Beneficios y riesgos de los drones

Los drones, vehículos aéreos no tripulados, o UAV, según su sigla en inglés, constituyen la punta del iceberg de una nueva revolución tecnológica, liderada por la robótica y la inteligencia artificial. Si bien en un principio su utilización estaba circunscripta a determinados países (esencialmente los Estados Unidos, Rusia e Israel), en la actualidad más de 70 Estados cuentan con distintos modelos de UAV, y hasta algunos grupos armados no estatales los han empleado en operaciones ilegales. Más aun, distintas empresas privadas han empezado a experimentar con su uso para fines comerciales, y su uso recreacional va en aumento en distintas partes del mundo. La Argentina cuenta con un programa en materia de drones, así como varios de sus vecinos en la región. Si bien su uso en nuestro contexto es todavía limitado, es muy probable que esto cambie rápidamente.

Las preocupaciones más salientes vinculadas con los drones tienen que ver con su uso militar. Sin embargo, las posibilidades de uso civil son tanto más importantes como desconocidas en general. Los UAV brindan amplias posibilidades comerciales en actividades que van desde la distribución de bienes hasta numerosas tareas agrícolas. Manejar este tipo de tecnología puede tener además un efecto derrame sobre el resto de la economía, algo particularmente importante en países periféricos como la Argentina. Pero sin duda el foco de la atención estará en la forma en que los drones pueden contribuir en funciones de seguridad. Su utilidad va desde el patrullaje de zonas fronterizas, la seguridad vial en rutas, y tareas de vigilancia y rescate, entre muchas otras. Su capacidad de volar durante largos períodos prácticamente sin supervisión humana capturando una gran cantidad de imágenes que pueden ser procesadas por sistemas de información sofisticados los convierten en una herramienta muy poderosa para la detección temprana de riesgos a la seguridad y su persecución penal.

Pese a esa utilización benéfica, el uso de drones también presenta una serie de desafíos. Por un lado, es evidente su capacidad para vulnerar la esfera privada de los ciudadanos. No es difícil pensar que puedan ser empleados para vigilar protestas, seguir personas o simplemente recolectar imágenes de manera aleatoria. La capacidad actual de almacenamiento de estas imágenes, unida al desarrollo de software capaz de procesarlas, como por ejemplo en materia de identificación de rostros, movimientos u otros datos (patentes de automóviles, por ejemplo), ponen la privacidad de los ciudadanos ante un riesgo sin precedente.

Por otro lado, las características de los nuevos drones hacen que la congestión aérea y la interferencia con otras aeronaves generen riesgos importantes para la seguridad física de las personas y sus bienes. Los mecanismos actuales de prevención de colisiones aéreas son inadecuados para lidiar eficazmente con este nuevo tipo de tráfico, dada la variación en tamaño y en tecnología que los drones poseen. El control de este tipo de tráfico aéreo requerirá nueva y más sofisticada tecnología de la disponible. Esto es especialmente problemático si pensamos que la mayor parte de los drones se emplearán en zonas urbanas densamente pobladas.

Por último, no debe descuidarse el riesgo del uso que determinados actores privados puedan hacer de los UAV. En distintos países los paparazis ya han comenzado a emplear drones en tareas de seguimiento, y no es desdeñable el riesgo que conlleva que empresas de seguridad privada hagan uso de ellos. Pero lo que es mucho más serio es el riesgo de que organizaciones criminales, entre ellas, las dedicadas al narcotráfico, adquieran este tipo de tecnología para eludir controles o dar seguimiento a sus embarques. Esto generaría desafíos muy difíciles de resolver para nuestras fuerzas de seguridad y nuestro sistema de persecución penal.

La trascendencia y las posibilidades que los drones brindan se incrementarán en los años venideros. Si bien hoy en día este uso está limitado por las normas de seguridad de la aviación civil, es previsible que esto deba modificarse en un futuro cercano. Así, más que su prohibición o la inhibición de su desarrollo, es necesario empezar a delinear una regulación adecuada y definir el tipo de control que las autoridades tendrán sobre su gestión. Para ello es imprescindible que tanto el Estado como la sociedad civil asuman de manera urgente la necesidad de investigar y discutir sobre las ventajas y peligros que encierra esta nueva tecnología en el contexto argentino. De lo contrario es probable que los ciudadanos quedemos a merced de esta tecnología, en lugar de beneficiarnos con ella.

Alejandro Chetman

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