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Cien años del Instituto del Profesorado
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El Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González celebra en estos días el centenario de su creación. El hecho es altamente significativo en el panorama de nuestra vida educacional y nos mueve, una vez más, a celebrar y exaltar la visión de quienes echaron las bases de nuestra enseñanza y apuntaron muy claramente a dotar de calidad al sistema.
Así como el normalismo resolvió en su momento el problema de la formación de maestros, en los primeros años del siglo XX había clara conciencia en los hombres surgidos de la Organización Nacional de que era necesario encarar la cuestión de la formación de profesores para el nivel medio. En ese tiempo se advertía una gran diversidad de capacitación entre los docentes secundarios, ya que abundaban los que carecían de títulos para ejercer su función y aquellos otros que, aunque contasen con títulos de grado, no tenían preparación pedagógica. Esto llevó al ministro Juan R. Fernández, durante la segunda presidencia de Julio A. Roca, a establecer exigencias que permitieran modificar esa situación. La más importante fue la obligación de cursar un seminario pedagógico de especialización, establecido por decretos del 17 y 30 de enero de 1903.
En junio de 1904 se fundó el Colegio Nacional, que luego habría de llamarse Bartolomé Mitre y que sería la escuela de aplicación para los estudiantes del citado seminario. El 16 de diciembre de 1904, por un decreto impulsado por Joaquín V. González durante la presidencia de Manuel Quintana, se concretó la creación del aludido seminario de un modo que amplió la iniciativa original. Lo que obró como objetivo constante fue la aspiración de formar un personal con idoneidad en lo teórico y en lo práctico, de manera que tuviese el nivel de conocimientos suficiente y supiese cómo transmitirlos.
Durante un breve lapso subsiguiente, el Instituto funcionó como anexo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, hasta que Rómulo Naón, ministro de José Figueroa Alcorta, entre 1909 y 1910 decidió darle la modalidad que mantuvo básicamente, como instituto formador de profesores en materias específicas. Ese carácter otorgó al establecimiento un particular prestigio, cimentado por los profesores alemanes de primera línea que fueron contratados para poner en marcha un modelo de formación traído de su país. Administrativamente, el Instituto pasó a depender, entonces, de la Inspección General de Enseñanza Secundaria y Especial.
A lo largo de muchas décadas de trabajo eficiente, esta casa de estudios debió afrontar problemas delicados. Uno, el más constante desde su nacimiento hasta los cien años, la carencia de sede propia. Tuvo, así, un destino itinerante que limitó sus posibilidades. Curiosamente, el ministro Rómulo Naón ya le había asignado un predio y se había procedido a la colocación de su piedra fundamental. Al cumplirse la primera década de vida, el rector Guillermo Keiper señaló esa carencia que persiste todavía: en efecto, aún no se ha logrado darle efectiva solución.
Una cuestión de otra índole se planteó en los años 90 al producirse la transferencia de los servicios educativos, seguida de sus lentas definiciones de carácter jurisdiccional y administrativo, que dilataron su proceso de normalización. Con la sanción de la ley de educación superior 24.521/95, se plantearon nuevas opciones para los profesorados, ante las cuales importa mucho mantener los valores de tradición e identidad institucional que han distinguido a un establecimiento cuya jerarquía debe ser fiel al pensamiento del ilustre Joaquín V. González.
