1
Axel Kicillof, el colmo del economista
Axel Kicillof podría establecer el colmo de un economista. No tener un contador que le firme el balance. Requisito indispensable para que el Tribunal de Cuentas presidido por su ex secretario Legal y Técnico, Federico Thea, le apruebe el presupuesto ejecutado este año. Un trámite de cierta rutina que debería completar la Contaduría General, pero cuya gestión está puesta en dudas por la tensión entre el gobernador y la Legislatura. Sobre todo desde que amenaza extenderse al oficialismo lo que hasta ahora caracterizaba la relación con Juntos.
Los intendentes del conurbano están cerca de confirmar esa probabilidad. Kicillof los escuchó anteayer en el prolongado almuerzo que sirvió en La Plata para ellos. Gustavo Menéndez (Merlo), Federico Achával (Pilar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gabriel Katopodis (San Martín), Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) llegaron hasta allí con el reclamo generalizado de todos sus colegas.
Criticaron al gobernador por el manejo discrecional de los recursos coparticipables. Pero también por no girar los 17 mil millones de pesos del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) comprometidos con los 135 municipios. Un acuerdo que Kicillof incumplió pero que asumió a cambio de la sanción del Presupuesto. Probablemente no se encuentre con la mejor predisposición a votar el próximo, que debería ingresar a la Legislatura en diez días.
Máximo Kirchner fue otro de los invitados. El jefe de La Cámpora está en una posición incómoda. No solo porque se siente más a gusto en las amables tertulias de Martín Sabatella con Nuevo Encuentro (NE) que con la rusticidad ideológica de los intendentes. También porque ellos lo eligieron para garantizar un canal abierto con Cristina, de quien Kicillof es el delegado. Esa fue la esencia del respaldo que le dieron para que presidiera el PJ bonaerense.
Insaurralde personificó la disfuncionalidad de esa lógica. Eludió sentarse con los funcionarios en el acto que Alberto Fernández encabezó en Cañuelas para inaugurar un tramo de la autopista. Dejó vacío su lugar junto a Cristina Álvarez Rodríguez y pidió que le acomoden una silla con los intendentes. Álvarez Rodríguez ocupa el Ministerio de Gobierno bonaerense. Kicillof la designó allí por la estrecha relación de confianza que la une a Máximo.
Sería injusto acotar la mansa rebelión del jefe del Gabinete a su modesta alegoría de las patas en la fuente de ese 17 de octubre. Insaurralde convocó a los abogados del Conurbano Sur a votar por la lista que promovió Diego Molea para renovar su representación en el Consejo de la Magistratura de la Nación. El rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) podría arrogarse un doble mérito. Logró que María Fernanda Vázquez tenga una de las cuatro vocalías.
Pero al dividir el voto del oficialismo impidió que La Cámpora logre otra, además de la de Héctor Recalde. ¿Tributo de los desencantados del kirchnerismo a Juntos? Aunque ganó con más del 50 por ciento de los votos, la oposición obtuvo solo dos lugares. El bloque de tres miembros sobre 20 que conduce Molea se esmera en disimular esa posibilidad. Promete ser fiel a Horacio Rosatti, presidente del cuerpo. Equivale a tomar distancia del kirchnerismo.
Esa insinuación tiene continuidad en el rumor que dejan trascender los intendentes. La posibilidad de alentar el corte de boleta en 2023. Aunque no lo parezca, una muestra de los buenos modales que no se les reconocen. Advertirían que sin su consenso hay peligro para la reelección de Kicillof. Si ese proyecto se negocia, podrían olvidar la ofensa que le atribuyen al gobernador. Argumentar en algunos círculos que no les envía dinero de obra pública por el sobrecosto que tendría en el conurbano.
Los intendentes acusan a Kicillof de un gasto público excesivo por la superposición de áreas con funciones similares. La jefatura de Gabinete, la jefatura de Asesores que ocupa Carlos Bianco con rango de jefe de Gabinete, la secretaría General que conduce Agustina Vila y el reciente Organismo de Control Provincial a cargo de la camporista María Victoria Anadón. Un desquicio en el que la Contaduría General habría resuelto ignorar a la nueva dependencia y seguir cumpliendo con las funciones que debería delegarle.
En especial una: ser la autoridad de aplicación de todas las compras y licitaciones. Probablemente por la confusión alimentada por otro decreto, el 1356 del 26 de septiembre, que prorroga por dos meses a Eduardo Balestena como titular de la Contaduría General. Balestena sigue en el cargo donde lo designó María Eugenia Vidal en 2018 por la impericia de Kicillof. La gobernadora lo eligió de una terna que le propuso el Senado como marca el artículo 82 de la Constitución para cubrir ese y otros cargos.
Kicillof imitó a Macri. En 2019 nombró por decreto a David Jacoby Tesorero, y subcontador general a Nicolás Diner. El escándalo lo obligó a prorrogar el mandato de Balestena, y disimular lo que podría ser otro. Exigió cambiar el artículo 88 de la ley 15310 para eliminar el título de contador como requisito para ocupar ese cargo o el de adjunto. Diner es licenciado en administración de empresas. Balestena no estaría dispuesto a firmar el balance. Juntos impugnará a Diner si lo hiciera.
La propuesta del Senado también es necesaria para ocupar el cargo de Procurador General Adjunto al que renunció Juan De Oliveira la semana pasada, pero a partir del 1° de noviembre. Más que la fecha posdatada sorprende su confianza en la velocidad que tendría el trámite. Es lo que le habrían garantizado desde el Ejecutivo. En la oposición especulan que el gobernador intentará negociar que el radicalismo cubra esa vacante y la que dejaría libre Balestena.
El PRO no se opondría. Pero preferiría discutir esos lugares junto a los tres de la Corte una vez resuelta las elecciones presidenciales. La UCR se debate sobre esta negociación. Ante la falta de un candidato competitivo para disputarle al PRO en las PASO el cargo de gobernador, podría inhibirse de hacerlo con el oficialismo y privilegiar otra con sus socios por las candidaturas. Ya ocurrió con el intento de restituir por ley el régimen de privilegio a los jubilados del BAPRO.
Una instancia con la que insistirá la Corte en la audiencia con la Legislatura convocada para el 25 de octubre. Sin ley, la Corte lo restaurará por un fallo. Es lo que habría negociado Sergio Palazzo con Luis Genoud. El titular de la Asociación Bancaria habría aprovechado su visita al más antiguo miembro de la Corte para interesarse por el recurso extraordinario que presentó Gustavo Menéndez para que se revoque la condena en su contra: la inhibición perpetua para ejercer cargos públicos.
Menéndez es titular del grupo Bapro y aliado de Insaurralde, quien le confirmó a Sergio Massa que no está dispuesto a declinar su candidatura a gobernador. El ministro de Economía lo visitó en Lomas de Zamora el 25 de septiembre por los festejos del Día del Jubilado. A los intendentes les asombra que nadie en el oficialismo repare en el vacío que se producirá en el gobierno nacional y en el bonaerense cuando la mayoría de ellos abandonen sus puestos.
La salida de Insaurralde es la más compleja por el alto cargo que ocupa. Podría inducir a una especulación errada que genere otro colmo. El de cualquier dirigente: perder el olfato político.
Por Daniel Bilotta
Tipo de trabajo:
opinión
