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Cartas de lectores: Relanzamiento, penas que dan pena, secreto de confesión
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LA NACION
Relanzamiento
La asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete abre una oportunidad valiosa para oxigenar la gestión nacional y reconfigurar la relación del Poder Ejecutivo con las provincias. La masiva presencia de gobernadores en su jura en la Casa Rosada no fue un mero acto de protocolo; representa una señal política de peso que la dirigencia no debería desatender. El rol del jefe de Gabinete exige, por definición constitucional, una enorme capacidad de articulación, templanza y vocación para tejer consensos que traduzcan los proyectos de ley en transformaciones reales. Tras un período marcado por ruidos internos y tensiones estériles, el perfil del nuevo ministro coordinador genera la expectativa de una gestión más ejecutiva, pragmática y volcada al diálogo. La ciudadanía espera que este relanzamiento sirva para blindar las reformas estructurales necesarias, pero con el debido respeto a las instituciones y al federalismo. El éxito de esta nueva etapa no dependerá de la retórica, sino de la habilidad para consolidar acuerdos sólidos que aporten la previsibilidad que la Argentina tanto necesita.
Francisco Sciaky
franciscosciaky@gmail.com
Penas que dan pena
La comparación entre España y la Argentina por actos de corrupción y teniendo en cuenta los montos involucrados en dichos actos con las penas impuestas, dejan a la Justicia argentina en una posición muy incómoda. En España acaban de condenar al exministro de Transporte José Luis Ábalos a 24 años de prisión por digitar la compra de barbijos por un monto de 40,5 millones de euros durante la pandemia de Covid-19. Todo el proceso tardó 6 años. En la Argentina, por ejemplo, en el caso de Vialidad Nacional después de 17 años de proceso, condenaron a Cristina Fernández de Kirchner a 7 años de prisión y otro tanto a sus cómplices, estando involucradas 54 licitaciones digitadas por un monto de aproximadamente 3000 millones de dólares. Como se puede observar, dado que en España los tiempos de los procesos de la justicia y los montos involucrados son muy inferiores y con penas más duras que en la Argentina, me llevan a concluir que algo anda mal con nuestra justicia, sea por su accionar lentísimo como por la magnitud de las sanciones. Ni mencionar la justicia penal, como el caso de Adriana
Barrionuevo, donde su expareja buscó matarla dándole 37 puñaladas y arruinándole la vida, solo lo condenaron a 10 años de prisión. Los argumentos del tribunal de CABA, si no fuese una situación trágica, son dignos de un programa cómico.
Alfredo Tolchinsky
a.tolchinsky.c@gmail.com
Secreto de confesión
En su estupenda nota del 26 de junio, el Dr. Leonardo Pérez Videla describe con verdadera maestría los prolegómenos de los monstruosos juicios erróneamente denominados de lesa humanidad, llegando a la fatal conclusión de que esos procesos se llevan a cabo fuera de toda normativa vigente en materia de derecho penal. Así, se condena brutalmente a personas inocentes sin prueba alguna que avale los decisorios. De esa manera pues, podremos nombrar muchísimos ejemplos, empero, por la natural escasez de esta sección, puedo mencionar entre tantos otros el caso del Cabo Julio Flores, del Tcnel. Gustavo Adolfo Alsina, del Dr. Jaime Smart, o del Padre Christian Von Wernich, todos ellos claros exponentes de la obscenidad de la Justicia Federal. Hoy me referiré al último de los nombrados. Ello así en razón de que su caso es casi un reflejo de aquella vieja película de Alfred Hitchcock -que el mismo sacerdote hace poco tiempo citara-, conocida por su título: Mi secreto me condena. En ella, precisamente, un sacerdote católico se sacrifica ante la “justicia” de los hombres por no violar el secreto de confesión. Lo cierto es que, de la misma forma, el padre Christian Von Wernich se encuentra detenido desde hace 23 años en la Unidad 34 de Campo de Mayo, pues, su secreto lo condena. Y esto, tristemente, no es ficción. Él se encuentra confinado, a sus 89 años, como consecuencia de imputaciones criminales absurdas que, como dice el autor de la nota, se encuentran basadas en “criterios de intervención y/o participación criminal donde la orfandad probatoria es absoluta”. Pero claro, es católico y hay que eliminarlo. A nadie le interesa la verdad y, menos aún a los jueces y fiscales federales. Peor aún hoy, en cada ocasión en que se condena a un inocente por algunos de estos vergonzosos juicios, ciertos sectores de la prensa salen a festejar en medio de un tumulto de gente, especialmente jóvenes, que no tienen la menor idea de lo que ha sucedido en la década del 70. Si el precio de mantener intacto el secreto de confesión es cargar con una culpa ajena y vestir el uniforme de los convictos, aceptamos ese precio con la frente en alto, nos enseña el padre von Wernich. Así también, nos cuenta que, en 1985, al momento de declarar en el juicio a las juntas militares, el fiscal Strassera le preguntó sobre algunas cosas que hubiere conocido en virtud del secreto de confesión, lo que catapultó la inmediata reacción del juez Arslanián, quien objetó el interrogatorio recordándole enérgicamente que los sacerdotes tienen la obligación de guardar el sigilo confesional. ¿Los actuales jueces y fiscales federales conocen ello?
El sacrificado sacerdote que lleva casi un cuarto de siglo encerrado en las mazmorras se pregunta: ¿puede un sacerdote ir preso para no violar el secreto de confesión? Frente a este interrogante, los “valientes” jueces y fiscales federales miran para otro lado.
Finalmente: ¿la jerarquía eclesiástica, dónde está? ¿monseñor García Cuerva, qué sucede?
Francisco García Santillán
fgs@abogadosgs.com.ar
Limpieza de calles
Coincido con el lector .J. Vilaboa, quien dias pasados alerto sobre lo inadecuado y peligroso de limpiar la calle con sopladores. No solo hay contaminación sonora y gérmenes que vuelan, sino también la reacción alérgica y ataques de asma que pueden producir. Debe volverse al uso de escobillones.
Juan Carlos Paludi
jcpaludi@gmail.com
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