Avances y logros pendientes

El acceso a la información pública y la protección de los datos personales son derechos fundamentales, porque así lo define la Constitución y por su estrecha relación con el sistema democrático. Pero los resultados de un estudio reciente que solicitamos desde la Agencia de Acceso a la Información Pública llaman la atención: existe una escasa difusión y un bajo ejercicio por parte de la ciudadanía de esos derechos. A pesar de los indudables avances, todavía queda mucho por hacer.

El estudio hecho en abril y junio arrojó que solo el 39% de la ciudadanía conoce el derecho de acceso a la información pública, y de ellos solo 2 de cada 3 lo han usado alguna vez. En protección de datos personales, solo el 34% conoce este derecho y un 22% sabe cómo hacer denuncias ante su vulneración. Lo positivo es que ambos derechos son considerados importantes por la amplia mayoría: casi el 90% en el caso de la protección de los datos personales y más del 83% en el acceso a la información pública.

La Agencia de Acceso a la Información Pública es una autoridad independiente que vela por el respeto de ambos derechos, creada en 2017. Es hoy una voz escuchada en el ámbito global, siendo parte de distintos foros regionales e internacionales. Trabajó para que nuestro país se convierta en Estado parte del Convenio 108 para la protección de las personas, único tratado internacional en materia de protección de datos personales. Como Estado parte se facilita la cooperación para investigar en casos de empresas que no se encuentran en la Argentina. Además, la Agencia impulsa un proyecto para actualizar la ley de protección de datos personales, que se encuentra en trámite en el Senado.

En sus pocos años en funciones, la Agencia hizo procesos de investigación en materia de posibles vulneraciones de los datos personales y ha intimado al Gobierno a proveer información pública. Hasta hace pocos años hubiese resultado insólito pensar que la Agencia sancionara a un importante proveedor de servicios de internet a nivel global, investigara e hiciera recomendaciones a organismos públicos en lo concerniente al tratamiento de datos personales o intimara a proveer información pública sin distinción de la jerarquía de los funcionarios.

No se puede ejercer plenamente un derecho que no se conoce. Por ello, la Agencia debe redoblar los esfuerzos para que eso suceda. Generar guías en formatos claros y accesibles, producir cartelería y folletería destinada a las mesas de entradas de los organismos públicos para que se difundan los derechos, diseñar campañas en redes sociales y una lista aún más larga son tareas iniciadas.

Todo este trabajo a nivel internacional y local tuvo y tiene en mira fortalecer el ejercicio de ambos derechos. Pero es claro que todo lo hecho todavía no alcanza. La Agencia de Acceso a la Información Pública próximamente cumplirá solo dos años desde su instalación. Mucho se ha hecho y mucho se está haciendo. Pero garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho de acceso a la información tanto como llave para ejercer otros derechos como la salud o la educación; o perseguir los estándares más altos en materia de protección de datos para prevenir y reducir vulneraciones a la intimidad de las personas no se hace de la noche a la mañana. El trabajo diario, pero también las encuestas, dicen que hay mucho todavía por hacer para consolidar lo hecho y para seguir avanzando.

Doctor en Derecho. Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública y exrelator para la Libertad de Expresión de la OEA