Cinco respuestas al dilema coronavirus

Tengo 75 años y respeto el aislamiento porque quiero seguir viviendo.

Ante esta pandemia que nos enfrentó a lo desconocido tuvimos en la Argentina una ventaja: empezar después. En muchos países, la propagación fue tan rápida que los sistemas sanitarios quedaron desbordados, con casos extremos como Italia, Ecuador o Chile.

Es difícil estimar el número de contagiados, ya que depende del número de testeos y hay muchos casos de asintomáticos o con síntomas leves. El virus tiene consecuencias letales en mayor medida entre los trabajadores de salud, los menores con preexistencias severas y los mayores de 65 años con patologías preexistentes. En Italia el promedio de edad de los muertos es de 79 años, en nuestro país de 75 años. En EE.UU. el 78% de los fallecidos y en Chile el 75% son mayores de 65 años.

En nuestro país, con el objetivo de "aplanar la curva" y disponer de tiempo para aumentar los recursos del sistema de salud, en una primera etapa se organizó exitosamente y con apoyo general un confinamiento severo y un seguimiento de los casos confirmados, estrategia esta última difícil de implementar a medida que prevalece el contagio comunitario.

Luego de 90 días y según avanzó la epidemia, se han definido diferentes "fases de aislamiento" con el fin de contener el contagio que sigue aumentando, con grandes diferencias regionales y gran prevalencia de casos de contagiados y fallecidos en el AMBA.

El principal efecto de estas disposiciones, luego de la etapa de aumento de recursos sanitarios, ha sido postergar la muerte de la gente de edad avanzada con riesgo previo a causa de problemas de salud preexistentes.

La población con pobreza crónica presenta tasas significativamente mayores de desempleo, informalidad y precariedad y están más expuestos a la caída de la actividad económica.

En un documento elaborado a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares entre 2003 y 2019 (Cedlas, Universidad Nacional de La Plata, 2019) se compara el 10% de la población de mayores recursos socioeconómicos con el 10% de la población con pobreza crónica. Se puede ver que el 10% de mayores recursos incluye un 30% de personas de 65 años y más, mientras que el 10% de población de pobreza crónica tiene apenas un 0.5% de 65 años y más. En el 10% siguiente de pobreza este grupo etario representa el 1.2%. Esta diferencia en la proporción de población de edad avanzada es por migración de gente joven pero también porque los sectores de más ingresos y posiblemente más capital acumulado tienen mejor calidad y más esperanza de vida, en parte por acceso diferencial a los recursos de salud, en especial a los de alta complejidad. O sea que el aislamiento, desde el punto de vista de la política sanitaria, tiene el efecto no deseado de priorizar el cuidado de los sectores de mayor nivel socioeconómico.

Como otros costos no deseados de estas medidas, la población con pobreza crónica presenta tasas significativamente mayores de desempleo, informalidad y precariedad y están más expuestos a la caída de la actividad económica.

Con una mirada hacia el futuro de nuestro país, el cierre de las escuelas ha ampliado la desigualdad educativa por el diferente acceso de los docentes y de los alumnos a la conectividad y por la falta de dispositivos adecuados para la realización de las tareas escolares.

¿Cuánto puede durar este aislamiento? ¿Encontraremos al salir un país devastado?

Actualmente podría haber respuestas con menos costos sociales y más adecuadas a la pandemia desde el punto de vista de las políticas sanitarias y la equidad, obviamente con matices y con medidas adicionales:

Primero, permitir la actividad económica para crear empleos y tratar así de contener el doloroso proceso de exclusión que afecta duramente a la población de menores recursos.

En segundo lugar, enfocar la asistencia y los cuidados muy intensivos en las personas de alto riesgo, brindando los recursos y los servicios necesarios para la población de mayor edad y/o con enfermedades preexistentes que no estén en condiciones socioeconómicas para autoabastecer sus necesidades. Esta perspectiva tiene costos económicos y sociales para el país mucho menores que la suspensión de tantas actividades económicas.

Tercero, la población mayor de 65 años de sectores que pueden autoabastecerse debería continuar el aislamiento con el fin de no competir por los recursos del sistema de salud de mayor complejidad. Una emergencia como la actual implica un cierto cercenamiento en las libertades individuales, más aun considerando las posibilidades de trabajo y relaciones que gozan los sectores de mayores recursos gracias a la virtualidad.

Además, se debería poner especial énfasis en proteger a los trabajadores de la salud, capacitando e incorporando más personal.

En quinto lugar, se debería permitir a los niños, jóvenes y adultos de mediana edad sus actividades habituales controlando el cumplimiento de las medidas de prevención como barbijo, distanciamiento o impedir reuniones numerosas en sitios cerrados que propaguen con más rapidez la pandemia o pongan en peligro a la población de alto riesgo.

Tal vez los funcionarios más jóvenes que diseñan las políticas y deben tomar difíciles decisiones todavía no pueden comprender que "los ríos corren hacia abajo". En nuestros últimos años no queremos ser protagonistas de un episodio de egoísmo intergeneracional y social, sino que es necesario encontrar un camino para un proyecto de país que brinde un futuro para nuestros hijos y nietos en un contexto de mayor equidad social. Cuando dentro de unos años los jóvenes de hoy contemplen cómo funcionamos en esta pandemia, ¿cómo lo evaluarán?

Socióloga