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Brexit y participación ciudadana
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LA NACION
El Reino Unido se encuentra en un camino incierto tras el reconocimiento de quienes apoyaron el Brexit, de que hubo graves falsedades argumentales vinculadas con aspectos económicos y sociales.
Dos ciudadanos que claman por mayor reflexión y debate promovieron una acción que fue resuelta por el Tribunal Supremo del Reino Unido al imponer al gobierno de Theresa May la obligación de que la activación del proceso de salida de la Unión Europea sea aprobada por el Parlamento. En cumplimiento de ese mandato, May envió un proyecto de ley que recibió una primera aprobación mayoritaria en la Cámara de los Comunes.
Llama la atención que ningún partido político británico tomara cartas en el asunto y fueran dos ciudadanos comunes quienes se sintieran afectados por la no intervención del Parlamento. Es un asunto relacionado con la separación de poderes y con la pertenencia a una unión, la europea, que tardó décadas en consolidarse.
En nuestro país, hubo y hay legisladores nacionales que cuestionan en la Justicia decisiones del Poder Ejecutivo que van más allá de su competencia. Pero también hay numerosos casos en los que son los ciudadanos de manera individual o asociaciones de usuarios, por ejemplo, quienes se alzan en defensa del principio de legalidad cuando hay intereses públicos comprometidos.
Gina Miller y Deir Dos Santos, los dos actores que impulsaron la decisión de la justicia británica, han generado un precedente que sirve de ejemplo al mundo como un modelo de participación pública en democracia.
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