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Caso YPF: un fallo que no resuelve la impunidad de los Eskenazi
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Para LA NACIONEnrique Bruchou
La decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York en el asunto “Petersen (Eskenazi) vs Argentina and YPF” es una noticia extraordinaria para el país. Evita un nuevo descomunal desfalco contra Argentina. Y pone en valor la relación que el Presidente Milei ha desarrollado con la Administración Trump, cuyo Departamento de Justicia actuó decisivamente en el expediente en favor de la República.
Ahora bien, el impactante éxito en la Justicia estadounidense de un juicio que nunca debió haber progresado, no debería ocultar aquello mal hecho, o aún no hecho, y sobre lo cual no debe tenderse un manto de olvido.
Este es un primer paso, que evita se cometa un nuevo mega fraude contra la Argentina e YPF. Pero este fallo de Nueva York no resuelve la impunidad de la familia Eskenazi, y sus socios ocultos, que perpetraron el mayor desfalco de la historia moderna Argentina.
YPF fue vaciada por la administración Eskenazi, que se hizo dueña de una parte de YPF sin poner un solo peso de su bolsillo gracias a una decisión del matrimonio Kirchner. Eskenazi luego obtuvo la administración de la compañía y a partir de allí usó el dinero de la propia YPF para pagar la compra de sus acciones, todo ello como socios ocultos o testaferros de la familia Kirchner (según se explica en un informe detallado de la UIF del año 2018).
En síntesis, este fallo evita un segundo fraude a la Argentina e YPF, que consistía en que aquel que ingresó al capital de YPF, y vació la compañía -Eskenazi- en sociedad con los Kirchner, vuelva a cometer un segundo desfalco demandando exitosamente a YPF y la República, en lugar de haber sido demandado por estos dos últimos, como correspondía. Esto último nunca sucedió y no fue un descuido.
Aquí corresponde aclarar una cuestión central, por la desinformación que las partes interesadas han intentado, con algún éxito, introducir en los medios. Eskenazi tenia para cobrar del fallo 5,4 billones de dólares. Eskenazi cedió a Burford el 70% del producido de un eventual fallo favorable, y retuvo para si el 30% de dicho fallo. Al día de la fecha, el fallo de 16 billones de dólares llevaba acumulado 2 billones de dólares de intereses judiciales. Es decir el 30% de la referida sentencia más intereses representaba para el vaciador de YPF, es decir Eskenazi, 5,4 billones de dólares.
Dicho vaciamiento, que aún permanece impune, se debe a la falta de voluntad de las sucesivos gobiernos argentinos, y también de los sucesivos directorios de YPF que sucedieron a la administración Eskenazi. Ninguno de ellos persiguió ni demandó a estos últimos, ni criminalmente ni para recuperar el dinero robado de YPF. Es decir, no hicieron nada.
Esta inexplicable inacción provocó la impunidad de Eskenazi, y le permitió, además, tener el camino libre para demandar a YPF y a la República. Este juicio jamás hubiera progresado si YPF y el Estado hubieran demandado a Eskenazi por el fraude que informa la UIF en el año 2018, y\o hubieran instado alguna acción para recuperar lo que allí se informa como robado.
Comenzando con la administración de Cristina Kirchner que designó un directorio en YPF que no tomó las acciones que correspondían a su rol fiduciario, cuando se encontró con un desfalco de tamaña proporción, ni tampoco persiguió a los responsables para que restituyan lo robado, como señala el informe UIF 2018.
Mas problemático aun, cuando se advierte que este actuar desarreglado del directorio, no aparece como posible si hubieran actuado adecuadamente los mecanismos internos de YPF, a cargo de los departamentos con injerencia en la materia, entre otros Legales, Compliance y Auditorias Interna y Externa.
Algunos de los funcionarios relevantes de dichos departamentos aún permanecen en la empresa con cargos jerárquicos. Más complicado aun tratándose de una compañía que cotiza en bolsa en Nueva York, y que debe cumplir con rigurosas normas de actuación en defensa de todo sus accionistas.
Ese incomprensible actuar, se continuó sucesivamente hasta la administración Milei, y aún continúa. Tan solo la doctora Elisa Carrió efectuó en soledad una denuncia penal que recayó en el juzgado del doctor Ariel Lijo. Casi 20 años después no se ha investigado debidamente el asunto, y el juzgado no se ha pronunciado aún. La administración Milei, en vez de impulsar su juicio político, propuso la designación del doctor Lijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este gobierno ha recibido entre 2024 y 2025 propuestas de dos firmas jurídicas estadounidenses proponiendo llevar este desfalco también ante la justicia penal de EE.UU., que tiene clara competencia para ello.
Atento a que no sería realista ser optimista con el expediente a cargo del doctor Lijo después de dos décadas, parece solo de sentido común que debieron y deben atenderse las propuestas de llevar esta materia a la Justicia de EE.UU., si se desea evitar que se consolide o perpetúe la impunidad en este caso paradigmático.
No se trata solo de castigar criminalmente a los culpables. También de recuperar el dinero ilícitamente sustraído de YPF, en lo cual la justicia estadounidense es también especializada. El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ), que hace las veces de fiscal en esta materia, cuenta con amplísimos poderes legales para hacerlo, con el FBI como su brazo armado investigativo.
Y su actuar les resulta aterrador a los delincuentes de cabotaje, que comprenden que de probar el DOJ sus crímenes deberán cumplir inexorablemente sus condenas en las cárceles de EE.UU.
Basta observar el caso FIFA y los impactantes resultados obtenidos cuando interviene decididamente la justicia penal de EE.UU.. Asimismo dichos organismos tienen amplia experiencia en detectar y descubrir el destino oculto del dinero producto de esos delitos, cosa que casi nunca ocurre en nuestros juzgados criminales y cuando ocurre es por valores insignificantes en relación al tamaño del dinero robado y oculto.
El valiente fiscal Diego Luciani, extraordinario integrante de nuestro Poder Judicial, tiene a su cargo la búsqueda de activos por un monto equivalente a seiscientos millones de dólares de Cristina Kirchner, a cuyo pago fue condenada en la causa conocida Vialidad, que dicho fiscal impulsó exitosamente.
Dada la ausencia de resultados significativos que nuestros juzgados han tenido en recuperar activos de cientos de billones de dólares producto de la corrupción de las últimas décadas, no recurrir a la Justicia de EE.UU. para que colabore en ello, equivale a una ausencia de voluntad política.
En especial a la vista de los resultados que el decidido apoyo de la administración Trump ha tenido en el éxito que acaba de obtenerse en el juicio iniciado por Eskenazi (Petersen). Solo cabría esperar el apoyo de Trump en la persecución penal y recupero de activos de los bienes tanto de los Kirchner como los de sus socios y testaferros, en este caso la familia Eskenazi.
La coyuntura es más que oportuna para iniciar una investigación penal en EE.UU., pues hoy es política de Estado de la actual administración de EE.UU. perseguir a las cleptocracia de la región. El senador Marco Rubio pidió al gobierno de Joe Biden sanciones contra Cristina Kirchner, a quien llamó “cleptócrata convicta por robar billones de dólares”. Mas recientemente, ya como Secretario de Estado, le prohibió el ingreso a EE.UU..
La administración Milei ha rechazado llevar el caso a las Cortes Penales de EE.UU., como se explicó más arriba. Existen múltiples estudios jurídicos de dicho país con probada experiencia para ello, además de las dos firmas que le propusieron dicho curso de acción al presidente Milei.
Con lo cual no constituye excusa válida la expuesta por la Procuración, al explicar públicamente que dichas dos firmas no serían las más adecuadas para llevar el caso a la justicia penal de EE.UU. (Ver la nota de investigación de Hugo Alconada Mon del 19 de julio de 2025 “Caso YPF: el Gobierno recibió dos propuestas de estudios de EE.UU. para denunciar a los Eskenazi ante el Departamento de Justicia”).
Los abogados de la Argentina en Nueva York, la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia y la Procuración del Tesoro, a través de los funcionarios que se sucedieron durante la presente administración, se opusieron fervorosamente a ello. No han dado aún una explicación de los motivos de esa oposición.
Lo que sí esta claro es la existencia de conflictos de intereses de los abogados de la Argentina para actuar, por vínculos profesionales con Eskenazi o sus socios, o vínculos con los Kirchner, no obstante lo cual intervinieron.
El doctor Robert Giuffra Jr. fue designado como abogado de Nueva York para el litigio YPF por Carlos Zannini, cuando este último era procurador de Alberto Fernández. Zannini removió para ello al abogado de Nueva York designado por el doctor Bernardo Saravia Frías, procurador de la administración Macri. El doctor Zannini fue funcionario del Banco de Santa Cruz, de propiedad de Eskenazi, y funcionario de los Kirchner.
El doctor Rodolfo Barra, designado como procurador por Milei, se excusó de participar en este asunto por conflicto de intereses, al igual que el doctor Santiago Castro Videla, que lo sucedió como procurador.
Sin embargo, ambos participaron en reuniones por este tema para oponerse a la iniciativa para que estos delitos se investigaran también en los tribunales penales de EE.UU, sabiendo que la investigación en la Argentina nunca avanzó seriamente.
El doctor Andrés de La Cruz, subprocurador responsable directo a cargo de este litigio, fue en su época el abogado en Nueva York de la familia Eskenazi para la controvertida transacción de compra de YPF.
El doctor Alejandro Melik, a cargo de la Oficina Anticorrupción, consideró que no obstante el referido rol de De La Cruz asesorando a Eskenazi en dicha transacción de YPF, no tenía conflicto para representar a la Argentina en el juicio que le iniciara justamente Eskenazi (Petersen) en el asunto YPF. Una opinión que pone en duda la utilidad de dicha oficina.
Es decir, las dos familias -Eskenazi y Kirchner - que deberían ser objeto de investigación por la justicia penal en EE.UU., ya que la causa en el juzgado del doctor Lijo no ha progresado, ni tampoco ha sido impulsada por la Procuración, no han sido investigadas en dicha jurisdicción por oposición, precisamente, de los funcionarios con vínculos profesionales admitidos y públicos con dichas dos familias. El flamante procurador, Sebastián Amerio, tiene la facultad para hacerlo. Existe una creciente necesidad de demostrar que este gobierno no tolera la corrupción y que la combate.
En una época en que la ciudadanía ha vuelto a colocar a la corrupción entre sus mayores preocupaciones (por debajo del empleo y el salario), una acción decidida del procurador en este desfalco emblemático de la corrupción en la Argentina, contribuiría a mejorar esa percepción. Más imprescindible aun éticamente, cuando se le pide simultáneamente a la población esfuerzos de tipo extraordinario. Por otro lado, el riesgo país nunca bajará a los niveles necesarios para un despegue definitivo de la Argentina mientras la debilidad de las instituciones para combatir el crimen y el delito no mejore sustantivamente.
Mientras tanto, el universo inversor internacional al cual se desea acceder, permanecerá elusivo, con excepción de aquellas compañías de recursos no renovables acostumbradas a invertir en Africa y regiones de similares características (que en algunos fondos se denominan “exotic markets”).
No será suficiente para atraer inversores exhibir logros en materia de disciplina fiscal u otros, en tanto la calidad de las instituciones permanezcan no solo desatendidas, sino también se persiga debilitarlas aún más, y en ocasiones cooptarlas. Ello para evitar que rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, o a la Justicia, los funcionarios públicos que están obligados a hacerlo, cuando actúan fuera de la ley.
Adicionalmente, existen esfuerzos para acallar o desprestigiar a los medios a través de injurias, escuchas de la SIDE, como denunció el prestigioso periodista Hugo Alconada Mon.
Es imprescindible que la ciudadanía no utilice la doble vara para juzgar los mismos actos disvaliosos, según la orientación ideológica del gobierno de que se trate, sino que ejerza un pensamiento crítico, alejado del pensamiento único, como hace el mejor periodismo del país, a pesar de las consecuencias negativas que ello les acarrea. Prueba de su alto valor republicano lo constituyen aquellas causas judiciales, que avanzan por impulso de las investigaciones del periodismo, y no de la juzgados donde ellas tramitan.
Esta columna de opinión es realizada a título personal y no representa la opinión del estudio que el autor fundó y lideró hasta su mudanza al exterior en 2020 y que integró hasta este año.
