Algunas claves para entender la trama del Incaa

Acusaciones de corrupción sin mucho detalle y reacciones desmedidas con base en “trascendidos” y “versiones” llenaron de ficción y confusión la agenda pública estos días. En el escándalo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) nadie tiene muy claro algo tan elemental como poder establecer cuál es el problema. ¿Intervinieron el Incaa? ¿Lo van a cerrar? ¿Lo quieren privatizar? ¿Van a desfinanciar el cine? ¿Van a sacar el canon que paga la TV y que alimenta el fondo del cine? ¿Ese cambio es para favorecer a los cableoperadores? ¿El Incaa se paga o no con los impuestos? ¿Derogan la ley del cine? ¿Hay corrupción? ¿En qué consisten ahora las irregularidades? ¿Qué es el Incaa?

A una semana del comienzo del escándalo, todas esas preguntas siguen mayormente sin respuesta a pesar del desfile de actores, productores y directores por las radios y los canales de TV para expresar sus sentimientos ante entrevistadores que muestran un gran desconocimiento de cómo funciona el fomento del cine nacional, tal vez una de las pocas políticas de Estado que tiene la Argentina.

A continuación, algunas respuestas que pueden ayudar a entender.

¿Qué es el Incaa? El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) es un organismo descentralizado y autárquico dentro del Estado nacional que según nuestra Constitución administra el Presidente. Este instituto, al igual que el de la música y el del teatro, se encuentra en la jurisdicción del Ministerio de Cultura. La historia del fomento del cine en la Argentina es muy interesante y daría para otro extenso artículo: el 5 de enero de 1944, el dictador Edelmiro Farrell publica el decreto 21.344 que fija cuotas de pantalla y otorga créditos blandos al cine (Perón, que integró aquella dictadura, impulsaría la transformación de ese decreto en la ley 12.999 en 1947); el 4 de enero de 1957, el dictador Pedro Aramburu amplió ese fomento mediante el decreto 62; el 14 de mayo de 1968, el dictador Juan Carlos Onganía derogó el decreto de Aramburu y dictó otro, el 17.741, que creó el Instituto Nacional de Cinematografía, predecesor del actual Incaa; y el 28 de septiembre de 1994, el Congreso aprobó la ley 24.377 propuesta por el presidente Carlos Menem que reformó y amplió el decreto de Onganía, dándole la forma que tiene hoy el fomento del cine nacional.

¿El Incaa se paga o no con los impuestos? Sí, se paga con impuestos. El Incaa aplica la ley de cine y entre otras cosas gestiona el sistema de fomento de la producción nacional que se financia con el Fondo de Fomento Cinematográfico (FCC) que -entre otras fuentes- se alimenta del 10% sobre el valor de las entradas a las salas de cine y del alquiler de películas, y con el 25% de todo lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en concepto de gravámenes a la TV, el cable y la radio. Este año,el Incaa tiene un presupuesto de $ 2855,1 millones, de los cuales $ 668,9 millones deberían ser aportados por el Enacom, $ 437,2 millones provendrán del impuesto a los tickets y $ 70,2 millones del impuesto al alquiler de video. Tal vez porque esa recaudación no se puede prever con precisión, esos números son muy conservadores. Sólo en 2016, el Enacom le transfirió al Incaa unos $ 900 millones de pesos.

¿Cambian la ley? Objetivamente no hay ningún proyecto de reforma de la ley de cine (que necesita reformas imperiosas porque ya tiene 23 años), ni derogación de ningún decreto ni resolución y los periodistas que seguimos estos temas nunca escuchamos referencia alguna a la eliminación o la reducción de las fuentes de ingresos del FFC. Públicamente, el jefe de gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Cultura, Pablo Avelluto, y de Medios Públicos, Hernán Lombardi, han dicho que de ninguna manera se está estudiando ninguna modificación al esquema actual. Lo único objetivo en esta parte de la discusión es un relevamiento de impuestos y su recomendación de reducir la cantidad de tributos específicos que hizo la fundación FIEL por encargo del Ministerio de Finanzas en el contexto de análisis de una reforma impositiva integral que el gobierno prevé enviar al Congreso el año próximo. Todo lo demás es especulación sin fundamento.

¿Van a sacar el canon que paga la TV y que alimenta el fondo del cine? No, más bien podría pasar todo lo contrario. Lo que podría ocurrir es que el cine tenga más recursos. Según la presidenta de la comisión redactora del anteproyecto de ley de comunicaciones convergentes y vicepresidenta del Enacom, Silvana Giudici, no sólo no se va a reducir el canon sino que se va a ampliar “porque un eventual sistema de cobro a las plataforma de video a demanda on line (OTT) podría aumentar los fondos a distribuir entre los institutos del cine, la música y el teatro, y los medios públicos y comunitarios”. El año pasado, las entidades del cine expusieron sus pedidos ante la comisión redactora de la nueva ley, cuyo anteproyecto será presentado este año, y podrán volver a hacerlo en un nuevo período de consultas que se extenderá por seis meses. Pero además, el fondo de fomento también podría aumentar su volumen porque a partir de enero próximo, tal como establece el decreto 1340/2016, las empresas telefónicas podrán comenzar a dar el servicio de TV paga y por tanto, tendrán que pagar el gravamen correspondiente al Enacom.

¿Ese cambio es para favorecer a los cableoperadores? No, porque no hay ningún cambio en marcha. La mayoría de los actores que protagonizaron el spot en el que se denuncian las desgracias que podrían ocurrirle al cine argentino también protagonizaron en el pasado reciente muchos otros videos de apoyo a la administración kirchnerista. Algunos de esos editados fueron en defensa cerrada de la ley de medios audiovisuales de 2009, que venía a terminar con los “monopolios” y a “democratizar la palabra”. La idea de que se va a eliminar el canon para favorecer a los cableoperadores, en especial a Cablevisión (Grupo Clarín), parece inscribirse en aquella lógica.

¿El Incaa fue intervenido? El Incaa no fue intervenido -algo que el presidente Mauricio Macri podría haber hecho como hizo en diciembre de 2015 con la ex Afsca cuando removió a Martín Sabbatella-. El Incaa -entidad en la que trabajan más de 1000 personas, de las cuales sólo 700 están en relación de dependencia y el resto revisten varios tipos de contratación- no se puede cerrar sin una ley que lo determine, algo en lo que absolutamente nadie está pensando. Lo que sí ocurrió es el pedido de renuncia del hasta ahora presidente, Alejandro Cacetta, la designación en su lugar de Ralph Haiek (hasta ahora vicepresidente), la remoción de los gerentes de Administración, Raúl Seguí; de Relaciones Institucionales, Rómulo Pullol, y de auditoría interna, Rolando Oreiro. En este proceso de renovación del management del instituto ya fueron designados Juan García Aramburu y Juan Landaburu -que ya venían trabajando dentro del Incaa en otras funciones- y Nicolás Yocca, ex gerente general de Radio Mitre y de Radio Continental. El removido director de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), Pablo Rovito, fue defendido a capa y espada por la movilización de actores y directores. Pero resulta que Rovito -que junto a a ex presidenta del Incaa y actual diputada nacional Liliana Mazure es investigado en la Justicia por desvío de fondos- ocupa un cargo que se concursa y que tiene un mandato que ya está vencido. Para reemplazarlo la nueva gestión del Incaa convocará a un nuevo concurso.

¿Lo quieren privatizar? El Incaa es un organismo no una empresa, y los organismos estatales no se pueden privatizar. Aunque, en sentido metafórico, el Incaa ya había sido privatizado en diciembre de 2015 cuando el presidente Macri le confió su gestión a la corporación cinematográfica que integran productores, directores, actores y técnicos. En aquel momento, el primer mandatario le pidió al director Juan José Campanella -simpatizante del frente Cambiemos- que gestionase ante las entidades representativas de la industria la propuesta de una terna de nombres para conducir el instituto. Ante ese pedido, la industria propuso la terna integrada por el productor Cacetta (un respetado ejecutivo de una de las principales empresas del sector, Patagonik Film Group, sociedad de Disney, Clarín y el laboratorio Cinecolor), el actor Martín Seefeld (amigo de Macri, impulsado por la Asociación Argentina de Actores-AAA) y al director Ricardo Wulichszer. La salida de Cacetta podría interpretarse también como el regreso del Incaa a la gestión estatal, que deben decidir el Presidente y sus ministros sin delegar esas funciones a ninguna corporación. El Incaa no es de la industria, es de los argentinos.

¿Hay corrupción? Como publicó LA NACIÓN en los últimos años, sobre el Incaa hubo todo tipo de sospechas y denuncias y en todos los tiempos. En febrero de 2016, la Auditoría General de la Nación (AGN), presidida entonces por el kirchnerista Ricardo Echegaray, aprobó un informe realizado durante la gestión de su antecesor Leandro Despuy, en la que se detallaron múltiples incumplimientos de la ley del cine y sus reglamentos, y de la ley de medios audiovisuales, y dejó graves conclusiones sobre el uso de las cuentas del Banco Nación utilizadas para la recaudación y el pago de subsidios y créditos. El período auditado en ese informe comprendía los años 2008 a 2012 durante la gestión al frente del Incaa de la actual diputada Mazure. La AGN remarcó en ese informe la falta de control por parte del Incaa, el Comfer, la Afsca y la AFIP sobre los importes transferidos al FFC, lo que impidió validar su integridad. “El gravamen recaudado según la ley de medios audiovisuales no cuenta con controles que permitan convalidar el importe ingresado al FCC”, afirmó la auditoría. En ese momento no hubo marchas de artistas ni directores frente a la sede del Incaa, sino aplausos cerrados a la ex presidenta Cristina Kirchner en el Salón Blanco de la Casa Rosada. En los últimos años, todos los presidentes del Incaa fueron denunciados en distintos fueros por presuntos subsidios a películas que nunca se hicieron (bajo los denominados 3ro J, un artículo de la ley del cine del que se abusó sistemáticamente), desvíos de recursos del fondo de fomento a gastos corrientes del Incaa, discriminación (certificadas ante el INADI) y listas negras (registradas en la Defensoría del Pueblo de la Nación). Mazure y Jorge Coscia protagonizan enormes expedientes que prácticamente no avanzan y que parecen tener destino de prescripción. Y todo eso, sin contar el apasionante caso de Néstor Kirchner, la película.

¿En qué consisten ahora las irregularidades? La forma en la que tomaron estado público las presuntas irregularidades se pareció mucho a una “opereta”, como la definió Campanella. El hecho de que el Ministerio de Cultura no haya explicado en profundidad de qué se tratan y sólo haya enunciado sobreprecios, falta de licitaciones o gastos llamativos en viajes y traslados. Los pocos hechos concretos que trascendieron hasta ahora destacan la compra de dos sillas por 233.000 pesos; el alquiler por 700.000 pesos mensuales de un predio propiedad de Cinecolor (socia de Patagonik, la empresa de la que proviene Cacetta) para la instalación de la Cinemateca Nacional -que encajaría en un caso de conflicto de intereses-; y el alquiler por parte del Incaa de un predio en Constitución que sería propiedad de Rovito, ahora ex rector de la Enerc. Este último predio (Artecinema, donde funciona un Espacio Incaa) es propiedad de Rovito, los productores Daniel Burman y Fernando Sokolowicz, y los españoles José María Morales y Miguel Morales. El contrato entre el Incaa y sus propietarios está vencido y el instituto paga actualmente "el costo de mantenimiento", según dijo uno de los propietarios a LA NACION. Pero tal vez el más relevante de todos ellos sea la construcción de cuatro edificios para la Enerc sin hacer un llamado a licitación y subdividiendo las compras en montos menores para evadir las normas que obligarían a llamar a licitación pública.

Esas denuncias habían sido rechazadas en su momento por Cacetta y su ex jefe de asesores Sergio Bertolucci, que acusaron de “denunciadores seriales” a quienes las presentaron. De hecho, no son expresamente denuncias sino pedidos de información mediante recursos de amparo. Así fue que se reunieron unas 10.000 fojas con copias de la información que Cacetta debió entregar para evitar el pago de una multa diaria. Aquella caja de papeles llegó hace cuatro o cinco semanas hasta el presidente Macri, su jefe de gabinete y el vicejefe de gabinete, Mario Quintana. Según el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, el ex presidente del Incaa no dio respuestas sobre esos temas ni tomó decisiones para aclarar o remediar esas cuestiones y por eso fue removido. A todo esto, el sobreseimiento de Cacetta por parte del juez federal Luis Rodríguez el mismo día que fue desplazado del Incaa genera todo tipo de suspicacias. La mayor de todas es el hecho de que, en general, los jueces evitan tomar decisiones en causas que involucren a directores, actores o productores de cine y televisión.

Por su falta de transparencia, su funcionamiento endogámico, su enorme y compleja burocracia y su partidización, el Incaa ha sido siempre protagonista de “manejos poco claros”, como los llama Avelluto.

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