Conflicto: la falsificación de marcas, un delito en alza
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La producción clandestina y la falsificación de marcas en la Argentina bien podrían compararse con el cuento El nuevo traje del emperador, de Christian Andersen, donde mientras el emperador y sus colaboradores no admitían una verdad evidente, los astutos estafadores disfrutaban de los frutos de su delito.
La fabricación de marcas falsificadas es un delito -penado por la ley 22.362, de marcas y designaciones- que se concreta a la vista de todos, pero que parece ser invisible para las autoridades. "Alrededor de 100 millones de prendas por año son fabricadas con marcas falsificadas -revela Alberto Villegas, abogado de las firmas Adidas y Lacoste-. Esto provoca un perjuicio al fisco de 800 millones de pesos, producto de la evasión impositiva, y pone en peligro cerca de 155.000 puestos de trabajo." Estas cifras surgen de la actualización de un informe realizado en 2003 por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, en el que la evasión impositiva era de 500 millones.
Los lugares elegidos para comercializarlas son las ferias mayoristas y minoristas, y las zonas liberadas, incluida la venta callejera. "Operan a la luz del día, en centros de distribución conocidos por todos", denuncia Villegas. Los más populares son la feria de La Salada, un predio de 20 hectáreas que funciona en Lomas de Zamora; el paseo de compras El Galpón de Retiro -Avda. Ramos Mejía y Padre Mujica-; el Mercado Central, con más de 800 puestos de venta; la feria conocida como Bolishopping, en Pilar, y dos centros de distribución mayorista en José C. Paz, uno en la ruta 197 y el otro en la ruta 9. "Se calcula que más de 50% del valor total del comercio de indumentaria -alrededor de 3200 millones de dólares- se comercializa en el mercado informal y que el 50% de los 165 mil trabajadores que emplea la cadena textil y de producción y comercio representan trabajo no registrado", detalla Héctor Kolodny, director ejecutivo de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI).
Falta de controles
Además, las prendas falsificadas son producto del trabajo esclavo realizado en talleres irregulares, cuenta con mano de obra de inmigrantes ilegales y, en muchos casos, también los menores son explotados. "Trabajan con un sistema de cama caliente, es decir, duermen en el lugar en condiciones precarias y hacen turnos de 8 horas cada uno", describe Villegas.
Pero las acusaciones van más allá: los afectados por este delito cuentan que los falsificadores y los feriantes son amparados por mafias que los protegen de los controles, y que muchos de los puestos en esas ferias son fachadas para vender productos robados.
"Defiendo la teoría de que esto forma parte del delito organizado -dice Raúl Vaccaro, abogado de la firma Cheeky-. Son verdaderas mafias que para defender los nichos de mercado llegan a cometer actos de violencia." Razones para sostener esta afirmación no le faltan. "En uno de los allanamientos, en 2004, que realizamos junto con la Policía Federal en un taller clandestino en Morón nos encontramos con que el responsable del lugar tenía una causa por tentativa de homicidio en el Juzgado de San Isidro", relata.
Los dueños de las marcas originales saben muy bien a lo que se enfrentan y reconocen que ellos en soledad no pueden luchar contra este flagelo. "Iniciamos acciones legales, pero es tan grande el negocio que resulta imposible combatirlo -argumentan con impotencia en la firma Cheeky-. Además, no sé hasta donde uno quiere llegar, porque a medida que vas investigando te encontrás con grupos muy pesados."
La falta de una política oficial y de una acción comprometida para frenar este delito aumenta ese sentimiento de impotencia. La falsificación de marcas es un delito federal, por lo tanto es competencia de las autoridades nacionales y los jueces federales. Villegas denuncia: "Creo que muchos jueces federales no actúan por el temor de afectar intereses políticos".
Para el doctor Julio Cruciani, juez en lo Penal Económico: "La culpa de la inacción es del sistema. Se han quebrado las jerarquías, hay muchas trabas burocráticas, falta infraestructura, etcétera. No se puede generalizar culpando a la AFIP o a los jueces porque no actúan; porque a lo mejor no lo pueden hacer por falta de personal o de medios".
El tema despierta mayor suspicacia cuando se analiza la jurisprudencia que han desarrollado en relación con el tema: si la falsificación es demasiado burda y no puede confundir al consumidor porque se nota que la mercadería es falsa y porque la compró a muy bajo precio, entonces no hay delito. "Eso es terrible, porque la ley 22.362 es de defensa del productor, no del consumidor", dice indignado Vaccaro.
La falsificación es un impuesto al éxito, porque nadie se toma el trabajo de imitar una marca que carece de prestigio. Sol Acuña, dueña de Rapsodia, afirma: "Nos esforzamos por tener un producto de calidad y estos truchos nos matan, porque el que no conoce la marca se lleva una mala imagen".
Una de las más altas autoridades de la AFIP, que pidió reserva de su nombre, opinó: "Es un tema donde la llegada de la AFIP es relativa porque no se puede cobrar impuestos sobre un dinero de procedencia ilegal porque eso sería blanquearlo". En cuanto a las ferias como La Salada o el Mercado Central, agrega: "Cada vez que intentaron ingresar, nuestros inspectores han salido heridos. La única forma es ir con Gendarmería. Por lo tanto, lo que proponemos en el Plan Antievasión II es una lucha sistémica para llegar a descubrir la procedencia de la mercadería. Queremos atacar el problema, no al fulano que vende en la calle. Trataremos de ver quién está detrás".
Con respaldo económico
Lo cierto es que no es un delito aislado ejecutado por pequeños inversionistas. Máquinas bordadoras japonesas marca Tajima, calculadas en 100.000 dólares, y otras especialmente diseñadas para falsificar las tres tiras de Adidas y el cocodrilo de Lacoste secuestradas en allanamientos muestran el potencial económico de los responsables de los talleres.
Roberto Devorik, director para América del Sur de Polo Ralph Lauren, sostiene que si la venta se hace en un local en zonas comerciales conocidas el impacto negativo es mayor para la marca: "En ese caso, la gente es engañada porque se mezclan prendas originales y falsas".
Allanamientos, tareas de inteligencia y acciones legales son las principales herramientas de defensa. El artículo 31 de la ley 22362 establece una pena que no excede los tres años de prisión; si la persona no tiene antecedentes, lo que se pide es la suspensión del juicio oral y la probation. La multa se establece sobre el monto de la posible producción del taller y luego se fija una indemnización por daños.
La falsificación es un fenómeno mundial que afecta a firmas como Louis Vuitton, Gucci, Chanel o Armani, pero la diferencia que existe entre los países de Europa y la Argentina es significativa. "En España o Italia es un delito que no supera el 7%, mientras que en nuestro país la cifra supera holgadamente el 50%", destaca Villegas.
Los afectados reclaman una política oficial que llegue al origen del problema, que se combata la masiva venta callejera y se establezcan los mecanismos de control para que las ferias dejen de ser centros de distribución de mercadería apócrifa, que se analicen las fuentes de abastecimiento del circuito ilegal y que la CIAI reúna a las firmas afectadas para actuar con mayor fuerza. Así lo sintetiza Villegas: "Como bien dijo el filósofo inglés Edmund Burke, lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres de bien no hagan nada".
