Juez Lijo, granito de arena, falsa gratuidad

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El gobierno nacional ha cometido errores, algunos menores, propios de la falta de experiencia, y otros graves, como no calcular, y morigerar, el impacto durísimo que sus medidas tienen sobre la gente. Pero lo que resulta incomprensible son las designaciones de personas que indudablemente pertenecen a la corporación que el Presidente ataca, vilipendia y llama peyorativamente “la casta”. En ese sentido, el colmo de la incoherencia es la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. Es indudable que el juez Lijo no reúne las condiciones intelectuales que se requieren para integrar el alto tribunal, cabeza del Poder Judicial y último interprete de la Constitución nacional. Además, los graves y fundados cuestionamientos que su postulación provocó en importantes instituciones son más que suficientes para invalidar su candidatura, porque si algo es esencial para ser vocal de la Corte es no ser una persona sospechada de venalidad y parcialidad como lo es Ariel Lijo. Fue denunciado penalmente por enriquecimiento ilícito, originando una causa que se cerró abruptamente y sin mayor profundización; también fue sometido a una investigación del Consejo de la Magistratura por irregularidades en causas resonantes que tramitaron en su juzgado, especialmente por las demoras inusitadas de algunas de ellas. Finalmente, pero quizá lo más importante, para obtener la mayoría de dos tercios que exige la Constitución nacional para aprobar su pliego resulta necesario contar con el voto de los senadores que responden a Cristina Fernández de Kirchner, y la expresidenta, acuciada por graves causas penales que la tienen como condenada, procesada o imputada, muchos pensamos que solo daría su apoyo en el marco de un acuerdo por el que obtuviera seguridades de impunidad. Si el presidente Milei permite tamaña enormidad, estaría traicionando las esperanzas que generó en la ciudadanía que lo votó para cambiar el país, haciendo complicado continuar apoyándolo.

Eduardo de la Rúa

DNI 12.074.204

Haciendo referencia a la protesta por los recortes presupuestarios a las universidades que se desarrolló el martes, y de la cual participaron distintas personas que han tenido la dicha de cursar su carrera en ellas, pregunto si no sería el momento de acercar su granito de arena y de esa manera colaborar con el esfuerzo que estamos haciendo la mayoría de los argentinos para sacar a nuestro querido país adelante.

María Cristina García

hermidacristina@hotmail.com

Siempre me he preguntado por qué se confunde la gratuidad de un servicio con el no arancelamiento de este. Partamos de la base de que gratis no hay absolutamente nada. Alguien siempre paga. En el caso de las universidades públicas, pagan los que aportan al fisco con sus impuestos, y esa falsa gratuidad es aprovechada en gran medida por alumnos provenientes de colegios privados muy bien arancelados, y que inexplicablemente ingresan a la universidad pública sin aportar un solo centavo. Ni que hablar de los estudiantes extranjeros, cuya situación de “gratuidad” es insostenible por donde se la mire. Si bien el arancelamiento no soluciona el presupuesto de las distintas universidades, enseña a los educandos que educarse tiene un costo, que no es gratis, dado que terceros lo pagan, y que además evita la estudiantina crónica que usa los claustros universitarios para hacer política.

Cristián A. Bengolea

cbengolea@gmail.com

Resulta paradójico que una doctora en Química, egresada de la UBA, que insulta en Washington al ministro de Economía defienda nuestra universidad pública, ya que reconoce que trabaja para el gobierno de Estados Unidos. Es decir, invertimos en ella y nuestra inversión le sirvió a otro país. Yo me quedé.

Juan Carlos Paludi

DNI 7.600.795

Para acabar con el “curro de las indemnizaciones” cobradas por personas a las que no les correspondían, después de una investigación exhaustiva, sería muy oportuno que el Gobierno publicara todos los datos de los falsos beneficiarios, además de los nombres de los abogados y funcionarios que intervinieron en esa estafa. Estos hechos deben ser denunciados públicamente. ¿No fueron suficientes los US$55.000 que le pagamos a una ciudadana paraguaya que inventó que su marido murió en el atentado contra la AMIA? Llaman la atención los continuos “errores” en el pago de indemnizaciones.

María Eugenia Varela

DNI 10.425.206

La inflación rampante ha generado importantes distorsiones en los precios. Los relativos a la salud han sido de público conocimiento. Se han generado dudas sobre cartelizaciones y otros procedimientos contrarios a la libre competencia. En el caso específico de los medicamentos, podría ser una solución transitoria la importación de medicinas sin otro requerimiento que el de que estas sean autorizadas por la EMEA en la Unión Europea o la FDA en los EE.UU., por ejemplo, eximiéndolas de trámites burocráticos que nada agregarían a la meticulosidad con que han sido examinados en origen. De ese modo, la industria local tendrá una referencia concreta para adaptar sus costos a los niveles internacionales, y los pacientes podrán aliviar la pesada carga pecuniaria que significa atender la salud.

Rosendo Gayol

DNI 4.360.906

Hace mucho más de un mes, la empresa AySA inició una obra en la esquina de José E. Uriburu y Santa Fe. Según los anuncios, se trata de un tema de cloacas. Esto derivó en el cierre del paso vehicular en ese punto, enormemente transitado. Ahora bien, se advierte que en el lugar no trabaja nadie, solo esporádicamente se ve a algún obrero. La esquina de Marcelo T. de Alvear y Uriburu se ha convertido en una trampa para los autos y para los vecinos de la cuadra, que debemos salir a contramano. Un reclamo realizado por mí a la comuna derivó en que aparecieran dos operarios que trabajaron un rato el viernes 19 del actual; luego, nada. Espero que se solucione esta situación, que está perjudicando a mucha gente.

Ofelia Manzi

DNI 3.975.256

LA NACION

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