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Acuerdo de Escazú: un punto de partida para construir la democracia ambiental
Luego de 8 años de intensas negociaciones, entre en vigencia hoy, en coincidencia con la celebración del Día Mundial de la Tierra, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental que adoptan los países de esta región y tiene como objetivo principal consolidar y potenciar los derechos de la ciudadanía a acceder a la información, a participar con igualdad de oportunidades en los procesos de toma de decisiones que afectan o pueden afectar el ambiente y la calidad de vida, así como también acceder a la justicia en temas ambientales, derechos que resultan fundamentales para la consolidación de la democracia y la construcción de un modelo de gobernanza para el desarrollo sostenible.
El modelo de desarrollo existente en nuestra región dista mucho de ser sostenible. Sus frágiles equilibrios económicos, las múltiples brechas y desigualdades y el continuo deterioro ambiental, han dado lugar a una fuerte conflictividad socioambiental y un alto nivel de exclusión de grandes sectores de la población.
Es por este motivo que el Acuerdo de Escazú se basa en la premisa fundamental de “no dejar a nadie atrás”. Se orienta a proteger y salvaguardar los derechos de los grupos de personas en situación de vulnerabilidad y, para ello, busca remover las barreras que impiden el ejercicio de los derechos de acceso, para que estos puedan ser gozados en condiciones de igualdad.
Escazú es, a su vez, el primer tratado en el mundo que adopta garantías para la protección integral de las personas defensoras del ambiente, que son quienes dedican sus vidas a resguardar la biodiversidad y los ecosistemas, protegen sus territorios de los impactos que generan las actividades extractivas, o simplemente promueven y buscan otras formas posibles de vida y desarrollo. Esta cuestión es fundamentalmente relevante en una región como América Latina y el Caribe, que es la que más riesgo de vida encierra para estas personas a nivel mundial y donde año a año se produce el mayor número de asesinatos de defensores, de acuerdo a lo evidenciado por reportes internacionales.
Este Acuerdo representa, entonces, una gran esperanza para quienes hoy necesitan contar con mecanismos de protección para sus vidas y, al mismo tiempo, les permite volver a creer que sus opiniones cuentan, que la participación institucional no es un ejercicio que siempre cae en un saco roto, y que ninguna actividad podrá prosperar si no cuenta con la necesaria licencia social para operar.
Las cláusulas establecidas en el texto del Acuerdo constituyen estándares legales que deberán ser alcanzados de manera progresiva por todos los Estados parte, lo que no es menor si se tiene en cuenta que en nuestra región gran parte de los países carecen de normas que garanticen los derechos de acceso y, aquellos que sí tienen normativa ambiental, como es el caso de Argentina, demuestran un elevado nivel de incumplimiento.
El Acuerdo de Escazú es mucho más que un convenio sobre derechos de acceso que fortalece la democracia ambiental. Es el resultado, y un paso más, de décadas de construcción de una conciencia global que considera que no hay ni debe haber contradicción entre la protección del ambiente y el desarrollo económico y establece que este desarrollo no puede lograrse sacrificando la vida de personas o comunidades enteras y avasallando los derechos humanos, y que el Estado de derecho no puede desligarse de la democracia ambiental.
Al igual que otros acuerdos internacionales, Escazú es una herramienta que podrá utilizarse a medida de las necesidades. Es, por lo tanto, un punto de partida hacia el pleno y libre ejercicio de derechos que habrá de comenzar a moldearse en los próximos tiempos y es también una muestra de los resultados que pueden alcanzarse cuando los gobiernos y la sociedad deciden trabajar en conjunto. Aprovechar la oportunidad de sentar las bases para la construcción de una democracia ambiental en América Latina y el Caribe está ahora en nuestras manos.
Director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Por Andrés Napoli
