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La construcción del nuevo relato
En los nuevos tiempos vuelven los viejos vicios. El retorno del relato, instrumento de interpretación de la realidad al que el kirchnerismo apeló sin tregua durante la "década ganada", fue más veloz de lo que se podía imaginar. Poco importan los hechos y las pruebas que lo sostienen, porque lo que debe prevalecer e imponerse es la construcción conceptual de la realidad. Es ahí donde se da y se tiene que ganar la batalla cultural y política. Es esto, precisamente, lo que subyace en los decretos de designación de funcionarios del flamante gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que apela al concepto de lawfare (guerra judicial) para rechazar el procesamiento -cuando integraban el gobierno de Cristina Kirchner- de dos de sus flamantes colaboradores.
Kicillof se eleva como el garante del legado ultracristinista, que tendrá en La Plata a su vértice iridiscente con apoyos territoriales en el Gran Buenos Aires, en particular Quilmes y La Matanza. Fue precisamente en esos distritos donde los traspasos de mandos municipales se convirtieron en una exhibición de lo más concentrado del kirchnerismo. La batalla cultural también se extenderá a todas las universidades con asiento en la provincia, tanto nacionales como bonaerenses. Será desde un consejo interuniversitario que dirigirá Florencia Saintout, que siendo decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata degradó a esa casa de estudios para transformarla en una colina del fanatismo panfletario y abrigo de los extremos radicalizados, como el jefe de Quebracho, Fernando Esteche, entre otros.
En la construcción del nuevo relato se impone el término lawfare por encima de cualquier otra idea fuerza sobre la que gira el flamante discurso. Es la justificación para atacar e invalidar los procesos judiciales que investigaron presuntos casos de corrupción en tiempos del kirchnerismo, como es la causa por irregularidades en el plan Qunita, por el que fue procesado y enviado a juicio oral el exministro de Salud de Cristina Kirchner y flamante titular de la cartera sanitaria bonaerense, Daniel Gollán. "Dicho proceso se encuadra bajo el concepto de lawfare, entendido como el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación, donde se combinan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa", sostuvo Kicillof en los decretos en los que designó a Gollán y también a Cristian Girard (como titular de ARBA), involucrado en la causa del dólar futuro.
Desde ahora no se podrá decir que son argumentos académicos. Están plasmados en una norma que le da fuerza al nuevo relato: "Una causa judicial iniciada en el marco de un proceso de persecución política, judicial y mediática inédito en la República Argentina, desde el retorno a la democracia en 1983".
La idea del intento de los "poderes concentrados" para destruir y acabar con los gobiernos populares de América Latina se viene gestando desde que los casos de corrupción en Brasil -con los sobornos de Odebrecht en primerísimo plano- arrastraron a Lula y a dirigentes de varios partidos políticos a la cárcel y terminaron con el gobierno de Dilma Rousseff. Luego, la acuñó el papa Francisco: "Con los instrumentos propios del lawfare -sostuvo el Pontífice ante jueces de todo el mundo, se instrumentaliza la lucha, siempre necesaria, contra la corrupción con el fin de combatir gobiernos no gratos, reducir los derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que se benefician aquellos que aspiran a ejercer un poder autoritario". Con la bendición papal como cimiento, se aceleró la construcción del nuevo edificio para alojar el relato de la restauración cristinista. El regreso al poder le brinda ahora la potencia que necesitaba para instalarlo como doctrina.
La utilización de ese término, acuñado por un militar norteamericano en los albores de la guerra lanzada por Estados Unidos contra el terrorismo luego del ataque del 11 de septiembre de 2001, fue mutando. Originalmente, se utilizó para describir acciones de ofensiva legal en el contexto de un conflicto armado, en aquel caso frente a Al-Qaeda. Luego, como ha ocurrido con muchos términos militares, fue adoptado para interpretar acciones políticas. Una debilidad en el peronismo que históricamente abrazó el lenguaje militar para describir sus movimientos. Y esa metamorfosis, que provocó una reinterpretación del concepto, terminó en el lenguaje kirchnerista para sostener su relato de la historia.
A partir del discurso antigrieta del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, el día de su asunción, surgen interrogantes sobre cómo será la convivencia con los sectores más radicalizados del cristinismo, abrazados a las banderas de la revancha y la restauración hegemónica. Si bien Fernández también apeló ese día a la idea, pero no al término del lawfare, planteó algunos matices con el kirchnerismo duro, que quedaron más marcados por el camino tomado por Kicillof. Fernández, que en vías de construir su propia base de poder prometió un futuro sin rencores -el gesto del abrazo con Mauricio Macri pareciera convalidarlo-, tendrá la ardua tarea del equilibrio frente al tironeo de un relato revanchista que se levanta en la trinchera de Cristina.
