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Cambiaron las reglas de juego
La crisis institucional y económica condujo a una irregular delegación de facultades al Poder Ejecutivo, abandonando el patrimonio de los argentinos a la discrecionalidad de los funcionarios. Estos han producido una implosión de la seguridad jurídica alterando radicalmente las reglas de juego al devaluar, congelar el dinero en los bancos, y provocar inflación. Con pocas decisiones retrocedemos varios años, quebrando la base contractual e institucional de la sociedad.
Rápidamente aparecen desigualdades (pesificados v. no pesificados, arbitrarios plazos, cuotas y montos de las devoluciones, conflictos entre particulares). Esto, que resulta injusto para los deudores es también irracional para los acreedores.
Sin atribuir malas intenciones, parecería que se han priorizado los números financieros en lugar de una distribución pareja de las cargas, pues se avanza en sentido contrario: unos ganarán, y otros perderán, escandalosamente. Y, como siempre, la inflación afectará a los que menos tienen.
En ocasiones como éstas, la Justicia debería servir como último refugio ante las arbitrariedades del Estado, y oponerse a su sola intención de dirigir todo, pues afecta principios constitucionales.
Empero, nuestra Justicia no tiene tradición de defensa de las libertades económicas de la Constitución. En otras emergencias -crisis del 30, Segunda Guerra Mundial- ha convalidado el intervencionismo estatal y el dirigismo económico (al extremo de habernos convertido por un buen tiempo en un país socialista bajo la aparente vigencia de una Constitución liberal).
Pero parecería que en esta ocasión va a poner límites al Gobierno pues, aunque hoy la emergencia es tan grave como aquéllas, las medidas mencionadas y otras que se anuncian, como la suspensión de ejecuciones y la reforma de la ley de quiebras, son de extraordinaria repercusión, tan impactantes, que producirán una fantástica transferencia de riquezas.
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¿Qué debería hacer la Justicia en la teoría y en la práctica? Debería procurar agregar racionalidad a las medidas sin intentar sustituir al legislador (apelando a principios de generalidad, proporcionalidad y distribución pareja de las cargas, aplicando criterios restrictivos, prohibiendo cambiar la esencia, recordando que la emergencia no suspende, como el estado de sitio, las garantías constitucionales), y acotar las facultades, limitando la posibilidad de hacer daño.
En la práctica es poco lo que puede hacer pues por problemas funcionales e institucionales no podrá atender la inundación de conflictos: hay tribunales atorados (contencioso-administrativos), o colapsados y sin presupuesto (fuero comercial), o sin funcionar (tribunales fiscales), y sospechados magistrados llevan adelante investigaciones exóticas intentando ganar credibilidad. En la cumbre, una Corte Suprema, sobre cuyos integrantes no se puede generalizar, pero que las encuestas muestran sin prestigio ni imagen, y, por ello, sin serenidad para tomar decisiones tan difíciles.
Es lamentable que, cuando llegan situaciones límites, la Justicia no pueda ser una solución. Los argentinos nunca valoramos el sistema judicial, y ahora lloraremos lo que no defendimos, pagando así nuestro desinterés y olvido. "Los males de la Argentina son muchos, pero debajo de ellos está la dilapidada situación de sus instituciones políticas y legales", se escribió en el exterior en estos días. La lección es encarar la reforma judicial, para que las próximas generaciones no pasen por lo mismo.
