Acuerdo con el FMI: ¿cuáles son sus impactos en materia ambiental y de derechos?

El reciente Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional aprobado por el Congreso Nacional y el directorio del organismo surge como respuesta a la crisis de deuda que atraviesa nuestro país desde 2018. El desembolso de USD 45.000 millones –equivalente al 57% de las exportaciones de 2021 y al 12% del PBI de 2020– deberá ser repagado luego de un período de gracia de 4 años y medio y contará con una revisión técnica por parte del FMI cada tres meses.

Si bien existen muchos aspectos vinculados a la deuda que podrían ser analizados y comentados, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) queremos dirigir nuestra preocupación hacia el plan económico diseñado junto al organismo. Sus objetivos de reducción del gasto fiscal y generación de divisas se centran en una mirada de corto plazo y tendrán un claro impacto en el ambiente. Específicamente hay dos puntos que incidirán en el derecho a un ambiente sano: las políticas energéticas y el mandato de aumento de exportaciones.

En materia energética se busca el recorte de subsidios a la demanda. Para ello, se estima una reducción en 0,6% del PBI para 2022 del gasto en subsidios, eliminándolos para el 10% más rico y procurando que no afecte al grueso de la población, pero ¿cómo se evitará ese impacto cuando, debido a la guerra, el precio del gas por millón de BTU de gas pasó de USD 6 a USD 60 en solo unas semanas? De acuerdo a algunas estimaciones, el saldo comercial energético podría pasar de un déficit de USD 559 millones en 2021 a USD 4.911 millones en 2022, debido al aumento de precio en las importaciones para este invierno.

Así, el aumento de precios en los fósiles generará ganancias extraordinarias para las empresas; sin embargo, el programa económico que supuestamente busca recortar los subsidios energéticos elogia el Plan Gas y profundizará los subsidios a las empresas que no tienen planes contundentes a largo plazo para alcanzar la carbono neutralidad a 2050.

El redireccionamiento de los subsidios es un punto fundamental de la transición energética: estos recursos deben concentrarse, entre otros aspectos, en la electrificación del transporte, en la generación de energía eólica y solar, en una extensión de las líneas de transmisión y en la eficiencia energética. Por otro lado, se planea aumentar las exportaciones en USD 25.000 millones para 2030 a partir de regímenes de incentivos especiales para la extracción de hidrocarburos, la minería y la agroindustria. Las crisis de deuda suelen empujar a los países a la necesidad de generar divisas a cualquier costo social y ambiental. El avance de estos sectores extractivos viene acompañado de atropellos a la institucionalidad ambiental, entre ellos, al acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia, derechos centrales reafirmados en el Acuerdo de Escazú. Además, estos sectores son los mayores responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Argentina: nuestra matriz energética fósil en un 85% es responsable del 53% de las emisiones y la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos del suelo son responsables de otro 37%.

Tal como señala el reporte del IPCC publicado esta semana, los altos costos de endeudamiento y la crisis de deuda son dos de los factores que obstaculizan el financiamiento climático en el Sur global. El gobierno nacional ha reclamado reparaciones entre el Norte y el Sur, por el reconocimiento de la deuda ecológica y la provisión gratuita de servicios ambientales y por la implementación del canje de deuda por acción climática. Estas nociones se basan en la idea de responsabilidades comunes pero diferenciadas, presente en la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático en 1992. Sin embargo, no ha habido un trabajo concreto en este sentido, el que debería ser además acompañado por una política ambiental robusta que dé fundamento y coherencia a este reclamo.

El contexto de crisis climática requiere grandes movilizaciones de recursos para garantizar senderos de descarbonización en el marco de transiciones socioecológicas justas. Obligar a los países del Sur a destinar recursos fundamentales para el pago de deuda con el Norte y a generar divisas con grandes costos sociales y ambientales no nos acerca hacia ese objetivo, sino que retrasa la acción climática y nos aleja de senderos sostenibles de desarrollo.

Miembro del equipo de Investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)