el cual Fernáncez Prol, desde su cargo estratégico, tenía una activa participación, al igual que Sánchez", acota una fuente desertora de la Municipalidad, que pidió reserva.

En el Boletín Oficial de la MCBA aparecen contrataciones directas para obras viales con la empresa Autopistas Urbanas S.A., por un monto de 8 millones de pesos. El vice presidente de la empresa era nada menos que el hijo de Fernández Prol, actual síndico del Banco Ciudad, cuyo padre tenía decisión directa para ese tipo de contrataciones. "Negocios de familia", le endilgan.

Domínguez, obviamente, no ha escapado de la mira de Cartañá y de Guarna. "Tuvo una administración prolija. Tenía una enunciación pública casi símil a la virtud. Y una actividad privada oculta casi símil a la corrupción", dice Guarna sin rodeos.

-¿Cambiará algo con la administración radical?

-Habría que preguntarle a De la Rúa cuál es la decisión política -responde.

* * * *

Bajo el manto de cierto anonimato estratégico, el propio Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad se encuentra bajo el estigma de la sospecha: en la oficina del ombusman le atribuyen una participación societaria subrepticia en empresas prestatarias de servicios directos a la propia Municipalidad (empresas de limpieza, compañías de seguridad, proveedoras de alimentos) que, además de representar un evidente conflicto de intereses, tampoco contribuye a caracterizar como transparente su modus operandi.

"El sindicato ve el negocio, lo arma, lo activa y presta los servicios", desliza Guarna. "Y éstos no dejan de estar carterizados; es decir, las empresas no compiten realmente, establecen arbitrariamente los precios y se autoadjudican los sectores a los cuales prestarán servicios. Pero además, sólo con la inspección general, el sindicato recauda por izquierda 2 millones de pesos mensuales"

El ex fiscal y asambleísta estatuyente por el Frepaso Aníbal Ibarra reconoció a La Nación que el objetivo de su solicitud de investigación judicial al juez de instrucción Francisco Trovato, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, fue "cambiar el poder judicial menemista".

-Empezando por los de la Corte Suprema, la mayoría de los jueces que están en los puestos claves son menemistas - dijo a la Revista poco después de ratificar su denuncia en el palacio de Tribunales-. Los otros han sido desplazados de los casos que le afectan al Gobierno. Trovato es un arquetipo de la justicia menemista.

-¿Es culpable?

-No digo que es culpable. Digo que es necesario realizar una investigación judicial sobre el crecimiento desmesurado de su patrimonio. En estos últimos meses se mudó a un departamento de 350 metros cuadrados en la Recoleta, con un valor de compra de 700.000 dólares y un valor locativo que no puede ser inferior a 5000 mensuales. Las expensas son más de 1000 pesos.

-¿Dónde obtuvo usted esas referencias?

-De comentarios tribunalicios.

-¿No de la nota que apareció en la revista Caras?

-No, porque esa casa dijo que se la habían prestado. En definitiva el exhibicionismo no es más que una actitud con respecto a lo que se tiene. Esto pasa por un reproche, si querés, sobre lo ético. De lo que se trata es de determinar qué tiene legítimamente y qué no.

-¿Concretamente...?

-Que se le pidan las declaraciones juradas y de bienes de los últimos seis años, el movimiento de su tarjeta de crédito y que se corroboren los gastos de ese departamento.

-¿Algo más?

-Que si a partir de esto la jueza tiene la sospecha de que él no puede justificar ese incremento patrimonial, se pida su desafuero en la cámara de diputados. Allí veremos cómo funcionan los sistemas de lealtades de los diputados menemistas.

-¿Es menemista Trovato?

-Y, en su despacho tiene la foto de Menem...

-Ibarra, ¿tiene algún otro juez en la mira?

-No, no. Yo no tengo jueces en la mira. En realidad, más que a un juez, el objetivo es cambiar este poder judicial menemizado.

Según Robert Klitgaard, autor de "Controlando la corrupción", consecuencias de variedad dispar son provocadas por la distorsión de valores que provoca en la sociedad:

Eficiencia.

• Desperdicia recursos.
• Crea "males públicos".
• Deforma la política.

Distribución

• Reasigna recursos a los ricos y poderosos, a los que poseen poder militar o policial, a los que tienen poder monopólico.

Incentivos

• Desvía las fuerzas de funcionarios y ciudadanos hacia la búsqueda socialmente improductiva de ganancias de origen corrupto.
• Crea riesgos, induce medidas improductivas preventivas, desvía las inversiones al apartarlas de los sectores de alta corrupción.

Política

• Engendra la alienación y el cinismo populares.
• Crea inestabilidad del régimen.

Caja chica: la que manejan los operadores menores. No confundir con peaje.

Caja grande: donde se acumula la plata de todos; asegura la liquidez del sistema

Cajero: ver gestor, valija.

Crema chantilly: porcentaje de dinero que se lleva el funcionario deshonesto. Etim. Chantilly: lo que va arriba de la torta. Sinón. Diego.

Diego: Diez por ciento.

Gestor: ver cajero, valija.

Jefe: Siempre al tanto del negocio. Sinón.: boss.

Vagre: apócope de "valor agregado". Se denomina así a las relaciones particulares del empresario. Verbigracia, "Fulano conoció a un empresario cuya señora estudió en Harvard. Hay que darle algún puesto a ella, ¿no?". Por similitud onomatopética, nunca abiertamente manifiesta: bagre.

Valija: intermediario oscuro, por lo general un contador avezado, que se encarga de trasladar los montos entre el oferente y el ejecutor. También lleva, nunca durante más de un año, el listado de las personas que cobran; luego quema las listas. Sinón.: gestor, cajero.

Peaje: empleados rasos que no pertencen a la trenza y pergeñan su propio negocio. Sirve para aceitar trámites de poca monta. Cobran entre 50 y 100 pesos.

Política: culminación de la carrera para enriquecerse.

Weber, Max: sociólogo y economista alemán (1864-1920), autor de estudios sobre las clases sociales. Su libro La política como vocación "tiene una vigencia espectacular", dicen.

1. JUSTICIA CON MIEDO

-En el país no hay estado de derecho.

La frase rebotó entre las medialunas y el té con leche.

Lo dijo un juez de la corte en una reunión de amigos.

-¿Y vos que hacés para que haya? -lo increpó una vieja amiga.

-¿Sabés lo que pasa? Que no quiero aparecer flotando en el río.

2. FUNCIONARIO PREMIADO

El alto ejecutivo de la multinacional no sabía qué hacer con ese funcionario que pedía un soborno para dejarlos trabajar. Desesperado, pidió asesoramiento legal. Cuando el abogado le dio un consejo suspiró agradecido, pero los directivos de la empresa le dijeron que todo quedaría como estaba.

Semanas después, la multinacional condecoró al funcionario corrupto.

3. POLÍTICOS PÍCAROS

"El gran truco de los políticos es pasarle el problema a la justicia y a los contralores, ya que por más que un juez meta preso a uno de los corruptos de la pirámide no pasa nada. Nos cargamos a toda la intendencia de Salta y no podemos saber si con eso se detuvo el problema. Justamente, y he aquí lo paradójico del tema, los que tienen que controlar a la clase política son los propios dirigentes. ¿Cómo? Logrando que la honestidad sea un compromiso de toda la clase política. Y para que esto ocurra, la honestidad le tiene que convenir a todos. Esto es, que las demandas de la sociedad civil sean tan grandes que el político corrupto no obtenga respaldo alguno, como en Suecia".

Lo dice Luis Moreno Ocampo.

4. EMPRESARIOS PRÁCTICOS

Hace algunos años, la mayoría de 111 empresarios líderes que actúan en la Argentina reconocieron que era habitual que las empresas efectuaran pagos o sobornos a mimebros del gobierno o de la administración pública a cambio de favores. El 44 por ciento dijo que era práctica en la mayoría de las empresas; el 43 por ciento dijo que lo era sólo en algunas. Apenas el 12 consideró que era una práctica escasa o nula.

5. EL COSTO DE LA CORRUPCIÓN

Según Rafael Di Tella, quien realizó un master sobre corrupción en la Universidad de Oxford, "es muy dificil ver cuánto cuesta. La gente de Swift ... ¿inviriteron o no? Costo: la demora (seis meses) hasta que consiguieron el permiso. Si no tenés el apoyo terminás pagando la cometa o demorando años.

Mucha gente dice que la inversión es buena en los países con mucha burocracia ya que la corrupción acelera los trámites. Pero esto no es cierto. Se mide en regresiones de inversiones".

6. CADA VEZ MÁS LEJOS

"En el grupo que ejerce el poder se establece un lazo social perverso que, desde arriba, contamina al resto de la sociedad. Al hacer de su voluntad la ley, la culpa no existe para los poderosos, la verdad tampoco; no tienen ninguna dificultad infringiendo las leyes antes establecidas, creando obras que satisfacen sus demandas. Por el contrario, necesitan infringir cada vez más leyes, para alejarse cada vez más de cualquier barrera que les recuerde su condición mortal"

De Moustapha Safouan, el más destacado de los discípulos vivos de Lacan, en La Nación, 30 de junio de 1996.

Loreley Gaffoglio y Alejandro Margulis

Fotos: Daniel Caldirola

Producción: Lucía Uriburu

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