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Clientelismo político y corrupción
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Descifrar cuáles han sido los errores y los vicios causantes de la gravísima crisis económica, política y social que agobia a nuestro país y a otras naciones de América latina implica un severo desafío, que no han rehusado estudiosos y analistas de los más diversos orígenes. Uno de ellos, Andrew Nickson, investigador de la Universidad de Birmingham, entrevistado en estos días por LA NACION, acaba de poner el acento sobre la corrupción y el clientelismo político, endémicos males cuya perversa influencia es bien conocida por quienes padecemos, en nuestro país y en otros de la región, las graves consecuencias de la crisis actual.
Especialista universitario en administración pública y desarrollo en América latina, Nickson no descarta la indudable existencia de otros nocivos factores de degradación. Pero sostiene, sin vacilar, que la desaprensiva utilización de las estructuras de las administraciones públicas para retribuir favores políticos ha sido la progenitora del estancamiento o el fracaso de las políticas tendientes a producir las imprescindibles reformas del Estado en muchos países del subcontinente.
Es necesario profundizar las razones por las cuales la corrupción se pudo enseñorear de las relaciones entabladas entre los viciosos aparatos estatales y los sectores de la actividad privada, fenómeno visible en el caso de las privatizaciones. Aunque positivas en sí mismas, fuera de toda duda, esas operaciones tendientes a desarticular los abusos del estatismo siguen siendo miradas con desconfianza -tal como acaba de ocurrir en el Perú y en el Paraguay- por causa de la carencia de profesionalismo y la falta de eficiencia de los negociadores estatales.
Un aspecto que interesa destacar es el hecho de que Nickson haya sabido poner en su debido lugar y en su justa proporción las interesadas objeciones y los reparos insistentes formulados por ciertos sectores políticos contestatarios para justificar su oposición a la reforma del Estado. En su opinión, sólo esa inevitable modernización del sector público puede garantizar una mejor distribución y un reparto equitativo de los recursos nacionales con objeto de mejorar la situación de los niveles más postergados de la sociedad.
En definitiva, esas consideraciones confirman, ya sea en sus matices más acentuados o, incluso, en sus detalles más sutiles, la generalizada percepción de que el avance de la corrupción dio por tierra con las perspectivas favorables que deberían haber traído aparejados los cambios institucionales llevados a cabo durante la década de los años noventa.
Las lúcidas conclusiones del catedrático e investigador británico -coincidentes con lo que ha sido expresado una y otra vez en esta columna editorial- dan una respuesta concreta y efectiva al masivo interrogante que se están planteando los vastos sectores de nuestra sociedad, perjudicados por la crítica situación actual: ¿cómo se pudo llegar a este profundísimo nivel de deterioro? Experiencia y objetividad se aúnan en el criterio que les imputa enormes responsabilidades al clientelismo político y a la corrupción enquistada en los insondables recovecos de un Estado que, en cualquiera de sus niveles (nacional, provincial y municipal), todavía hoy sigue siendo desmesurado e ineficiente.
Estas observaciones no deberían ser recibidas con exclusivo interés académico. Merecerían tener efectos prácticos. Y tanto más porque Nickson advirtió, con legítima sorpresa, que a pesar del cataclismo económico, político y social nada ha cambiado en la Argentina, donde, por lo contrario, perduran las señales de que la clase política se sigue negando a corregir sus malsanos hábitos.
