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Cárceles sanas y limpias
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Cada tanto, y con frecuencia progresivamente más y más alarmante, motines carcelarios e intentos de fuga le recuerdan a la opinión pública la pertinaz subsistencia de los gravísimos problemas que han desvirtuado en grado sumo la finalidad esencial de casi todos los establecimientos penales del país.
Las cárceles argentinas, es sabido, distan de ser establecimientos apropiados para encarar la recuperación de los allí internados. En cambio, salvo contadas excepciones, se han convertido en tenebrosas escuelas del delito, donde los denominados reclusos primarios padecen motivos de sobra para asimilar nuevas conductas antisociales.
Esa penosa realidad no sólo choca, sin duda, con el precepto constitucional que dispone que "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas". También está en franca contradicción con elementales normas de humanidad y con la indelegable misión que tiene el Estado de hacer cuanto le fuere posible para intentar rescatar a quienes han caído en el abismo de la delincuencia.
Los problemas que tienen enfermo y denigran al submundo carcelario argentino provienen de un círculo vicioso que será menester romper si es que se aspira sinceramente a remediar esa prolongada y negativa situación. Está conformado por el crecimiento de la delincuencia; las deficiencias procesales y de infraestructura que mantienen aletargada a la administración de Justicia; la superpoblación de las cárceles; la escasa disponibilidad de sistemas solidarios eficientes para reintegrar al seno de la sociedad en plenitud a quienes han cumplido sus penas -abono indefectible del engrosamiento de los registros de reincidentes-, y las crónicas crisis presupuestarias que retacean o cortan la disponibilidad de los recursos financieros indispensables para poder incrementar la construcción de mayor cantidad de establecimientos carcelarios aptos para reemplazar a todos los anacrónicos presidios en funcionamiento.
De ese extenso muestrario de inconvenientes agudos, la superpoblación configura uno de los más perturbadores e inquietantes. Hay más de 40.000 reclusos en todo el país y los albergues penales no dan abasto. Contraventores, procesados y sentenciados, delincuentes avezados y primerizos, jóvenes y adultos, conviven en la promiscuidad y el hacinamiento no sólo de las cárceles sino, además, de las comisarías en las cuales deben ser recluidos a falta de alojamientos más apropiados.
No es extraño, pues, que las iniquidades, dictadas por las reglas de juego impuestas por las mafias de los malhechores veteranos -infinidad de veces, con la complicidad de los responsables de custodiarlos-, sean norma de vida común y corriente en esos antros. El impulso de sobrellevarlas de buen o mal grado pasa a ser, entonces, un imán que atrae al perverso tráfico de estupefacientes y termina de colorear las tonalidades sombrías de un cuadro estremecedor.
Indefectiblemente, las cárceles deben ser sanas, limpias y también modernas. En ellas, los internos tienen que estar separados según fueren sus edades, condiciones procesales y grados de peligrosidad; no estar ociosos y poder disfrutar periódicamente de la presencia de sus familiares y ser custodiados sin excepciones por personal idóneo y honrado.
Las autoridades nacionales y provinciales no pueden hacer caso omiso de la responsabilidad que les atañe en esta grave y apremiante cuestión: hacer cuanto fuere menester para que las cárceles sean auténticos establecimientos de reeducación y no abyectas mazmorras.
