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Calidad institucional
Cristina está presa por primera vez en su vida y funcionarios del Gobierno fueron allanados pocas horas después de una denuncia presentada por el abogado de Cristina. Y sin embargo, muchos no ven diferencia entre la situación actual y cuando pasaban diez años entre una denuncia (Carrió, 2008) y el primer allanamiento a Cristina (Calafate, 2018). Para no hablar de detalles como un fiscal asesinado a cuatro días de denunciar a la presidenta y el canciller Timerman, de las incontables violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Fernández durante la cuarentena, o de una ley de medios totalitaria y una de “democratización” de la Justicia que si no hubiera sido vetada por la Corte Suprema nos habría llevado a Venezuela.
No es todo. El Gobierno está siendo acorralado parlamentariamente por la Coalición del Déficit, rama civil del Club del Helicóptero; una coalición destituyente liderada por el peronismo y acompañada por muchos legisladores llegados al Congreso en las listas de Juntos por el Cambio. Desde hace meses, la agenda legislativa apunta a derribar el equilibrio fiscal, corazón de la política económica que está derrotando la inflación y es el principal sostén político del gobierno. Quienes empeoraron la vida de los jubilados, de los discapacitados, de los médicos del Garrahan y de todos los argentinos, sin distinción; miembros del partido que ha ejecutado los dos mayores ajustes de la historia argentina (Isabel, 1975, y Duhalde, 2002) y conserva los récords históricos de pobreza y de indigencia, se presentan otra vez en el rol de sensibles sociales con el apoyo de “opositores” afectados por el Síndrome de Estocolmo, que les dan quórum y votan con ellos desde hace meses mientras denuncian la “peronización del gobierno”.
La arbitrariedad de una Constitución nacida del pacto de Olivos y la consecuente debilidad de un presidente que asumió con el 56% de los votos pero 9% de los senadores y 15% de los diputados, se ha hecho evidente al finalizar la luna de miel con su gobierno. Aproximadamente a los dos años, como les sucedió a Macri y a De la Rúa. Dos años. En minoría. Esos son los tiempos que nuestro pueblo concede a los gobiernos no peronistas para que arregle los desastres peronistas, mientras que al peronismo le otorgamos cuatro mandatos con mayoría en ambas cámaras, abrumador porcentaje de jueces designados por Néstor y Cristina, gobernadores e intendentes al por mayor y el apoyo de la CGT, los movimientos piqueteros y el Papa; apoyos que el peronismo usó para convertir al Congreso y la Justicia en sus escribanías. Son hechos que a pocos años de ocurridos parecen olvidados, junto a sus catastróficos resultados, por quienes hoy reclaman calidades institucionales con la vara suiza después de dos décadas de usar la vara africana.
La Justicia debe investigar y castigar, si se comprueban delitos; y se puede opinar lo que se quiera sobre el Gobierno. Para eso están la República y la democracia. Lo que no se puede hacer con honestidad intelectual es ignorar que el Judicial y el Legislativo, los dos poderes que limitan y controlan al Ejecutivo, funcionan y son independientes. Y sin embargo, el coro del perionismo y los intelectuales y opositores peronistamente correctos lloran pérdida de calidad institucional. Digamos, pues, lo elemental: en dos años de gobierno de Milei la calidad institucional ha mejorado. En algunos aspectos, mucho. En otros, poco. Pero en todos los aspectos mejoró. Se pueden señalar los errores y fracasos del Gobierno, pero existe un abismo no solo económico entre el país devastado que dejaron cuatro mandatos peronistas y la realidad de hoy. Basta sacar la cabeza del balde partidario y dejar de mirar el país con ojos de abogado para comprobar la mejora en la calidad de las instituciones que afectan la vida de los ciudadanos.
En primer lugar, vivimos desde 2002 en un país sin moneda en el que cada día los gobiernos peronistas se apropiaban de parte de los salarios y las jubilaciones para financiar sus quioscos políticos y los bolsillos de sus dirigentes. Hoy, con todas las dificultades, el país tiene moneda, la institución central de cualquier economía, y una macro como no tuvo por décadas. La mejor demostración es el escándalo que se ha desatado porque el riesgo país está hoy a la mitad del valor heredado en diciembre de 2023 (1083pp contra 1930pp), porque el PBI se ha amesetado después de venir creciendo al 6% anual, y porque el dólar subió 43% en dos años, cuando veníamos de que aumentara 215% (de $313 a $995) solo en 2023, gracias a las proezas del triunvirato Alberto-Cristina-Massa.
En segundo lugar, el gobierno ha recuperado otra institución fundamental: el control del espacio público. Ya no basta extorsionar a quienes cobran subsidios para obligarlos a cortar rutas o la avenida 9 de julio, afectando los derechos de miles de ciudadanos. Ya no basta convocar a marchas truchas ni arrojar 14 toneladas de piedras para debilitar a un gobierno y arruinar un país. Eso también es calidad institucional para todos: ya sean quienes necesitan circular como para quienes vivían sometidos al chantaje de los Grabois y los Belliboni.
En tercer lugar: las fuerzas de seguridad se han puesto del lado de las víctimas, en la vereda de enfrente de los delincuentes y las mafias en un país cuyo anterior jefe de gabinete, Aníbal Fernández, había declarado que los narcos “habían ganado en Rosario”.
Se ha insistido en un supuesto pacto de impunidad entre Milei y Cristina. Errores del Gobierno, como la postulación de Lijo, fundamentaron estas sospechas. Sin embargo, allí está Cristina presa y los funcionarios del Gobierno, investigados. Allí están los bloques legislativos del peronismo pidiendo comisiones investigadoras, votando contra las propuestas del Gobierno y tratando de ponerle nafta al helicóptero con las maravillas pergeñadas por la Coalición del Déficit. Entre el Gobierno y el kirchnerismo parece ocurrir una guerra, más que un pacto, pero un secretario de turismo y algunos legisladores de pasado peronista hacen sonar alarmas. ¡Peligra la democracia! ¡Milei dijo caca! Semejante diagnóstico solo puede provenir de quienes confunden Twitter con la realidad. Y sin embargo, vistos los niveles de ausentismo de las pasadas elecciones bonaerenses, es un argumento que ha condicionado el resultado. En beneficio del peronismo, nada menos, que ya discute los siguientes pasos del Manual Peronista de Desestabilización de Gobiernos, como lo denominó Cristina por cadena nacional en 2012.
No se trata de defender funcionarios ni de frenar el accionar de la Justicia. Si alguien las hizo, que las pague. Pero no comamos vidrio ni avalemos operaciones destituyentes. La “Banelco”, una causa basada puramente en declaraciones de peronistas como Moyano, que causó la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez, que fue fundamental en el derrocamiento de De la Rúa y que terminó con la absolución de todos los imputados por falta de pruebas, enseña. El caso Maldonado, que a pocas horas de otra elección de medio término parecía un caso de desaparición forzada, enseña. Para no hablar de Olivera, de Milman, y de tantos otros. ¡Cómo le vas a creer al Pejota!
Cierro. ¿Es Milei un populista? En el estilo, sí. En la acción, no. Populista es el modelo deficitario-inflacionario del pan para hoy y el hambre para mañana. Exactamente lo contrario a la política económica actual, que paga costos hoy para mejorar el futuro. Populista es erosionar las instituciones; una especialidad peronista. Populista es defender las corporaciones afectadas por las políticas del Gobierno: desde la CGT hasta los gerentes de la pobreza; desde los cazadores en el zoológico a los expertos en mercados regulados; de los perionistas empautados a los artistas subsidiados y los militantes enquistados en el Estado con la excusa del feminismo, los pueblos originarios y la cultura woke. Acabar con esa Argentina corporativa, nacida del golpe de 1966 y del acuerdo entre Perón y Onganía también es calidad institucional, compañeros.
