En la Argentina no hay presos políticos

Hace pocos días, el camarista Alberto Lugones se hizo cargo de la presidencia del Consejo de la Magistratura, órgano que según la Constitución Nacional está encargado, dentro del Poder Judicial, de seleccionar jueces federales inferiores, ejercer facultades disciplinarias e iniciar el proceso de remoción de estos, dictar el reglamento del Poder Judicial y administrar los recursos asignados a este órgano de gobierno.

Se trata de uno de los tres integrantes del Consejo que provienen del sector de los jueces (este órgano está integrado por tres diputados, tres senadores, un representante del Poder Ejecutivo, tres jueces, dos abogados y un representante del ámbito académico y/o científico), y dice desempeñarse también como profesor de derecho constitucional.

El magistrado hizo conocer su postura acerca de la discusión que sobrevuela en la vida política del país acerca de la existencia de presos políticos en la Argentina. Dijo al respecto que según su criterio no los hay, aunque considera que existen detenciones arbitrarias, compartiendo ese criterio con otro profesor universitario que es actualmente nada menos que el presidente de la República.

Quienes nos especializamos en derecho constitucional entendemos que la cuestión de los presos políticos es una discusión, justamente, de corte político, y que cada uno utiliza esa expresión según su ideología o inclinación partidaria. Pues si dejamos que la problemática pase por ese andarivel, no hay mucho que decir, ya que las pasiones en ese terreno anulan los criterios estrictamente jurídicos.

Sin embargo, para los especialistas el tema es mucho más sencillo, porque un preso político es aquel que ha sido privado de su libertad sin orden judicial, o con orden judicial pero sin imputación de delito alguno. Es sabido que la Justicia es administrada por seres humanos y que estos son falibles, pero si alguna detención ordenada en un proceso judicial es cuestionada en cuanto a su razonabilidad, eso no convierte al procesado detenido en un preso político.

En la Argentina no hay detenidos sin orden judicial, y tampoco detenidos a los que no se les hayan brindado las garantías constitucionales mínimas antes de que se procediera a la privación de sus libertades. Eso significa que si exfuncionarios están detenidos con prisión preventiva en el marco de procesos judiciales en los que se investigan sus gestiones como tales, es porque son políticos a los que se ha privado de su libertad (políticos presos), pero jamás presos por su actividad o ideología (presos políticos).

No hay mucho para discutir, en este punto, desde el ámbito estrictamente jurídico, pero si políticamente se quiere usar las expresiones como sofismas o verdades aparentes con fundamentos falsos, es otra cuestión. En todo caso, las cosas no son como algunos quieren, sino como efectivamente son.