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Algo anda muy mal en la Justicia
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LA NACIONHéctor M. Guyot
Desde hace años, en la política se habla de “operadores judiciales” como si se tratara de funcionarios con cargo oficial y un rol esencial en la administración del Estado. No está mal que el poder político tenga canales de comunicación institucionales con el mundo de la justicia. Pero la tarea principal de estas personas se ejecuta en las sombras y no es otra que transar con jueces venales fallos o dilaciones que, en una burla a la ley, favorecen al poder de turno y sus funcionarios, ya sea consolidando privilegios o garantizando la impunidad de delitos de corrupción. Piezas centrales de la casta, estos operadores y sus cómplices en la Justicia sobreviven a los distintos gobiernos y en buena medida son responsables de nuestro Estado indigente, así como de la sociedad desigual que la corrupción endémica modeló.
Sus malas artes están naturalizadas. Los operadores son parte aceptada de nuestro sistema político. Desde hace un tiempo, sin embargo, los tejes y manejes en el Poder Judicial se han multiplicado y se exhiben sin pudor, de manera descarada. Los ciudadanos, indefensos, leen en la crónica diaria las traiciones que fraguan los operadores con magistrados que se suman al curro de los poderosos en lugar de protegerlos contra sus abusos, que para eso están. Pero hay más. Hoy estos manipuladores de la justicia llegan a altos cargos ejecutivos y desarrollan su juego desde allí. Es la trampa oficializada.
La división de poderes es cosa del pasado. Hoy la política y la Justicia se confunden en un campo de batalla donde facciones mixtas y enfrentadas luchan por prevalecer y hacerse del control. El terreno donde se dirime la lucha -en la que no todos transan, hay que decirlo- no es otro que el cúmulo de causas calientes que la Justicia debe resolver, desde el latrocinio del kirchnerismo hasta los chanchullos libertarios, pasando por los escándalos de la AFA y de las SIRA. Es decir, todo lo que explica por qué estamos como estamos, cómo hemos sido saqueados, aunque en verdad el robo y la corrupción sistemática que nos han traído hasta aquí son el resultado de una impunidad que es moneda de cambio o prenda de extorsión en la lucha por el poder. Los operadores y sus cómplices de toga salvan a los delincuentes de guante blanco de pagar por sus delitos, pero además abonan el terreno para que los que vengan después puedan seguir enriqueciéndose a gusto y sin costo.
El affaire de la AFA es un ejemplo. El caso parece encallado en un laberinto de causas conexas en el que jueces ligados a los acusados intentaron hacerse del caso, y no precisamente por amor a impartir justicia. La lucha llega al corazón del Gobierno. La guerra entre Karina Milei y Santiago Caputo no deja frente sin abrir, y la Justicia, cabecera de playa en permanente disputa, hoy pertenece a la órbita de Karina. La hermana del Presidente bendijo como ministro del área a Juan Bautista Mahiques, un exfiscal con múltiples vínculos con Claudio Tapia y Pablo Toviggino, principales acusados en el caso. El nombramiento habría sido un gesto para ambos procesados, uno de los cuales, Toviggino, sería dueño de Carnaval, la plataforma que divulgó los audios en los que Diego Spagnuolo involucra a Karina en la corrupción de la Andis. En realidad, parte de los audios: previsores, habrían guardado el resto como arma de “negociación”. Carlos Pagni lo contó en detalle en su columna del jueves, en la que los nombres de políticos, jueces y empresarios enlazados en tramas oscuras se suceden como en una novela rusa.
Es indispensable una Justicia que en lugar de transar impunidad castigue los delitos cometidos por el poder
Una causa que avanza es la que investiga los viajes y propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Está muy bien que el fiscal Gerardo Pollicita la impulse. Es raro, eso sí, que un juez como Ariel Lijo, campeón en el arte del cajoneo, se muestre tan activo. Esa súbita energía respondería, creen las huestes de Karina, al alineamiento del juez con su rival Santiago Caputo, al que han acusado de divulgar el video en el que Adorni y su familia suben a un avión privado con rumbo a Punta del Este. Lijo, dicen las crónicas políticas, compite además con Mahiques por el cargo de la Procuración General de la Nación. Dios nos guarde. La ley, ahogada entre intereses y ambiciones.
El caso Adorni es importante, pero ha relegado a segundo plano causas que merecen más espacio en la opinión pública. Entre ellas, el juicio de corrupción más relevante de nuestra historia, junto con el de Vialidad. Las audiencias del juicio de los Cuadernos de las Coimas, en el que la expresidenta está acusada de liderar una asociación ilícita, dejan cada semana declaraciones que ilustran la ingeniería de un saqueo sin precedente revelado por Diego Cabot (no valoramos lo suficiente a algunos periodistas) y los intentos de ciertos empresarios de desdecirse de aquello que confesaron cuando se plegaron a la ley del arrepentido.
Muy arrepentidos no parecen. Tampoco los funcionarios. Por eso es indispensable una Justicia que en lugar de transar impunidad castigue los delitos cometidos por el poder. De hecho, la hay. Coexiste con la otra. Las condenas a Cristina Kirchner y a varios de sus funcionarios por la corrupción en la obra pública lo demuestran. Dependemos de ella. De que su ejemplo crezca y se imponga sobre la otra, la que está sucia y es parte de una casta que no está dispuesta a ceder sus privilegios y, peor, va sumando nuevos cómplices a medida que pasan los gobiernos.
