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A merced del machismo
La convocatoria de hoy bajo la consigna #NiUnaMenos busca sumar el apoyo de la sociedad civil para que la Justicia dé amparo a las víctimas y la dirigencia política incluya el tema en la agenda de campaña
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PARA LA NACIONRomina Manguel
"No podemos tener un ángel de la guarda en la casa de cada mujer que denuncia a un agresor."
Una frase breve y casi poética pronunciada por la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Elena Highton de Nolasco reveló uno de los principales desafíos en la lucha contra la violencia de género. Quien lo señala es, además, la responsable de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) que funciona en ese ámbito.
¿Cómo preservar a la víctima una vez que se anima a denunciar a su victimario? ¿Cómo protegerla una vez que juntó coraje, para evitar que se vuelva todavía más vulnerable frente a su agresor que ya se sabe expuesto? No. No se puede tener un ángel de la guarda en cada casa. Ni tampoco un patrullero las 24 horas frente al hogar de la víctima. Ni un guardaespaldas. Las órdenes de restricción son efectivas si la comisaría responde de manera inmediata: de otra manera blandir un papel escrito como única protección de la mujer ante el agresor es dar la batalla más desigual posible.
Por eso, porque la batalla es desigual y las mujeres, en demasiados casos, siguen estando a la intemperie, la convocatoria #NiUnaMenos impulsada por un grupo de periodistas sensibilizadas por la creciente brutalidad de estos casos, sumará apoyos hoy frente al Congreso para darle visibilidad al problema.
Los poderes del Estado dieron algunos pasos importantes para combatir este flagelo, aunque sigue sin haber cifras oficiales: si hoy se sabe más es gracias al trabajo de las ONG. No necesariamente hay más delitos de violencia de género sino más mujeres que se animan a denunciar. En pocos años se sancionó una ley de violencia de género, la incorporación del femicidio al código penal, jueces más expeditivos a la hora de dictar medidas preventivas urgentes y fiscales para los que el archivo de una causa de estas características es una excepción y no la regla, como pasaba hasta hace solo unos años, y entre otras cosas se creó un programa de violencia de género en el Ministerio Público Fiscal y se duplicó la cantidad de personal en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, ese mismo Estado que incentiva a las mujeres a denunciar sus infiernos cotidianos y a quienes los provocan, no puede todavía darles certezas respecto de qué pasará una vez que lo hagan. En Capital un juez puede tramitar la exclusión del hogar del agresor en poco tiempo, de 24 a 72 horas. Pero hay provincias en las que el trámite puede demorar seis meses. El botón antipánico es una opción, aunque cuestionado porque sigue siendo la mujer la que debe accionar el dispositivo y no siempre puede hacerlo. A veces está amenazada. Otras veces ya es demasiado tarde.
El año pasado el Ministerio de Seguridad generó una serie de reuniones con jueces penales para discutir la implementación de un sistema que se utiliza en España, la pulsera. En realidad son dos pulseras: una para uso de la víctima y la otra para el victimario. Si el agresor se acerca a la víctima la comisaría se lo advierte. Si traspasa el perímetro permitido directamente envían un patrullero. La mujer puede vivir sin enterarse de que el agresor la ronda. Sin embargo, el sector más garantista de la justicia penal lo cuestionó por "estigmatizante" y el debate en busca de respuestas continúa.
Otra deuda del Estado para con las mujeres tiene que ver con los subsidios para las víctimas. Si bien la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad suele derivar hacia otros subsidios, por ejemplo habitacionales, no están reglamentados para otorgarlos a víctimas de violencia de género. Un problema serio, porque el hecho de que todavía los hombres constituyen el principal sostén económico de la familia genera consecuencias evitables si las mujeres pudiesen contar con un sustento mensual. Sobran los casos de víctimas que aún animándose a denunciar y con sus vidas y las de sus hijos en riesgo, retiran la denuncia para volver junto al hombre que las golpea, obligadas por la necesidad. La OVD promete estudiar -desde la Unidad de Desistimiento, que funcionará en breve- razones y cifras de mujeres que retiran la denuncia para tratar de entender qué es lo que pasa con la mujer que desiste de presentar cargos. ¿Se arrepintió? ¿Fue coaccionada? ¿Influye el factor económico? ¿Hubo amenazas contra sus hijos? El dato es fundamental para actuar al respecto.
¿Números de víctimas? Las cifras oficiales son parte de la deuda. El referente sigue siendo una ONG, La Casa del Encuentro, que da cuenta de una mujer muerta en manos de su agresor cada treinta horas.
Fuera de la innegable responsabilidad del Estado, es notorio cómo se subestima cuánto puede hacerse desde la concientización y el compromiso de la sociedad en la lucha por erradicar la violencia de género. De un total de 58.000 denuncias, sólo 22 surgieron de los vecinos. Seis del sistema de salud. Diez del ámbito laboral. Puesto en cifras, el silencio cómplice es abrumador: apenas un ínfimo porcentaje de los hombres y mujeres que saben lo que pasa -porque comparten la vecindad con las víctimas y escuchan sus gritos mientras las castigan o porque son compañeros de trabajo y conocen la intimidad de extensas jornadas laborales o porque enfermeras que curan sus heridas recurrentes- se animan a decir lo que ellas no pueden.
Mientras tanto sólo en el mes de abril 164 chiquitos acompañaron a sus mamás a hacer la denuncia. Las esperaron en la salita infantil de la OVD. A veces horas hasta que el equipo interdisciplinario las atienda. Y decida si ellos mismos tienen que ser derivados para que los evalúen. Porque pueden ser también víctimas de maltratos por parte del agresor. Pero en cualquier caso son víctimas: verlos en esa espera de la mano de su mamá, ver aterrada y vulnerable a la persona que los tiene que cuidar y prometerles que nunca les va a pasar nada no los convierte en otra cosa que víctimas de la violencia. Aun así tienen el raro privilegio de no formar parte de la lista de casi 400 chicos huérfanos de madre por año como consecuencia de la violencia de género.
Sí, prácticamente se desterró del vocabulario mediático la idea de crimen pasional porque no hay muertas pasionales. Y salvo en el caso de algunos jueces retrógrados (el recién renunciado Piombo es un ejemplo de esto), a pocos se les ocurriría esgrimir la teoría de la víctima como agente provocadora. Hay cursos para las fuerzas de seguridad y para los hombres de la Justicia para reeducar desterrando la pesada herencia del machismo. Hay cada vez más condenas, menos jueces acceden a otorgar probations y quienes trabajan en este tipo de causas ya saben que poco y nada encontrarán entre cuatro paredes, si de pruebas se trata. Y no dudan en citar a los vecinos como posibles testigos, aún antes de que la mujer diga que el del 7B tiene que haber escuchado alguna de las tantas golpizas a la medianoche.
Pero no alcanza. Las siguen matando. Nos siguen matando. A la mayoría les pegaron un tiro: los femicidas no se mancharon las manos. El resto falleció apuñaladas. Golpeadas. Quemadas. Estranguladas. Pidiendo clemencia. O auxilio. Y no obtuvieron ninguna de las dos cosas. La convocatoria Ni Una Menos instala en la calle lo que sucede entre cuatro paredes. La plaza del Congreso y distintos puntos del país van a llenarse hoy, a las 17, de gente que busca con su presencia imponer en la agenda política un tema social urgente. Pone la lupa sobre el problema. El agresor se ampara en el silencio de la sociedad. Pero hoy, en la plaza, la sociedad promete gritar muy fuerte.
