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La derrota de la impunidad
Cuando parecía que la humanidad había aprendido de las matanzas, persecuciones y asesinatos en masa del régimen nazi para no producirlas otra vez, la década del 90 comenzó con las mismas imágenes aterradoras en la ex Yugoslavia y en Ruanda. Actualmente se cumplen 25 años de la creación del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), una instancia judicial que buscó enjuiciar y castigar a quienes cometieron delitos de genocidio; crímenes contra la humanidad y violaciones al artículo 3 de los Convenios de Ginebra en ese país africano, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1994. En ese período murió casi 1 millón de personas mayoritariamente de la etnia tutsi (el 75% del total de esa población) a manos hutus, a través de una organización planificada, sistemática y metódica del Estado ruandés, que recuerda la metodología seguida por el Tercer Reich.
La evidencia de lo que ocurría era incontrastable, pero la pasividad de las grandes potencias (EE.UU.) y exmetrópolis (Francia y Bélgica) frente a esa carnicería llevó a que tardíamente se aprobara la resolución 955 del Consejo de Seguridad de la ONU, que creó el TPIR en virtud de que los hechos que estaban ocurriendo ponían en peligro la paz y seguridad internacionales, según lo definía el Capítulo VII de la Carta de ese foro multilateral.
¿Qué aprendizajes se obtuvieron a partir del TPIR? Por primera vez se aplican dos figuras jurídicas en el derecho internacional penal: el genocidio y la violación de mujeres como una manera de perpetrar el genocidio. El TPIR falló contra los responsables de un plan sistemático para destruir totalmente o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, ya que en los tribunales de 1945 se usó la figura del exterminio de judíos, homosexuales, gitanos, entre otros colectivos, pero no estaba la del genocidio. Con respecto a las violaciones sistemáticas de mujeres, el TPIR sentó un precedente al considerar genocidio la violencia sexual, ya que es usada con la intención de erradicar a un grupo determinado. Según registros del TPIR, entre 1000.000 y 250.000 mujeres tutsi fueron asaltadas sexualmente como una práctica de guerra. Hoy persiste la estigmatización de esas mujeres.
A partir del TPIR, la comunidad internacional entendió la necesidad de crear una Corte Penal Internacional (CPI) permanente, dejando de lado las experiencias de los tribunales ad hoc de Nuremberg y Tokio de 1945, de la ex Yugoslavia de 1993 y de Ruanda de 1994. En 1998 se aprobó el Estatuto de Roma, que crea el Tribunal Penal con sede en La Haya. Lo llamativo y paradójico del caso es que mientras jueces que representaban a EE.UU., el Reino Unido, Francia, China y la URSS (hoy Rusia) juzgaron a los criminales de la Segunda Guerra Mundial, esos mismos países no forman parte de la CPI.
Los jueces del TPIR condenaron a 62 personas, entre ellas, el primer ministro, el ministro de Defensa y el jefe de las FF.AA., además de religiosos y milicianos. Catorce personas fueron absueltas; 10 remitidas a juzgados locales de Ruanda; 3 fallecieron antes del proceso o durante él, y hay algunos prófugos. Fueron paradigmáticas las condenas por genocidio a empresarios dueños de medios de comunicación, quienes a través de distintas emisoras de radio y televisión y un periódico lanzaron alocuciones racistas cuya influencia fue determinante para que, según un estudio de la Universidad de Harvard, más de 50.000 personas fueran asesinadas.
Doctor en Ciencia Política. Autor de Malvinas: una hoja de ruta. Herramientas para la política exterior argentina
