A la espera de las decisiones

Por ahora, la única "medida" del gobierno que asumirá mañana que ha despertado gran entusiasmo empresarial es el supuesto "plan de obra pública".

Con el sector sumido en una depresión importantísima, la idea de reactivar la construcción no puede ser más tentadora y hasta hizo subir las acciones de las empresas del sector. Los despachos de cemento son hoy casi idénticos a los de 1990, cuando la capacidad instalada era, además, inferior.

Pero el gran dilema es: ¿cuál plan de obras? La Cámara Argentina de la Construcción tiene el suyo. Un enemigo declarado de esa cámara empresarial, Guillermo Laura, tiene el propio -el de la construcción de una red nacional de autopistas- e intenta convencer a las nuevas autoridades.

Los planes son irreconciliables. Laura y la CAC se tienen pública antipatía. La cámara hizo su plan el año último, con la colaboración del economista Carlos Melconian. "Es el plan de la CAC, no el de Melconian", dicen los directivos, para no quedar "pegados" a quien hubiera sido el ministro si Carlos Menem llegaba a la presidencia y a quien sus detractores califican de "menemista tardío".

Laura no logró convencer a Menem con su plan en la época de la segunda presidencia del riojano, aunque consiguió que lo "comprara" en su fracasado intento de alcanzar el tercer mandato.

En cambio, los temores empresariales giran en torno de las versiones -algunas contradictorias- acerca del futuro de las AFJP y el eventual control de los conglomerados financieros.

Hay quienes están convencidos de que el Gobierno terminará utilizando alguna opción parecida al proyecto que dejó como herencia la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, que significa la resurrección del sistema público y la reducción al mínimo del esquema de capitalización. "Es un desastre, es un proyecto catastrófico", dicen desde el sector privado, y se quejan de no haber sido consultados. "No cabe ninguna duda de que si necesitan el dinero van a hacer algo parecido. Van a volver a meter todos los aportes en la caja del Estado para decir que no hay más déficit y les va a funcionar un tiempo. Pero los actuales aportantes, que se despidan. Cuando se jubilen dentro de 20 años van a recibir unos haberes miserables", dice un consultor.

El control de los conglomerados financieros despertará menos suspicacias si sólo se trata de fomentar la coordinación de la tarea de las superintendencias de Seguros y de AFJP, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central. Los empresarios creen que un superente con poderes extraordinarios sería amenazante y un error.

En tanto, hay quienes sostienen que la estatización de LAPA es un nuevo atropello a la seguridad jurídica. "Cuando se privatizó Aerolíneas el Estado se comprometió a no armar una nueva empresa pública", afirman.