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Ante el avance de la droga, políticas integrales y articuladas
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En nuestro país, el problema de la droga ha empeorado en la última década en todas sus manifestaciones: aumento en el consumo y la tolerancia social, corrupción policial, violencia asociada a su comercialización y, especialmente, el ingreso al país del narcotráfico, que hasta hace unos años pertenecía fundamentalmente a los países limítrofes productores. Esta última novedad mostró su cara visible en julio de 2008, con la muerte de un colombiano de siete balazos en el estacionamiento del shopping Unicenter.
A partir de la visibilidad de ese crimen, y de muchos otros que sobrevinieron después, la lucha contra el narcotráfico tomó un protagonismo mediático que hoy invita a que quienes nunca han tenido contacto ni compromiso con la problemática de las drogas se conviertan de pronto en formadores de opinión, en muchos casos para aprovechar este flagelo con fines electoralistas o publicitarios.
Necesitamos salir de una visión narcocéntrica del problema, para pasar a una mirada abarcativa de la complejidad del asunto. Proponemos, en consecuencia, el desarrollo de cinco ejes fundamentales: control de la demanda (prevención); asistencia a los adictos; control de la oferta de drogas a través de la lucha contra el narcotráfico; el ejercicio de la acción penal contra el lavado de dinero y la cooperación internacional.
A pesar de enfrentar un panorama difícil, no somos Colombia; es decir, no tenemos su geografía ni un clima que nos permita ser productores de materias primas como la hoja de coca. Entonces, resulta urgente combatir al narcotráfico y sus derivaciones, sí, pero sin caer en procedimientos a todas luces mediáticos que alimentan la idea ilusoria de que con cada desmantelamiento de un grupo narco se está atacando al meollo del problema. La contracara de este tipo de visión se manifiesta en una resignación y una apatía social frente al asunto, y, por lo tanto, sólo quedaría resignarnos frente a un fenómeno que, básicamente, sólo podemos mitigar, pero no controlar definitivamente.
Esta arista es conocida para quienes trabajamos en la recuperación de personas con problemas de drogas. En nuestra tarea diaria, vemos de manera directa cómo han bajado dramáticamente los niveles de alerta familiar frente al consumo de sustancias y situaciones de riesgos asociadas, dato que refleja una parcial claudicación de la lucha. Incluimos aquí también al alcohol en tanto inmunodepresor del sistema nervioso central, que, por su legalidad y su marketing, es tenido ilusoriamente como inocuo, juntamente con la marihuana.
Resulta necesario implementar un conjunto articulado de acciones programadas que abarquen todas las dimensiones del problema: control de la oferta, asistencia a los adictos y, de manera prevalente, el desarrollo de programas preventivos.
Prevenir es también educar y capacitar a las fuerzas sociales para construir una malla protectora que beneficie al conjunto de la sociedad. ¿Qué resultados tendríamos si todos los médicos y personal de la salud que atienden urgencias, los agentes del sistema educativo y judicial, entre otras fuerzas sociales, recibieran herramientas para enfrentar las situaciones asociadas al consumo de drogas orientando, derivando y conteniendo? ¿Cerrar la porosidad de nuestras fronteras es también una meta muy alta? ¿Instrumentar políticas que incluyan en su diseño a todos los actores sociales es una utopía?
Por otra parte, la actual indefinición respecto del marco legal en que se encuadra el consumo de drogas no aporta claridad al abordaje social de esta problemática en los fueros judiciales. Sigue sin tratarse el proyecto que apunta a despenalizar el consumo de sustancias psicoactivas y, sin embargo, resulta indispensable salir definitivamente de los criterios particulares de cada fiscalía en cuanto al tratamiento y encuadre en los casos de drogas.
Si bien, con el fallo Arriola, la Suprema Corte de Justicia dejó sentado un posicionamiento definido, actualmente cada juzgado elige guiarse por la aún vigente ley que considera al adicto como a un delincuente y no como a un sujeto con un problema en su salud o puede inclinarse por posturas más contemplativas y flexibles.
Además de abordar esta asignatura pendiente, hay que dirimir y salir de la ambigüedad respecto de las cantidades de droga que se entiende son para uso personal y cuáles son consideradas tráfico. Los jueces necesitan parámetros claros también para impartir justicia.
Como sociedad, debemos elegir cuál es la mejor manera de enfrentar este problema que nos interpela de modo urgente. Aún es posible avanzar en un abordaje amplio y abarcativo, con ejes bien definidos que se articulen entre sí, enmarcados en políticas públicas de largo aliento y sumando la tan necesaria solidaridad social.
