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Ahora le toca a la Corte salvar a la República
Frente al intento del gobierno de Cristina Kirchner y su mayoría automática en el Congreso de terminar con la independencia del Poder Judicial en la Argentina, la República cuenta con un último recurso para defender la Constitución: que la Corte Suprema de Justicia rechace por inconstitucionales las modificaciones pergeñadas en el más absoluto aislamiento político.
Mientras todo el arco opositor cerraba filas enfrentando con argumentos constitucionales y políticos al irracional atropello a las instituciones al que el Gobierno nos tiene acostumbrados, Elisa Carrió irrumpió con una denuncia que sólo por un momento cambió el foco del tema. Tengo la firme convicción de que no hay un pacto oculto entre Ricardo Lorenzetti y la Presidenta. No me baso en un optimismo ingenuo, sino en un análisis de la situación y en el papel de cada uno de los diversos sectores, que han expresado su rechazo tanto a las reformas propuestas como a la forma en que se han impuesto.
Está bien que el presidente de la Corte se dirija al Poder Ejecutivo para solicitar la modificación del proyecto enviado en lo relacionado con transferir los recursos de la administración de Justicia a un Consejo de la Magistratura que no está preparado para administrarlos. Es lo que tiene que hacer el presidente de la Corte. Es correcto, también, que, previendo su intervención en las muchas causas que se plantearán, se abstuviera de pronunciarse acerca de la inconstitucionalidad de las iniciativas.
Hay una razón práctica para no dar crédito a esta denuncia: Lorenzetti no podría garantizar por sí mismo nada que dependa de un voto por mayoría en un cuerpo colegiado como es la Corte Suprema. Pero lo que hace más inverosímil la existencia de este supuesto "pacto espurio" son los distintos pronunciamientos de la Corte con su actual integración, la trayectoria de sus miembros y, sobre todo, lo expresado por su presidente en ocasión de la apertura del corriente año Judicial. Dijo Lorenzetti: "La función de la Corte es trabajar sobre las reglas básicas, identificar los consensos de la sociedad; no es buen juez quien quiere imponer sus propias convicciones o las de un sector a todos los demás, porque esa decisión no dura en el tiempo." [? "Hemos dicho que las instituciones son fuertes cuando palpitan en el corazón del pueblo".
Sus palabras son una señal que nos permite confiar en que la Corte estará a la altura de las circunstancias: "Las instituciones no son ajenas a la historia, a la situación del país, a las demandas del pueblo y a la influencia que cada generación ejerce sobre ella". Afirma luego: "Los tribunales deben ser conscientes de que existen principios y valores en tensión, pero que hay un "metavalor", que es el pluralismo de valores, y para encontrar una solución pueden recurrir a una razonabilidad basada en los principios de una democracia deliberativa. Por eso es que las decisiones de las mayorías pueden ser declaradas inválidas por los jueces cuando son contrarias a la Constitución".
Este pensamiento está en las antípodas de la línea argumental del Gobierno. Lo que denominan la democratización del único poder "al que no ha llegado la soberanía del pueblo" es una negación directa del texto y del espíritu republicano de la Constitución Nacional. Esto, lejos de democratizar la Justicia, deteriora la democracia.
El final del discurso de Lorenzetti no deja lugar a dudas : "Nuestra misión es dejar un registro para la historia. Por eso es que debemos concentrarnos en los grandes temas del país, que preocupan a nuestro pueblo y preocuparán a las futuras generaciones". Y el remate es categórico: "Nunca hemos dicho al poder político lo que tiene que hacer, sino que hemos dicho lo que es contrario a la Constitución [?]. Lo que la Constitución quiere que hagamos es que defendamos un país con libertades personales, con igualdad, sin exclusión social, con sustentabilidad ambiental, sobre la base de una serie de principios que todos compartimos, sin perjuicio de nuestras diferencias".
Lorenzetti habló del palpitar del corazón del pueblo. Hoy no caben dudas de lo que expresa ese palpitar. Sólo hace falta levantar la vista y ver lo que está pasando: nunca estuvo el gobierno de Cristina Kirchner más aislado que en esta iniciativa; más de un millón de ciudadanos que se manifestan por las calles, la totalidad de los partidos políticos de la oposición, las asociaciones profesionales y de magistrados, las organizaciones sindicales de los judiciales, la CGT oficialista y la opositora, la CTA, las asociaciones empresarias, ONG de distinto signo y hasta organizaciones internacionales como la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia judicial, Human Rights Watch, por sólo nombrar lo más relevante, coincidiendo en que con este intento prepotente de reforma judicial se juega la República.
Estamos asistiendo al derrumbe del relato. Somos testigos de un final de época que se devela implacable en dejar al descubierto las verdaderas intenciones. Es tan peligroso el sistema de relación con la Justicia que el Gobierno propone que, más que nunca, es necesario aunar esfuerzos: tiene que haber buena política en la Corte y en el Congreso. Las posiciones inspiradas en la necesidad de competencia en el espacio de la oposición no deben llevar a denuncias infundadas y oportunistas que debiliten el amplio espacio de acuerdo que se ha generado en todos los estamentos de la sociedad para defender la Constitución.
La Presidenta nos pregunta quién puede oponerse a que los miembros del Consejo de la Magistratura sean votados por el pueblo. Se opone la Constitución, lo debe impedir la Corte con el apoyo de una oposición unida.
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