Hacia un debate necesario

En la Argentina de 2019 es necesario reemplazar la ley N° 22.278, sancionada en la última dictadura militar, por un régimen que ofrezca respuestas más eficaces frente a adolescentes que delinquen, fomente el sentido de la responsabilidad y promueva su reinserción social, ofreciéndoles alternativas de vida que los alejen del delito y los vinculen de manera positiva con la comunidad.

Por eso, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hemos decidido apostar por un nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil y hemos presentado un proyecto de ley enviado por el presidente de la Nación al Congreso para que sea discutido por sus legisladores.

Esta propuesta tiene un abordaje integral, multidisciplinario y un enfoque restaurativo, en el que los jueces cuentan con el apoyo de un equipo compuesto por trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales, diseñando un plan individualizado que permita establecer las medidas más adecuadas para cada adolescente en conflicto con la ley penal y asegurar así su cumplimiento mediante un seguimiento sostenido y eficiente.

Asimismo, se ha hecho foco en la organización de una Justicia especializada en la materia y se ha puesto a disposición de los magistrados una batería de medidas socioeducativas y disciplinarias que incluyen desde la asistencia a programas educativos, deportivos o de capacitación laboral hasta la prestación de servicios comunitarios, la prohibición de conducción de vehículos o la abstención del uso de drogas o bebidas alcohólicas, entre otras. A su vez, el proyecto prevé que, en el caso de delitos leves y previa intervención de la víctima, se puedan aplicar institutos como la remisión, la mediación y la conciliación, para evitar el contacto del adolescente con el sistema penal, cuando ello sea innecesario o pueda resultar perjudicial.

Esto va en línea con los esfuerzos que se han hecho desde esta gestión para la promoción del enfoque restaurativo y los métodos alternativos de resolución de conflictos en materia penal juvenil, que incluyeron la aprobación en 2018 del Protocolo en Mediación Penal Juvenil Restaurativa y Acuerdos Restaurativos, redactado a partir de la experiencia de distintos organismos de todo el país que trabajan en la temática. Los institutos mencionados en los párrafos anteriores aportan al sistema una versatilidad distintiva que permite abordar la problemática presentada en cada caso de manera individual, particularmente teniendo en cuenta que se trata de personas menores de edad que se encuentran en pleno desarrollo.

No obstante, se asegura el respeto de todas las garantías procesales consagradas en la Constitución nacional y en los tratados internacionales, como así también todas aquellas que les corresponden en tanto sujetos protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño. Por otra parte, la implementación de tales medidas implica que la privación de la libertad del adolescente será utilizada como último recurso, solamente en casos graves y frente al fracaso de otras medidas. Esta anteproyecto es el resultado de más de tres años de trabajo y el producto de los debates con jueces, legisladores, académicos y distintos actores de la sociedad civil, llevado a cabo a través de Justicia 2020, el programa de participación ciudadana en el desarrollo de políticas públicas en materia de justicia del ministerio.

Sin lugar a dudas, los consensos logrados en este proyecto de reforma serán la base para una discusión que dé como fruto un Sistema Penal Juvenil acorde con los estándares internacionales.

Secretario de Justicia de la Nación