Alejarnos del mercado mundial, una mala idea de más de 70 años

Cuando el general Perón asume la presidencia el 4 de junio de 1946, la Segunda Guerra Mundial había finalizado el 2 de septiembre de 1945. El mundo entero vivía las consecuencias de la guerra, que había movilizado más de cien millones de combatientes con un resultado entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5% de la población mundial. La Argentina había optado por la neutralidad en el conflicto, la que mantuvo hasta el 27 de marzo de 1945, cuando, finalmente, declara la guerra a Alemania y Japón. Antes, y por presión aliada (léase EE.UU.), la Argentina había roto relaciones con las potencias del Eje, el 26 de enero de 1944. Es muy posible que la neutralidad haya generado "hostilidad" diplomática por parte de EE.UU. Luego del fallecimiento de Roosevelt y bajo la presidencia de Harry Truman , siendo embajador en la Argentina Spruille Braden, se organizó una abierta oposición al gobierno de Farrell y Perón.

La guerra puso de relieve la vulnerabilidad de la Argentina frente a un mercado mundial por completo desorganizado y la interrupción de las líneas de aprovisionamiento de insumos industriales y combustibles. La escasez de combustibles afectó al sistema de transporte automotor y al mantenimiento de la red ferroviaria. En estas circunstancias, el gobierno de Perón debía tomar decisiones y optó por alejarse del mercado mundial, en la creencia de que el mundo estaba contra la Argentina. Pregonó el nacionalismo y el localismo como fórmula de encerrarse, buscando protección frente a la hostilidad mundial. El mercado mundial constituía una fuente de peligros más que de oportunidades, sustentado en la idea conspirativa del supuesto complot en contra del desarrollo nacional.

El país sufrió intensamente el período de contracción y turbulencia que afectó al mercado mundial de productos agrícolas. El sector rural había sido impactado por tres eventos sucesivos: la depresión de los 30, la guerra mundial y el proteccionismo agrícola de posguerra. Mientras, la agricultura de exportación argentina se contraía de manera brutal. El deterioro de la agricultura llevó a la legislación de protección de los arrendatarios, rebajando el monto del canon y prorrogando los contratos. Además, Perón en 1944 sanciona el Estatuto del Peón Rural y lanza la idea de "la tierra para quien la trabaja", en las elecciones de 1946. El efecto combinado de la ley de arrendamientos, la mejora de las remuneraciones de los trabajadores rurales, las amenazas de expropiación y una política de precios regulados sesgada contra la producción agroexportable creó un escenario propicio para el derrumbe del área sembrada y el volumen de la cosecha.

En la campaña 1951-1952 la producción de trigo fue tal que la cosecha ni siquiera alcanzó para satisfacer el consumo interno. Ese año se comió un pan negruzco elaborado con centeno y mijo. Se había generado un claro escepticismo sobre las virtudes del crecimiento inducido por las exportaciones, privilegiando en cambio el desarrollo industrial y el mercado interno. Estos factores llevaron al peronismo a promover el sector manufacturero volcado sobre el mercado interno. En ese marco, el sector agrario quedaba relegado a cumplir con dos funciones. Por una parte, debía proveer las divisas necesarias para importar los bienes de capital y los insumos requeridos para el crecimiento de la manufactura. Además, debía generar una amplia oferta de alimentos a bajo precio, para satisfacer las demandas de consumo popular y elevar el nivel de vida de la población urbana. El sistema de precios regulados discriminó contra la producción agraria exportable, y esos recursos fueron a parar a manos del Estado y de los habitantes de la ciudad, lo que les permitió adquirir alimentos a bajo precio.

La nueva Argentina se pensó construirla en la ciudad y en torno al desarrollo de la manufactura. La lucha por la industrialización era concebida como la lucha por la transformación democrática. El campo era el pasado. La idea de utilizar el excedente agrario para promover la industrialización vía sustitución de importaciones se forjó sobre la premisa de que el ciclo histórico del desarrollo "hacia afuera" había finalizado. El paso siguiente será el "vivir con lo nuestro". Autosuficientes y fuera del mundo. Desentenderse del comercio mundial e impulsar el mercado interno como fuente de oferta y demanda era la consigna.

La clase obrera y la industria habían desplazado a los chacareros y al campo como los grandes ejes a partir de los cuales reflexionar sobre los dilemas del país.

El monopolio del comercio exportador vía el IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio) y el manejo del tipo de cambio y el crédito vía el BCRA fueron los instrumentos de la política industrializadora. Como diría el general, "primero la economía, después las finanzas públicas".

En aquel entonces, la escasez de dólares y la ausencia de mercados de libre competencia llevaron a relaciones comerciales bilaterales en divisas inconvertibles.

El IAPI de Miguel Miranda utilizó los créditos en pesos para sostener precios superiores a los del mercado internacional. Así compró las cosechas y las vendió, obteniendo un margen que se utilizó para financiar el aumento del gasto público y esterilizar el aumento de los precios internacionales de los alimentos, evitando un impacto sobre los salarios. El crecimiento salarial era compensado al sector industrial por medio de una liberal política crediticia. El programa de distribución del ingreso que subsidiaba el consumo de alimentos (pan y carne) era financiado con expansión monetaria. En definitiva, el precio pedido por el IAPI por el trigo era insostenible, conseguir dólares de libre disponibilidad era imposible y todo se reducía a vender trigo a través de convenios bilaterales en divisas inconvertibles y utilizar la costosa figura del crédito comercial a largo plazo en pesos.

La crisis de divisas libres hizo inviable la idea original de la industrialización, que se transformó en un programa de sustitución de importaciones organizado a través de permisos de cambio. El encarecimiento de la mano de obra, la ley de arrendamientos y la sujeción de la importación de maquinaria agrícola al tipo de cambio no preferencial completaban la batería de políticas adversas al sector rural.

La ideología antiagraria sirvió esencialmente para aumentar los recursos fiscales cuya utilización arbitraría en beneficio de trabajadores e industriales, todo pagado por el sector agropecuario. Lo que hoy sucede por aplicación de las "retenciones" a las exportaciones. Es notable, pero si lo analizamos en profundidad son las mismas políticas aplicadas hace 70 años, en un período de posguerra, que han probado ser ineficaces para el fin propuesto y que han generado más pobreza y menos desarrollo. Esto debería hacernos reflexionar acerca de la aplicación de viejas recetas a escenarios novedosos. ¿Iremos por el mismo camino de hace 70 años? Más Estado, más regulación, más inflación, crisis recurrente de balanza de pagos, carencia de infraestructura básica… en fin, ¿más pobreza? ¿Prevalecerá la idea del "mundo hostil" y de la "conveniencia de vivir con lo nuestro"? Alejarnos de la globalización y acercarnos al bilateralismo. ¿Se sostendrá la idea del megaestado distribuidor de riqueza, mas allá de los impuestos? Les saco a unos y les doy a otros. El estilo redistribucionista y proteccionista, tan caro a las ideas políticas de hace 70 años.

El sector rural ha aportado miles de millones de dólares vía las retenciones impuestas a partir de 2003, con la consigna de sacarles a los "piquetes de la abundancia" para entregarles a los más "vulnerables". El resultado ha sido cercano a cero, porque la mala asignación de los recursos tuvo por destino solventar el gasto público improductivo. Mientras tanto, otros muchos optaron por la producción, el empleo y la generación de divisas. ¡Que bueno! ß

Empresario agropecuario