A más pruebas judiciales, más relato

Hace cinco años, la Argentina amanecía bajo el impacto de una noticia muy difícil de digerir. El fiscal que acababa de acusar de traición a la patria a la entonces presidenta Cristina Kirchner por encubrir a los iraníes sindicados como autores del atentado contra la AMIA, en el que perdieron la vida 85 personas, apareció muerto de un tiro en la cabeza en el baño de su departamento. Ese lunes, según lo previsto, iba a exponer los fundamentos de su denuncia en el Congreso. En medio de la conmoción, altos funcionarios del gobierno salieron a desestimar la acusación con ataques ad hominem al fiscal que acababa de morir. La supuesta fragilidad de la denuncia de un hombre "desesperado" fortalecía, de paso, la versión del suicidio. Cinco años después, las cosas siguen igual. ¿Por qué aquel gobierno, hoy de nuevo en el poder, insiste en la idea de que el fiscal Alberto Nisman se quitó la vida?

A falta de respuestas, los interrogantes se multiplican. En una cancha deliberadamente embarrada, todavía se discute si el fiscal se suicidó o lo mataron y aún no hay sentencia definitiva sobre el pacto que habría apuntado a ofrecer impunidad a quienes volaron la mutual judía. Las dos causas representan un peso grande sobre la actual vicepresidenta. Ahora, sin embargo, cuenta con la voluntad y el poder de un gobierno –el suyo– para desactivarlas. Y en eso está. El Presidente, para quien años atrás el encubrimiento y la traición a la patria de su socia electoral eran más que evidentes (así lo dijo en TV y lo escribió en este diario), está hoy comprometido con el mismo afán. Ahora sospecha que el fiscal se suicidó.

El nuevo aniversario de la muerte de Nisman podría servir para tomar conciencia de lo que está ocurriendo mientras el país debate las urgencias de la economía. Cristina Kirchner todavía tiene nueve procesamientos, pero las causas de corrupción que se le siguen están siendo esmeriladas desde el Gobierno y van camino de caer. Se trata de una batalla que el oficialismo encara desde varios frentes, cuidando la táctica y la estrategia, y apostando a crear las condiciones para que la desactivación de esos juicios, algunos en estado avanzado, pueda ser vendida como una reparación desinteresada de las instituciones de la democracia. Kirchnerismo puro.

Para eso han estado preparando el terreno con una teoría que apunta a tender un velo sobre la apabullante cantidad de prueba incriminatoria reunida. Otra vez la palabra, la construcción verbal sin asidero, pulverizando los hechos. El ariete conceptual con el que se arremeterá contra la ley y la división de poderes en nombre de la Justicia es el lawfare, presunta confabulación de periodistas y jueces para encarcelar políticos probos que aman al pueblo. Todos, del Presidente para abajo, hablan de lawfare. Desde el excanciller Bielsa, con un libro sobre el tema, hasta Kicillof, en un decreto que justificó el nombramiento de dos funcionarios procesados. Y todos, desde Cristina Kirchner hasta Milagro Sala, son ahora víctimas de lawfare, que en verdad no es otra cosa que la coartada "moral" tendida por el Gobierno para aplicar el poder en contra de las instituciones republicanas. Incluso están montando un "tribunal ético de lawfare", que pretende juzgar la conducta de jueces, fiscales y periodistas que investigaron casos de corrupción de los gobiernos de Cristina Kirchner, Lula y Rafael Correa. La confianza del kirchnerismo en el relato es infinita. Y no le va mal.

La señora ha colocado soldados incondicionales en puntos claves. Los organismos de control, muchos de los cuales son querellantes en las causas por corrupción del kirchnerismo, ahora le pertenecen. La lista es muy larga. Digamos solo que Carlos Zannini (procesado por encubrimiento junto a la expresidenta) es el jefe de los abogados del Estado y que Daniel Rafecas, el juez que desestimó la denuncia de Nisman en un abrir y cerrar de ojos, es el candidato oficial para ser el jefe de todos los fiscales.

Alineado, el Presidente volvió a hablar de "los malos jueces que terminaron ensuciando a toda la Justicia federal". Se dispone a sanear el sistema, claro. Es curioso que quienes son parte esencial del problema se presenten como la solución. El partido del Gobierno y la vicepresidenta son los grandes acusados de la corrupción del kirchnerismo. Lo que está en marcha es un autoindulto encubierto que, además de consagrar la impunidad, colonizará la Justicia.

¿De qué sirve hablar de economía si peligra la Justicia? Cualquier combate contra la pobreza y la desigualdad está perdido de antemano allí donde buena parte de lo que se recauda vía impositiva –es decir, la plata de todos– queda en manos de una elite privilegiada de políticos y empresarios que se dedica a saquear impunemente al Estado. Si no hay Justicia, volverá a ocurrir. De allí la necesidad de defender los valores republicanos, una tarea que hoy le cabe a la oposición y a ese importantísimo porcentaje de la ciudadanía que cree en ellos. © LA NACION