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Berni y Guzmán, el costo de la paz entre Alberto y Cristina
Sergio Berni y Martín Guzmán son los sujetos tácitos del documento con el que los intendentes del PJ en el conurbano advirtieron la necesidad de hallar una salida al conflicto que mantienen Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández sobre dos temas críticos. Una salida a la situación económica que les permita retener el poder y la definición de los candidatos a presidente y a gobernador en condiciones de garantizar lo que por ahora parece difícil. Recrear la expectativa electoral con el Frente de Todos.
Aunque en apariencias insta a la unidad, los intendentes de la Primera y Tercera Sección que lo suscribieron fijan una posición distante de ese espíritu. “El gesto extraordinario” reconocido a Cristina por “garantizar la victoria del Frente de Todos” luego del “gobierno neoliberal” de Macri y Vidal con “megatarifazos del tres mil por ciento” y “una deuda impagable” expresa su adhesión al reclamo de la vicepresidenta para que se rectifique el programa que prevé el Ministerio de Economía tras el acuerdo con el FMI.
Lo que vuelve muy curioso es el pedido de cambios en la orientación del Ministerio de Seguridad introducido en ese acompañamiento. Como citan los intendentes, el incremento de los precios y del delito encabezan los reclamos que reciben. Por eso es llamativo que le pidan una mesa de diálogo al gobierno nacional, pero también al bonaerense, para encontrar soluciones a la inseguridad. Sobre todo porque la reunión de los intendentes en La Matanza fue convocada por Martín Insaurralde.
Insaurralde es el jefe de Gabinete en el gobierno bonaerense. Y al menos en lo formal, lo es de Axel Kicillof. Otra curiosidad: el documento no menciona al gobernador. Insaurralde llegó al cargo después de la derrota del Frente de Todos en las PASO y por el temor a otra más amplia en las elecciones generales. Gracias a él los intendentes pasaron a tomar el control de áreas vitales del Estado provincial con el aval de Cristina y Máximo Kirchner.
La sociedad del PJ bonaerense y La Cámpora, nacida para combatirlo, tuvo su primera presentación pública ayer. Máximo e Insaurralde lideraron las columnas que marcharon desde la ex ESMA a Plaza de Mayo. Ese acto representa un duro golpe a la intención de Kicillof de reelegir. Pero también a la probabilidad de que Berni continúe en su gabinete. La falta de diálogo y el exceso de centralización de su gestión es el reproche que le efectúan intendentes del oficialismo pero también de la oposición.
Ese problema real intenta ser aprovechado por los intendentes del PJ para resolver a su favor una disputa en donde lo que está en juego es la posibilidad cierta de consolidar las posiciones de poder ganadas en el gobierno bonaerense si desplazan a los funcionarios que responden a Kicillof. Es la situación que cursa Berni. El único ministro que es dirigente político y tiene base territorial propia en la Segunda Sección. Es lo que hace aparecer rodeado de suspicacias al proyecto de Néstor Grindetti para modificar la ley de Seguridad bonaerense.El intendente de Lanús propone restituir a los jefes comunales el control de la policía local pero anexarle facultades, para incidir sobre los comandos de patrullas. Ese cambio de paradigma que implicaría un involucramiento directo de los intendentes contra el delito común es rechazado por los de la UCR. E incluso por algunos del Pro. Probablemente se trate de un evento fortuito. Pero coinciden con los que respaldan la candidatura a gobernador de Diego Santilli en Juntos.
Lo mismo que Grindetti, cuya iniciativa hallaría una mejor acogida entre los intendentes del PJ. El trasfondo de este asunto es la cooperación económica inevitable que los jefes comunales prestan a la Seguridad en sus municipios sin una contrapartida. El presupuesto del ministerio fue reforzado por los casi 120 mil millones de pesos, correspondientes a los casi dos puntos de coparticipación que el gobierno nacional le quitó a la ciudad y que derivó en una presentación del gobierno porteño en la Corte.
El máximo tribunal le recomendó a las partes hallar una salida negociada en los próximos 30 días. Silvina Batakis y Martín Mura iniciaron ayer un diálogo promisorio, enturbiado por el ministro del Interior. La secretaria de Provincias de esa cartera y el ministro de Economía porteño acercaron posiciones sobre el envío automático de fondos suspendidos por la ley que estableció un monto fijo para financiar la transferencia de la policía y un mecanismo de actualización que no sea el presupuesto nacional de cada año.
El problema es que Wado de Pedro anunció que esos fondos se destinarán el año próximo a combatir el narcotráfico en Santa Fe, Misiones y Salta. Un premio consuelo a Omar Perotti, aliado de Cristina y disgustado con las retenciones a la harina y aceite de soja. Y una medida para contener a otros dos gobernadores que aporta Sergio Massa: Oscar Ahuad y Gustavo Sáenz.
Esa federalización del discurso del ministro del Interior es una buena noticia para Insaurralde. Si resuelve competir por la gobernación, no lo tendrá de rival en una PASO bonaerense. Más seguro es que De Pedro encabece las preferencias de Cristina para disputar la candidatura presidencial. ¿Contra Fernández? Su entorno espera que para acariciar esa posibilidad tenga un gesto de autoridad. Algunos se lo pidieron con Claudio Lozano.
Sobre todo luego de la presentación efectuada en la Justicia por el director del Banco Nación para que el acuerdo con el FMI sea declarado inconstitucional. ¿Por pedido de Carlos Zaninni? Supercherías. Seguramente para perjudicar al Procurador del Tesoro e incondicional de Cristina. Pese a esas limitaciones, Berni mira con simpatía la posibilidad de que Fernández pueda liderar una corriente opuesta a su exjefa de la que se distanció después de las PASO.
Al ministro le gustaría que Kicillof tenga una presencia más activa en ese espacio y no por las circunstancias de su relación con Cristina, que atraviesa un mal momento. Es probable que esa indefinición haya impregnado a Agustina Propatto. La esposa de Sergio Berni y diputado nacional se abstuvo de votar el acuerdo con el Fondo. Cerca del gobernador desmienten cambios en el ministerio pero admiten los planteos que le efectuaron en ese sentido los intendentes. Y añaden otro dato sugestivo. Las situaciones incómodas que Berni provoca al gobernador con sus declaraciones. Las críticas al Presidente figuran entre las más recordadas. También hay hechos que no trascienden. Como el allanamiento de la semana pasada a la DDI de Villa Gesell luego que dos de sus efectivos queden a disposición de la fiscal Verónica Zamboni al ser sorprendidos en un acto de extorsión.
Zamboni mantiene en indagatoria a toda la dependencia. La inversión es significativa. Se investiga si cometieron delito quienes tienen que prevenirlo. Gustavo Barrera es el intendente de Villa Gesell y el único de todos cercano a Kicillof. Berni dispuso este verano un amplio operativo de seguridad allí para evitar la violencia a la salida de locales bailables.
La suerte de Berni depende de Cristina quien le encomendó desligar a Kicillof de la Seguridad. Un tema sensible y complejo para cualquier gobernador bonaerense. Los intendentes del PJ esperan que su situación sea abordada por ella una vez que resuelva el conflicto con Fernández. Dos de ellos aseguran que el cambio en el Ministerio de Seguridad es una cuestión de días.
