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Bajar la edad de imputabilidad
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El 6 de mayo el proyecto de bajar la edad de imputabilidad tuvo dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados.
Usina de Justicia tiene una clara posición sobre el proyecto. Prioriza los derechos de las víctimas de delitos y de la sociedad. No queremos que los delitos queden impunes: es injusto para quienes los padecieron y está comprobado que la impunidad fomenta la criminalidad y la reincidencia.
La finalidad no es que las cárceles se llenen de menores. El objetivo es que bajen los delitos cometidos por menores. Que la posibilidad de ser condenados los haga reflexionar, que recapaciten y adviertan que la impunidad absoluta que hoy los protege desaparecerá. Queremos eliminar, o al menos disminuir, los incentivos para que los menores delincan.
Habrá quienes no se intimidarán ante la amenaza del castigo. Apartarlos de la sociedad será la solución de última ratio. Es conveniente reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años (y hasta 13 también) complementando esa reducción con una serie de medidas: construcción de lugares apropiados (sanos y limpios) para alojar a los menores; brindar educación integral, permanente y de calidad a toda la población, y, especialmente, a los recluidos, que se les permita reinsertarse en la sociedad (para lo cual deberán estudiar y aprender); fortalecer los lazos familiares sanos; erradicar el abuso sexual infantil; facilitar la práctica de deportes; asegurar una nutrición apropiada durante los primeros años de vida; combatir las adicciones; crear un Patronato de Liberados específico, y dar beneficios fiscales a empresas que empleen a menores exdelincuentes. Lista no taxativa que, ante sugerencias razonables, gustosamente se ampliará.
Los menores delincuentes son peligrosos para otros menores. Kim tenía 7 años cuando dos menores de 14 y 17 años, la arrastraron con un auto durante 15 cuadras. Kim murió asesinada. Los menores delincuentes están en peligro. En diciembre de 2024, un “soldadito” de 15 años participó de un tiroteo entre bandas en Villa Zavaleta. El “soldadito” murió acribillado. Los menores delincuentes son peligrosos para la sociedad. En 2023, según surge del Informe Especial de la CSJ, se iniciaron en todo el país 20.804 causas penales referidas a “Niñas, niños y adolescentes”.
No encontramos entre quienes se oponen a la modificación del régimen ninguna referencia ni simpatía por las víctimas de los delincuentes. El foco lo ponen exclusivamente en su situación, sus derechos, su bienestar, su protección. Olvidan (o lo omiten voluntariamente) que enfrente de cada delincuente están sus víctimas, tal vez decenas, quizá centenares, que no han elegido el rol que él les asignó. El único actor que voluntariamente participa en estas tragedias cotidianas es el delincuente y para él van todas las consideraciones. Para sus víctimas, poco y nada. Pese a ser obvio que es una medida en el rumbo correcto, se han esgrimido gran cantidad de argumentos en su contra. Nos referiremos sucintamente a algunos de ellos.
* “Los menores delincuentes son pocos”: el informe de la CSJ (20.804 causas) lo desmiente. Y aunque fuesen pocos, para quien muere y para su familia, ese crimen es el universo entero.
* “No es constitucional”: la Convención sobre Derechos del Niño no prohíbe la prisión de menores de 18 años. Esa Convención, en su artículo 6, reconoce a todo niño (incluida Kim) el derecho a la vida.
* “No hay dónde recluirlos”: si ese fuese el único problema, se resuelve construyendo los centros de detención. Hay recursos, los ingresos de la administración pública nacional que, para 2025, se estiman en $113.000.000 millones.
* “Los menores no son los únicos responsables de los delitos”: que no sean los únicos no los exime de responsabilidad.
* “No es una solución efectiva para la inseguridad ni resuelve de raíz el problema”: no resuelve todo el problema, pero contribuirá a disminuir la desbocada inseguridad.
El problema de la delincuencia de los menores mejorará si baja la edad de imputabilidad y se adoptan las medidas propiciadas. Pedir a una única ley que resuelva todas las cuestiones de inseguridad es llamar al inmovilismo. La oposición a esta ley es ideológica, abolicionista y se usan argumentos oblicuos para cuestionarla. Es tan grande la presión social en su favor que, en lugar de atacársela de frente, se buscan falsas imposibilidades en cómo implementarla. Es obvio que ninguna medida aislada es suficiente pero eso no es motivo para descartarla. Se debe hacer todo, pero, si no se puede, al menos avanzar en la dirección correcta. Poner exigencias irreales esconde, en el fondo, el deseo de que nada cambie.
Abogado
Tipo de trabajo:
opinión
