El deslizamiento hacia un orden autoritario

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Estamos en los comienzos de una semana crucial para el destino de la Argentina. Se define si ese destino tiene algo que ver con la calidad institucional, con la posibilidad de oponerle una verdad al poder y de defenderse frente a él, o si -al revés- se va instaurando lentamente un orden autoritario en el país, hacia el que nos vamos deslizando a partir de decisiones que -muchas veces- son vistas como técnicas, pero que después cobijan cuestiones dramáticas para la vida de toda la sociedad. Me refiero a que, esta semana, la clase política está discutiendo en el Congreso qué nivel de independencia va a tener el Ministerio Público. Es decir, el cuerpo de fiscales, que son los encargados de perseguir el delito en los Tribunales.

El tema de la independencia de los fiscales ha sido muy relevante en la discusión constitucional en la Argentina, sobre todo en la reforma de la Constitución del año 1994. En esa reforma, de la que participaron -entre muchos otros- Néstor y Cristina Kirchner, se consagró que el Ministerio Público (es decir, el Procurador General de la Nación, que es el jefe de los fiscales, y todos los demás fiscales federales y nacionales) va a constituir algo que la Constitución describió como “organismo extra poder”.

Esto quiere decir que no dependería ni del Poder Ejecutivo (como lo hacía hasta ese momento, donde eran una especie de Cenicienta o de poder subalterno de la Casa Rosada) ni del Poder Legislativo o del Poder Judicial. En cambio, se iba a constituir en una especie de cuarto poder, con lo que su autonomía se convertiría en un valor importantísimo para que aquel que se sintiera acusado por el Estado o perseguido judicialmente tuviera la garantía de que ese que lo persigue no es manipulado -en términos facciosos- por razones políticas, ideológicas, raciales, etc.

Hay un procedimiento destinado a garantizar esa independencia de los fiscales que quiere asegurar la Constitución. ¿Cuál es ese método? Lo fija la ley del Ministerio Público: para designar al Procurador se necesita una mayoría especial del Senado. La máxima mayoría que pide una ley para que el Congreso resuelva algo: en este caso, dos tercios. Dos tercios de los miembros presentes para designar al Procurador. Y, además, un mecanismo bastante endiablado, difícil de poner en marcha, para remover a un fiscal. Esto permite que los fiscales no se sientan amenazados de que la política pueda removerlos en medio de una investigación.

Estas dos columnas de la independencia de los fiscales (y a la cabeza de ellos, del Procurador General de la Nación) son las que quiere modificar la ley que se empieza a tratar de manera un poco sorprendente, y sin aviso previo, a instancias de Sergio Massa.

Este martes hay una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia en la Cámara de Diputados para modificar esta ley. ¿En qué sentido? La mayoría de dos tercios requiere que el Procurador tenga una calidad tal que sea admitido por ambos bandos. En vez de esto, en el kirchnerismo quieren que sea por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los presentes, con lo cual el peronismo -en soledad- podría poner al Procurador, que pasaría a ser uno probablemente faccioso. El instrumento de un bando, de un sector de la política, para investigar o no el delito.

La segunda condición de esta reforma que impulsa el kirchnerismo es que el mecanismo para remover a un fiscal esté dado por una comisión donde la política, sobre todo la oficialista, tenga mayoría. Entonces, cualquier fiscal que empiece a investigar, antes de mirar el expediente, va a estar mirando al Congreso y va a estar atento a saber qué dice el oficialismo de turno (en este caso, el kirchnerismo) antes de decidir si le conviene o no ir adelante con la investigación; consciente de que, con ese trabajo, puede estar en juego su propia permanencia en el cargo como fiscal. Esto quiere decir que se estaría construyendo una legislación para controlar políticamente las investigaciones.

Normalmente, y hay razón para ello, hay un prejuicio de que todo esto tiene que ver sólo con el crimen político: la corrupción. Y dentro de esta creencia, hay un prejuicio adicional: que esto sólo tiene que ver con la corrupción del kirchnerismo y de Cristina Kirchner. Es verdad que estas reformas tienen que ver con eso, pero no se quedan sólo allí. Del Procurador General y de los fiscales (es decir, de la independencia del Ministerio Público) depende, entre otras cosas, que se investigue o no el narcotráfico, el lavado de dinero y determinados delitos económicos, y que se persiga o no a ciertas empresas. También esto incide en la vigilancia sobre los Derechos Humanos. Y afecta, entonces, a todo el entramado que hace al cumplimiento o no de la ley, y a la persecución o no de alguien por razones facciosas, de bandos. Todo eso está encerrado en la autonomía que puede tener un fiscal y, sobre todo, el jefe de los fiscales en el sistema institucional. Eso es lo que se empieza a poner en tela de juicio esta semana en esa reunión conjunta de comisiones al pretender achicar la mayoría requerida para nombrar al Procurador y al reblandecer los mecanismos por los cuales se puede remover a un fiscal.

Este es un tema que viene siendo discutido desde hace tiempo. Según un documento que fue elaborado el 7 de noviembre de 2017, que se llama “Ministerio Público Fiscal: un nuevo intento de reforma que vulnera su autonomía e independencia”, cuando se quiere cambiar la mayoría de dos tercios por una absoluta, “se quiebra el alto nivel de acuerdo político necesario para lograr la designación” del Procurador y también la del Defensor General de la Nación. Subrayo la fecha: 2017.

El documento dice también: “Tal como lo definió el Constituyente en el artículo 120 de la Constitución reformada de 1994, la designación del máximo responsable de este organismo extrapoder, independiente y central del sistema de Justicia, existe una legitimidad amplia y mayor a la mayoría parlamentaria; si se vulnera esa mayoría se genera inestabilidad y esa inestabilidad afecta la independencia funcional por ausencia de mecanismos rigurosos para lograr su remoción”. Y termina diciendo que, como el plazo de duración del procurador pasa a ser de cinco años, “se debilita la posibilidad de desarrollar un plan de trabajo eficaz por duración exigua del mandato”. Este documento lo elaboró el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuando era presidido por Horacio Vertbisky, quien está de licencia por el tema de la vacuna y fue reemplazado por la vicepresidenta, Sofía Tiscornia. Son los reproches de Verbitsky a un proyecto de Mauricio Macri, parecido en sus vicios al del kirchnerismo. Van cambiando los principios y las posiciones según se esté en el poder o enfrente del poder. No poder sostener durante mucho tiempo una posición, que tiene que ver con el diseño general del sistema y con cuestiones de principios, es un drama de la Argentina. Ahora los argumentos del CELS serán esgrimidos delante de la Corte, si la reforma se aprueba, por quienes quieran anularla por inconstitucional.

No estamos hablando solamente de causas de corrupción, aunque obviamente tiene que ver. El procurador puede cambiar fiscales. Esto ocurrió en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner. Imaginemos, por ejemplo, la causa de los cuadernos, Hotesur o la causa de espionaje ilegal que inquieta a Macri. Cristina y Macri: en ambos casos, vale. En un juicio oral, el procurador puede decirle a un fiscal que desista de una acusación. Cristina Kirchner ya está participando en algunos y está cerca de otros juicios orales. Estamos hablando de un dispositivo crucial para una sociedad que aspire a combatir el delito de manera idónea y a darle transparencia a la vida pública. Y hay que insistir: no tiene que ver sólo con corrupción, sino con la economía, la delincuencia común, el crimen organizado, el lavado de dinero, los derechos humanos... De todo esto estamos hablando.

El CELS, cuando Vertbitsky era opositor a Macri, defendió que tenía que haber dos tercios para designar al Procurador. Alberto Fernández intentó un acuerdo con la oposición. Se inició una negociación bastante discreta, llevada adelante por gente de la intimidad del Presidente con gente del radicalismo, la Coalición Cívica y el PRO. De esta manera, estuvo muy cerca de poder consagrar -con los dos tercios del Senado- a Daniel Rafecas, juez federal, cuyo pliego se envió al Senado.

Curiosamente, se opusieron dos personas, sin decirlo del todo. Por un lado, Cristina Kirchner, que durmió esa designación. De hecho, el pliego está durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Asuntos Constitucionales. En ese contexto, Rafecas hoy vuelve a insistir en que, si no es con los dos tercios, él no aceptaría ser procurador. La otra persona es Macri. Que decía que no quería entrar en un pacto con el kirchnerismo. ¿Qué hizo el kirchnerismo? En vez de designar a Rafecas, como quería Fernández, modificó la ley en el Senado para que se lo nombre por mayoría absoluta. El consenso que buscó Fernández hubiera caracterizado de otra forma a esta presidencia, porque hubiera sido de una gran significación que un presidente, que llegó de la mano del kirchnerismo, logre consagrar un procurador por los dos tercios con adhesión de la oposición, garantizando así la independencia para las fiscalías. Esto es lo que no quería Cristina. Por eso, el descarte de Rafecas fue el primer bombardeo de Cristina al Gobierno, porque hace a su identidad profunda y a lo que Fernández decía cuando llegó. Es algo nuclear.

Esas intenciones pasaron de largo y Cristina Kirchner impulsa ahora esta reforma por la cual se intenta achicar la mayoría para poner un procurador propio, que probablemente ella imagina como un senador amigo (o un exsenador amigo). Por ejemplo, Marcelo Fuentes. También se habla de fiscales o exfiscales, como Maximiliano Rusconi, que es el defensor de Julio De Vido. Se trata, entonces, de personas que -por el modo en que son designadas- garantizarían impunidad para los amigos y persecución para los adversarios. ¿Por qué puede hacer esto el kirchnerismo? Porque podría tener la mayoría en la Cámara de Diputados.

Ahora bien: como siempre que alguien intenta aprobar una ley, lo importante no es conseguir los votos para aprobarla, sino el quórum para poner en funcionamiento a la Cámara. Se necesitan 129 personas en el recinto para que se abra la sesión; y por lo tanto, la oposición de Juntos por el Cambio está tratando de que no haya ese quórum. De esta manera, el viernes empezó una competencia para conseguir no sólo los votos sino las ausencias necesarias para que el oficialismo no pueda iniciar la sesión.

Esta es una pelea voto a voto, persona a persona, por el quórum. Ya hay un pronunciamiento de Juntos por el Cambio que determina que no van a participar de la sesión. El bloque de lo que se conoce como “lavagnismo”, Consenso Federal, se pronunció en el mismos sentido. Una declaración de Graciela Camaño, Jorge Sarguini y Alejandro Rodríguez adelantó que tampoco van a participar. Aclaran que una ley de esta naturaleza no puede ser impulsada por un líder encausado, sea Cristina o Macri. Otro diputado ligado al mismo bloque va a dar quórum y, probablemente, vote a favor de la propuesta oficial. Se trata de Andrés Zottos, salteño, quien explica en voz baja que es por un acuerdo entre Sergio Massa y el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz; vaya a saber de qué se trata ese acuerdo que se celebra en el altar de la institucionalidad, cuando se está discutiendo algo tan delicado.

Existe además un conjunto de diputados, muchos de ellos ignotos, que no están en la primera plana de la actividad parlamentaria habitualmente, pero que -en circunstancias como estas- se vuelven trascendentes. El oficialismo depende de ellos para consagrar este nuevo diseño para el Ministerio Público y, a partir de allí, generar un orden autoritario en el que los fiscales estén disponibles para perseguir al adversario. Entre esos diputados claves para dar o negar el quórum se destacan:

-Felipe Álvarez, de La Rioja, que entró a la Cámara por Juntos por el Cambio, y después se separó.

-Antonio Carambia, de Santa Cruz, que también entró por Juntos por el Cambio. Está por terminar su mandato, aparentemente con cierta desorientación, con lo cual habrá que ver qué hará en esta sesión.

-Luis Di Giacomo, que pertenece al partido que actualmente gobierna en Río Negro. Sería raro que este diputado dé quorum y apruebe la reforma cuando se trate en el recinto porque, de ese modo, le estaría dando una victoria al ministro de Justicia, Martín Soria, adversario del gobierno actual de Río Negro y alguien que seguramente en 2023 le dispute la gobernación. En este sentido, hay que recordar que Sergio Massa es el padrino principal de Soria. ¿Di Giacomo le va a dar ese triunfo a su rival? Él aclara a sus allegados que eso dependerá de las necesidades de Arabela Carrreras, la gobernadora de Río Negro. Hay que ver, entonces, qué favores se trafican entre la Casa Rosada y la gobernación de Río Negro, y si definirán su voto.

-Nicolás del Caño, del Partido Socialista de los Trabajadores y del Frente de Izquierda. Si bien no sabemos qué hará, en principio daría quorum y después, votaría en contra; aunque todo depende de una reunión que debe celebrarse en el PST. Es una diferencia con Juan Carlos Giordano, también del Frente de Izquierda, quien ya anunció que no dará quorum y que no podría votar a favor porque considera que el kirchnerismo utiliza el sistema institucional para penalizar la protesta social. De hecho, Giordano fue abogado de Rubén “Pollo” Sobrero y sostiene que este dirigente ferroviario fue víctima de una persecución por parte de Aníbal Fernández.

Hay un signo de interrogación respecto de la conducta de esos cuatro diputados. De ellos depende el rumbo que tome esta cuestión institucional tan importante.

Como telón de fondo, hay un proceso -en cámara lenta- que va adquiriendo las características de una especie de deslizamiento autoritario que tiene otros rasgos. Por ejemplo, que se suspendan las Primarias, para lo cual el Gobierno tendría los votos. El sector dominante de Juntos por el Cambio prefirió no negarse a postergar por un mes el calendario electoral sabiendo que la consecuencia sería no tener calendario electoral, por lo menos en lo referido a las PASO.

Otro de los rasgos de este deslizamiento autoritario tiene que ver con la situación de un exfuncionario de Mauricio Macri: Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien es muy importante en el entorno institucional jurídico del expresidente. Está siendo víctima de una persecución muy acentuada e insistente por parte de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que son los titulares de un grupo económico que ya, a esta altura, es parte del Gobierno, lo cual se nota si uno presta atención a las leyes y decisiones que toma el oficialismo en beneficio suyo. A “Pepín” lo persiguen por haber intentado -con éxito- cobrarle el impuesto a los Ingresos Brutos al juego (lo que lógicamente afectaba a Cristóbal López), cuando Macri era jefe de Gobierno porteño. Hoy, desde Uruguay, pide refugio político porque la Argentina no le ofrece un sistema judicial idóneo para defenderse. En este caso, lo que pide remite a dos nombres: la jueza María Servini de Cubría y el fiscal Guillermo Marijuan, que serían el brazo ejecutor de López y de De Sousa en esta persecución que él denuncia.

En este contexto, si uno mirara la situación argentina desde lejos, adquiere una importancia extraordinaria la discusión que se va a desarrollar esta semana en el Parlamento sobre el Ministerio Público, que el Gobierno (y sobre todo, la mayoría kirchnerista de la Cámara de Diputados) quiere acelerar con Massa a la cabeza.

Algunos diputados que están en contra del proyecto oficial pero que tampoco están en Juntos por el Cambio sostienen que, dos veces, Macri cometió un error en relación con el procurador. Los exsenadores Federico Pinedo y Miguel Pichetto habían llegado a un acuerdo en la Cámara Baja para designar a Raúl Pleé. La mañana en que se estaba sellando este pacto, desde Canal 13, Macri anunció, sin avisarle a nadie, que su candidata era Inés Weinberg de Roca, la presidenta del Tribunal de Justica de la Ciudad. Obviamente, no la pudo poner porque era un desaire al peronismo, sin el cual no podía aprobar al procurador porque requería de dos tercios del cuerpo. Por segunda vez, Macri estuvo cerca de un acuerdo con la candidatura de Daniel Rafecas. Pero se negó, a pesar de la insistencia de muchos socios de él en Juntos por el Cambio, entre quienes estaba Carrió, que le decía que, si no aceptaban a Rafecas, el kirchnerismo iría por alguien peor. Están en esa encrucijada ahora. Una especie de intransigencia suicida.

¿Por qué se produce esta aceleración? El afán por conquistar la jefatura de los fiscales -esta colina tan importante de la que dependen todos estos temas penales, comerciales-económicos y de moral pública- se da porque la radiografía de la sociedad en términos económicos indicaría que, sólo por razones muy excepcionales, un gobierno con esta performance podría ganar las elecciones, también en la provincia de Buenos Aires. Entonces, el Gobierno, y a la cabeza, Cristina Kirchner, se cura en salud y toma todas las prevenciones por si pierde en las urnas. Así, obtener recursos institucionales en un momento en el que el kirchnerismo se sigue complicado en muchas causas judiciales delicadas empieza a ser una prioridad absoluta, incluso más que la pandemia, la inflación o la pobreza. Acá es donde empieza a haber una brecha pronunciada entre los intereses de la política y los de la sociedad en general. Y donde muchos políticos empiezan a adoptar un comportamiento de casta o de clase.

Esto contrasta muchísimo con los siguientes datos de la inflación. Según el Indec, en abril, este valor sería del 4,1%, y si esto se proyecta anualmente daría un número cercano al 46%: muy distante del 29% que sigue prometiendo Martín Guzmán para este año.

Son interesantes estos datos que da Idesa, el instituto de Jorge Colina. La inflación de alimentos es más que 46,3%. Es 46,4%. Pero la inflación de los bienes que están en el programa de Precios Cuidados es de 54,3%. Estamos ante un fracaso olímpico de Paula Español, la funcionaria apadrinada por Axel Kicillof, en su estrategia de control de precios. A pesar de ese fracaso, Español agrega ahora una prohibición de exportación de carne. Más controles todavía sobre el mercado en el afán de bajar precios que suben irremediablemente.

Los que están midiendo desde institutos o consultoras privadas los precios de mayo dicen que, mirado en estos 15 días, el número se va a parecer más a 4 que a 3. Es decir, sigue la inercia. ¿Cómo llegamos al 29% anual que prometió Guzmán? Un misterio.

Con la inflación va de la mano la pobreza y este es un tema central. Se conocen los datos del Indec de fines de 2020 y nos dicen que la pobreza es de 45,3%; 20,5 millones de argentinos son pobres; y 63% de ese universo de pobres son jóvenes o niños adolescentes menores de 14 años. Nos hemos transformado en una máquina de producir pobreza cuando -en general- todos los países, aun los más pobres, tienden a eliminarla. La principal razón es esta patología tan misteriosa que es la inflación.

Estas son cifras que aparecen en el contexto de un Gobierno que está en un debate interno respecto de qué quiere hacer con la economía. De un oficialismo que, así como le boicotea al Gobierno la posibilidad de un acuerdo institucional para la designación del Procurador General de la Nación, le boicotea también el acuerdo con el FMI poniéndole condiciones de cumplimiento imposibles.

Un modo de llevar adelante ese sabotaje es dinamitar la política que tiene que ver con los subsidios. Por eso, Basualdo todavía está en el Gabinete y tiene que ser tolerado por Guzmán como subordinado de su propia área. Guzmán prometió a sus conocidos que él se iría si Basualdo permanecía. Hay que avisarle que Basualdo sigue. Lo tiene ahí, en su propio ministerio. Los cálculos de los expertos en energía (que advierten que, mientras hay más subsidios, hay más consumo) indican que en el primer trimestre esos subsidios que Guzmán quiere bajar subieron 228% por mayor importación de gasoil y gas licuado. Se da lo contrario de lo que promete Guzmán.

Así se entiende lo que pasó en el viaje a Europa que fue narrado por el Gobierno de manera fragmentaria. Hubo un episodio muy relevante del que no se habló: una reunión de Alberto Fernández en París con ocho empresarios, líderes de empresas con inversiones en la Argentina. Una empresa ligada al mercado de granos le habló de la Hidrovía, y él dijo que postergaba todo por un año. Otra empresa ligada al consumo de lácteos le habló del control de precios, y él dijo que no le gustaba, pero que lo tenía que aplicar; no avisó que lo iba a incrementar. El 70% del tiempo de la reunión con los empresarios estuvo dedicado al problema de las restricciones para el movimiento de capitales, del cepo, de la imposibilidad de girar dividendos, de tener acceso a dólares para pagar deuda y de la demora en la normalización del mercado de cambio. Un empresario de los más importantes en la reunión, Laurent Dassault, le dijo que era imposible invertir en el país. El problema del control de capitales no es un problema de los amigos de Macri, sino un problema estructural de la economía argentina; como dijo sabiamente Cristina Kirchner en aquella carta del 26 de octubre, en una línea de pensamiento que después abandonó.

A estos empresarios, Alberto Fernández les contó que, después de las Primarias de 2019, tuvo una reunión con funcionarios del FMI a los que les dijo que no siguieran prestándole a Macri. Explicó que, como le siguieron prestando, va a desconocer esa deuda por desembolsos posteriores a las PASO que él ganó. Alguien debería avisarle que el 16 de julio de 2019, quince días antes de esa votación, se produjo el último desembolso, porque, en la perspectiva de que el gobierno entrante no quisiera pagar, el Fondo suspendió los desembolsos en la Argentina. Le hicieron caso.

El otro capítulo del viaje es el Club de París y el objetivo de disimular que va a haber un default. El Presidente vuelve envuelto en la bandera de un triunfo: consiguió que Emmanuel Macron, el responsable último de esta entidad, manejada por la Tesorería de Francia, le dijera que le puede dar dos meses de gracia antes de que se dispare el default. Esto es lo que está previsto en los reglamentos, lo que significa que Fernández trajo como una conquista algo que está en el procedimiento de estos préstamos. Se trata de un crédito bastante asfixiante por la pésima negociación que hizo en su momento Axel Kicillof.

Todo esto forma parte de un contorno económico que explica la preocupación del Gobierno y de Cristina Kirchner por su suerte penal. Ese desasosiego se expresa en el intento de intervención sobre el sistema judicial y sobre las garantías de todos los ciudadanos ante el comportamiento de los fiscales. Muy probablemente los interlocutores europeos y americanos de Fernández no tienen en cuenta estas cuestiones institucionales a la hora de evaluar la vida pública argentina. En el país, hay una clase política aislada de la comunidad y sometida a un riesgo que vemos en Colombia y en Chile: un malestar enorme de sociedades mortificadas por la pandemia, el ajuste, la recesión, el aumento de la pobreza y la pérdida de empleo, frente a clases políticas que se miran en el ombligo de su propia impunidad.