La impunidad de los administradores de consorcio

Quienes vivimos en edificios de propiedad horizontal tenemos que soportar estoicamente dos calvarios. Uno es el de los encargados de edificios, quienes gozan de una abrumadora cantidad de privilegios, impensados en otros ámbitos laborales. En los últimos quince años, con una asombrosa celeridad y sin que mediara explicación alguna, han alcanzado concesiones, prebendas y prerrogativas sorprendentes.

Algunas, dicho sea de paso, rozan el absurdo, como que reciban una bonificación especial por distribuir las liquidaciones de expensas por las distintas unidades. Sus jefes naturales son los administradores que, al mejor estilo criollo, establecen vínculos estrechos con sus subordinados, permitiéndoles todo tipo de excesos. ¿Alguien conoce el caso de un encargado que haya recibido alguna sanción disciplinaria por iniciativa del administrador?

No hace falta ser demasiado inteligente para entender que esa alianza estratégica está sustentada en la mutua protección de sus intereses. Ambos tienen múltiples razones para denunciar irregularidades, pero optan por la complicidad del silencio. Finalmente, sus dislates, despropósitos y negocios espurios son amortizados por las expensas que abonan propietarios e inquilinos, únicas víctimas de estos atropellos. Los administradores de edificios gozan de absoluta impunidad.

Si bien en el área de la ciudad de Buenos Aires sus tareas están reguladas por la Ley 941, queda claro que nadie controla su actividad. Cabría preguntarse por qué los funcionarios del gobierno porteño actúan de una manera tan laxa. Según estadísticas confiables, más del 70 por ciento de estos individuos han sido denunciados en el ámbito de Defensa del Consumidor que, paradójicamente, obliga al denunciante a formular su queja en forma virtual cumpliendo una serie de pautas y requisitos que luego no se traducen en una explicación sobre lo ocurrido con el expediente iniciado ni con la verosimilitud de los cargos planteados y mucho menos informando sobre eventuales sanciones al denunciado.

Asignatura pendiente de un gobierno que ha descuidado una actividad que funciona con una asombrosa y preocupante inmunidad. Volvemos a preguntarnos por qué. Es más, si uno recurre a los centros de gestión y participación y solicita un registro actualizado de administradores y consulta sobre cuáles de ellos han sido denunciados, los funcionarios admiten que ese registro no existe.

Esta última respuesta alimenta la sensación de una alarmante carencia para quienes pagan el ABL.