La estrategia cristinista de persistir en la polarización con Macri

Es probable que Cristina haya resuelto persistir en la polarización con Macri antes de que Fernández propusiera a la Asamblea Legislativa una continuidad de las utopías que no pudo cumplir el expresidente: la lucha contra el hambre como otra expresión de la pobreza cero, una reforma judicial y la unidad nacional. El conflicto que persigue recrear la vicepresidenta no es ideológico, sino político. Necesita mantenerlo como prioridad para desactivar cualquier debate sobre el liderazgo en el Frente de Todos. Una intención contenida en apariencia por el programa con el que el Presidente intenta persuadir a la oposición de que le delegue facultades propias del Congreso. O es lo que sugiere un aspecto sensible de ese mensaje: la utilización de la Justicia para saldar discusiones políticas, práctica asociada a los últimos años del kirchnerismo en el poder, a través de los vínculos opacos entre la Justicia Federal y el espionaje.

El pasaje dedicado a subrayar que "ningún ciudadano está exento de la ley por más poderoso que sea" tal vez sea el más interesante en ese aspecto, luego de volver a criticar las prisiones preventivas "sin condena judicial firme". Hasta ahora, no hay constancias visibles del efecto de esas palabras en Juntos por el Cambio, conmovido por otro proceso más delicado: la discusión sobre quiénes y cómo conducirán esa fuerza en la oposición. De buena relación con Alberto desde 2007, Alfredo Cornejo aspira a un diálogo constructivo con el nuevo gobierno y defiende la necesidad de una conducción colegiada que no excluya a Macri, pero que lo convierta en uno más. Cornejo reasumió ayer como titular de la UCR por un nuevo período después de una compleja negociación en la que tuvo que aceptar que Mario Negri presidiera el bloque radical de Diputados y el interbloque de Juntos por el Cambio.

Gerardo Morales fue el encargado de celebrar esos acuerdos. Cornejo colaboró para preservar sus intereses en el Senado. Intervino para que Julio Cobos desistiera de disputarle la jefatura del radicalismo a Luis Naidenoff. Curiosamente, es lo que complica al gobernador de Jujuy para cumplir con la promesa realizada a Macri: que Pichetto presida por la oposición la Auditoría General de la Nación (AGN). Cornejo cree que el lugar le corresponde al radicalismo por ser el bloque más numeroso de la alianza. Oferta a cambio que Pichetto sustituya como auditor a Jesús Rodríguez, a quien impulsa para presidir la AGN. Hay un detalle. Por la Constitución Nacional, la titularidad del organismo le corresponde a la oposición, y a su propuesta el candidato a ocuparla es designado con la firma de los presidentes del Senado y de Diputados. El nombramiento de un nuevo auditor debe ser aprobado por el voto mayoritario de la Cámara de Diputados. Es improbable que el Frente de Todos facilite a Pichetto un trámite con éxito. Rodríguez tiene todavía tres años de mandato como auditor.

En el macrismo duro recelan del vínculo de Cornejo con Rodríguez Larreta. No solo por haber designado en el Banco Ciudad a Guillermo Laje, hombre de confianza de Martín Lousteau. También por haber aceptado de la UCR que Álvaro González ocupara la vicepresidencia primera en Diputados. Un argumento más para que Cornejo resista a Pichetto. González es dirigente de Pro, pero responde a Rodríguez Larreta. Al jefe de gobierno porteño se le atribuye trabajar en una amplia articulación de intereses que intentaría sintetizar con su candidatura presidencial. Podría ser el resultado de unas PASO en las que compita contra Cornejo y Lousteau. ¿Con Vidal de compañera de fórmula? Es una especulación que refuerza la polarización con Macri que ensaya Cristina valiéndose de Rodríguez Larreta. La vicepresidenta comenzó a cuestionar los recursos económicos que maneja la ciudad en comparación con los de la provincia de Buenos Aires después de que Axel Kicillof hiciera una presentación desajustada del balance de recursos que recibió de Vidal. La polémica no entorpecerá por ahora los acuerdos de la exgobernadora y su sucesor para que la oposición vote en la Legislatura las emergencias que deberían ingresar pasado mañana. Una colaboración que se repetiría en marzo para sancionar el nuevo presupuesto. El diálogo de Kicillof y Vidal del 9 destrabó ese día la renovación de autoridades en la Cámara de Diputados, donde Néstor Grindetti logró que Adrián Urrelli fuera el vicepresidente primero.

El intendente de Lanús es un nexo entre Vidal y Rodríguez Larreta en el conurbano sur que provoca inquietud en la región norte. Tras la elección de autoridades en Diputados, Jorge Macri confirmó su precandidatura a gobernador. Las versiones de una fórmula con el jefe de gobierno porteño y la exgobernadora señalan en Grindetti la necesidad de cubrir la misma expectativa del intendente de Vicente López con su primo Mauricio. El experimento de regeneración institucional que Cristina impulsa en la provincia con Kicillof depende de mantenerlo ajeno a las disputas por una de las cajas políticas más importantes de la Argentina. El gobernador reiterará la lógica de Vidal para descalzar su presupuesto de la inflación y dar una señal de ajuste con el gasto político.

Pero por intermedio de Moreno, Kicillof estaría a punto de concretar algo todavía más ambicioso. Jubilar a tres miembros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense cuya edad supera los 70 años: Héctor Negri, Daniel Soria y Eduardo de Lázzari, su presidente. De Lázzari fue secretario de Seguridad de Eduardo Duhalde y tuvo a Federico Domínguez de segundo. Hasta su deceso, en 2017, Domínguez presidía el Tribunal de Casación Penal. En 2016, la Cámara Federal de Apelaciones lo procesó por el delito de coacción en la causa AMIA. Domínguez fue la máxima autoridad del tribunal desde su creación, en 1997, el año en que De Lázzari llegó a la Corte, a instancias de Duhalde. En febrero de 2019, el exjuez Juan José Galeano, el extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy y Carlos Telleldín fueron condenados a seis, cuatro y tres años y medio de prisión, respectivamente, por encubrimiento y desvío de la investigación en la causa AMIA. Un expediente que podría rozar a De Lázzari, según algunos informes de inteligencia, un área que Alberto se dispone a intervenir.

De Lázzari aplazó hasta el 9 de diciembre la reunión del jury que debía resolver el juicio político al juez de Garantías Nº 8 de Avellaneda, Luis Silvio Carzoglio, defendido oficialmente por Duhalde. La renovación de autoridades en Diputados ese día derivó en un asueto para cualquier otra actividad. La fecha de la audiencia está ahora en el limbo. Carzoglio negó la orden de detención contra Pablo Moyano en la causa por supuesta asociación ilícita con barras del club Independiente. Insuficiente para que Kicillof apele al concepto de lawfare para calificar los procesamientos a Cristian Girard y Daniel Gollán en los mismos decretos con los que fueron designados titular de ARBA y del Ministerio de Salud, respectivamente. Sin otro efecto que una velada amenaza de avanzar sobre el Poder Judicial efectuada nada menos que desde el Ejecutivo bonaerense. Pero tampoco hay que descartar que sea una veleidad inducida por Cristina con el afán de marcar diferencias, hasta ahora, con alusiones a Macri por omisión.ß