La batalla que viene es por los fondos porteños

En fugaces apariciones públicas en el conurbano bonaerense, la vicepresidenta Cristina Kirchner definió la futura batalla política y cultural que sostendrá desde su bastión electoral en la provincia de Buenos Aires. Será por los fondos que recibe la "privilegiada" ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, una injusticia -en su mirada- que beneficia a los porteños frente a las penurias de otros distritos, como algunos municipios del conurbano que viven en el barro y se inundan ante la primera lluvia. Cuando era candidato, Alberto Fernández también había prometido revisar los fondos que van a la "opulenta" Capital.

"La Matanza tiene 325 km, viven 2.400.000 compatriotas y el presupuesto del año 2019 ha sido de 10.000 millones de pesos. La Capital Federal, con 100 km cuadrados menos, la misma cantidad de habitantes y menos necesidades, tuvo un presupuesto de 350.000 millones de pesos", dijo Cristina Kirchner en el acto de asunción de Fernando Espinoza como intendente de La Matanza. "En Capital hasta los helechos tienen luz y agua, mientras en el conurbano chapotean en agua y barro", afirmó la vicepresidenta.

Para sostener su argumento de la necesidad de un reparto más equitativo de recursos, no es casual que incurra en una falacia al pretender equiparar la ciudad de Buenos Aires con las intendencias del conurbano, la mayoría de las cuales han estado en manos peronistas desde la vuelta de la democracia, como es el caso de La Matanza. Sabe que no son comparables y que lo correcto sería contrastar a la Capital Federal con las provincias.

Cristina Kirchner agita la bandera de la injusticia desde un atril en la provincia de Buenos Aires, que históricamente fue relegada en la distribución de fondos a pesar de ser el distrito que más aporta al PBI (40%) y a la masa de impuestos que recauda la Nación y solo recibe el 21%. La provincia que el peronismo gobierna desde 1987 -con el paréntesis de cuatro años en manos de María Eugenia Vidal, hasta el 10 de diciembre- alberga en el conurbano al mayor número de pobres del país (12,3 millones, el 34,8% del total, según el Indec) y concentra las mayores necesidades de infraestructura. En ese período, la pobreza estructural se consolidó en torno de los 30 puntos.

Igual que en la provincia, la ciudad de Buenos Aires genera el 20% del PBI nacional y aporta a la masa coparticipable entre el 22% y el 25% mientras percibe el 3,5%. Es un espejo de lo que ocurre cruzando la avenida General Paz, aunque con menos necesidades. No quedan calles por asfaltar, distinguió la vicepresidenta. Es cierto, las obras concluyen y también lucen de otro modo. Como ocurrió con el metrobús en la 9 de Julio, que se hizo cuando el flujo de aportes nacionales era prácticamente nulo, o ahora con el Paseo del Bajo, que se financió con la venta de inmuebles de la ciudad, créditos de la CAF (Corporación Andina de Fomento) y fondos inyectados por el gobierno de Mauricio Macri.

"Vemos cómo un modelo que concentra aún más la riqueza construye un fantástico túnel para que a los vecinos de Puerto Madero -entre ellos, el presidente Fernández o los potenciales inquilinos de dúplex de los Kirchner en Madero Center- no los molesten los camiones mientras se inunda media Buenos Aires cada vez que llueve", lanzó Cristina.

La ley de coparticipación estableció que de los fondos que les corresponden a las provincias -un 56,6% de la masa total de la recaudación impositiva- la ciudad debía recibir 1,9%. Sin embargo, en 2003 ese porcentaje bajó a 1,4% y volvió a alterarse en 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri le transfirió la Policía Federal a la Ciudad y lo hizo con los recursos para sostener su funcionamiento y el pago a 27.000 agentes. Ese año se elevó a 3,75% y luego, en el pacto fiscal firmado con las provincias en noviembre de 2017, bajó al actual 3,5%.

El aumento de recursos para la ciudad se hizo con fondos nacionales y no a expensas de los recursos de las provincias. En las oficinas de Horacio Rodríguez Larreta esperan la embestida. Ya recibieron algunos comentarios de funcionarios nacionales, pero hasta ahora no hubo ninguna propuesta formal ni concreta. "Mi olfato es que lo van a plantear, pero no puede haber una decisión unilateral", desliza uno de los principales integrantes del equipo del gobierno porteño, que habita el edificio de la calle Uspallata, en el barrio de Barracas.

El argumento central para defender el statu quo es que la administración porteña financia servicios que utilizan a diario no solo sus 3 millones de habitantes, sino otros 3 millones de personas que todos los días ingresan en la ciudad a trabajar o pasear. La seguridad debe garantizarse para todos, lo mismo que la salud pública. En los hospitales porteños se realizan 9.000.000 de atenciones por año y más de la mitad son de residentes de la provincia de Buenos Aires. Y el 25% de los alumnos en escuelas de la ciudad provienen de otros distritos, en su mayoría del bonaerense.

El discurso anticiudad de la vicepresidenta puede funcionar con los intendentes del conurbano y agitar a los militantes, pero profundiza la grieta en el distrito del Presidente, en lugar de tender puentes e intentar seducir a un electorado históricamente adverso. Prevalece, al final, la sensación de venganza.