Cartas de lectores: ¿Denunciar no sirve de nada?, Instituciones, Premios

Hace ya casi cinco años denuncié en un juzgado federal de los tribunales de Comodoro Py que alguien había cobrado –y, por lo tanto, alguien había pagado– una indemnización fraudulenta que, actualizada por inflación, representa más de 100 millones de pesos por el asunto de los muertos y desaparecidos de los años 70. Adjunté, como se verá, toda la prueba necesaria para avanzar en la represión del delito, y el juez, hasta ahora, no hizo nada. El caso es sencillo: Atilio Santillán, dirigente sindical azucarero, fue asesinado en la CABA el 22 de marzo de 1976. A los pocos días, en la contratapa de la revista Estrella Roja Nº 74 del autodenominado “Ejército Revolucionario del Pueblo”, esta organización terrorista anunció, con lujo de detalles, que ellos lo habían matado “por traidor”. Muchos años después, Arnol Kremer, quien desde julio de 1976 ocupó la jefatura de esa organización sediciosa tras la muerte de su anterior jefe, Mario Santucho, en una entrevista, afirmó: “Yo estaba presente cuando Santucho dio la orden de matar a Santillán. Un comando entró en el sindicato y lo bajó”. Tenemos entonces que Santillán no está comprendido en los supuestos de la “ley reparatoria” Nº 24.411, que ordena indemnizar a los familiares de las “víctimas de la represión ilegal del Estado”, porque, claramente, no lo es. Pues bien, en marzo de 2007, y por liquidación del Ministerio de Economía Nº 36.744, el gobierno de Néstor Kirchner pagó, y alguien cobró, cien millones de pesos como si a Santillán lo hubieran asesinado agentes estatales. Pero el asunto se agrava al comprobar que Atilio Santillán no figura registrado en la lista oficial que la Secretaría de Derechos Humanos elaboró con la nómina de las “víctimas de la represión ilegal del Estado” en 2006, ni tampoco en su actualización de 2015. O sea, no lo mató el Estado, no está registrado en ningún lado como “víctima”, pero a alguien le pagaron como si lo hubiera sido. En mi denuncia le pregunto al juez: con este modus operandi, ¿a cuántos Juan Pérez que no conocemos, y a los que no les corresponde, se les pagó una indemnización sin registrarlos en ninguna parte? Han pasado varios años. No parece difícil de resolver el caso. ¿Denunciar no sirve de nada?

El juez se llama Ariel Lijo.

José D’Angelo

DNI 12.258.460

Dos de los tres recientes ganadores del premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu y James Robinson, en el exitoso libro Por qué fracasan los países, escribieron que las instituciones sólidas constituyen la clave de la prosperidad. Cuando Acemoglu visitó la Argentina y le preguntaron qué necesitaba nuestro país para progresar, contestó: “Un líder que escuche a las instituciones, que esté limitado por ellas, que respete el Parlamento, a la oposición, a los medios”. El presidente Milei hace muy bien en concentrar su atención en el equilibrio fiscal para eliminar la inflación. Pero para que el país crezca y se desarrolle se necesitan inversiones que demanden empleos formales para disminuir la pobreza. Y a los inversores, más que el índice de inflación, les interesa el respeto a las instituciones. Para que nuestro país progrese, creo que Milei debería prestar más atención a las recomendaciones de los ganadores del Premio Nobel de Economía.

Ricardo E. Frías

ricardoefrías@gmail.com

La reciente entrega de los premios al cine y series de streaming mostró las dos caras de la sociedad argentina representadas por los actores. Por un lado Norman Briski, un actor judío, que reivindicó a Gaza, de donde salió el atroz atentado y secuestro de centenares de sus correligionarios, y que pidió que el Estado financie su trabajo. Por otro, los discursos tanto de Brandoni como de Francella, que reivindicaron la libertad del artista y el logro del sector privado que sin apoyo del Estado puede hacer un producto de altísima calidad como El encargado. Frente a quienes esperan que el Estado subsidie su trabajo a través de impuestos que pagan los pobres cuando compran un litro de leche están quienes invierten y arriesgan logrando triunfar. Ojalá que en algún momento lo último pueda ser compartido por todos.

Tomás Klepetar

DNI 10.424.449

En todos los países donde se investigaron las coimas pagadas por Odebrecht hubo resultados judiciales y condenas a los acusados, la última la del expresidente de Perú Toledo, que acaba de ser condenado a 20 años de prisión por recibir 35 millones de dólares en coimas de esa constructora (de las más grandes de América). En nuestro país, entre cajoneos, apelaciones, pedidos de apartamiento y de nulidades, los meses y los años pasan y nada sucede, y probablemente nunca suceda. El último caso, en “la ruta del dinero K”, la fiscalía que investiga hizo una simulación parecida a la que en su momento realizó Lázaro Báez (condenado en esta causa a 10 años) cuando en un mes modificó todo el subsuelo de la estancia La Julia, en Santa Cruz, desarmando cajas y estanterías blindadas donde se presume la sociedad Báez-Kirchner guardaba el dinero que le llegaba desde Buenos Aires en bolsos (Fariña mediante), y lo convirtió en una bodega de vinos exclusivos a la que invitó al periodismo (el olor a pintura reciente era indisimulable). En esta causa, el fiscal Marijuan montó un show mayúsculo cavando grandes pozos con excavadoras ante cámaras de televisión para volver con las manos vacías y cara de frustración por no haber encontrado ni un solo fajo de dólares termosellados, que en Santa Cruz era vox populi que había enterrado la exitosa sociedad hoy investigada. Entonces la causa se cerró. Ante la reapertura de la causa, el fiscal Marijuan dijo que no encontraba evidencias que cambiaran su convicción de que Cristina Kirchner no tenía nada que ver en este asunto. En nuestro país, y en todos, la Justicia es una entelequia, pero los tribunales de justicia deben actuar con firmeza, apartando a quienes deliberadamente brinden protección a los corruptos, y debe hacerlo ya, con celeridad. Teléfono para el Consejo de la Magistratura.

Ovidio Winter

ovidiow@gmail.com

Saber cuándo retirarse es propio de seres prudentes. Miguel Juárez Celman, legislador y gobernador de Córdoba, al llegar a la presidencia, en 1886/1890, se creyó “el único”. Al renunciar, tras la debacle de 1890, desapareció de la vida pública. Hoy, varias generaciones deberán pagar las consecuencias de las malas gestiones de 2007/2015, multiplicadas entre 2019 y 2023.

Patricio Avellaneda

DNI 5.274.847

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