Una babel de propuestas educativas

Claudia Romero
Claudia Romero PARA LA NACION
Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Sabat
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15 de octubre de 2019  

"Todos los problemas son problemas de educación", dice un candidato citando a Sarmiento al comenzar el bloque dedicado a educación en el primer debate presidencial obligatorio. Es una frase que gusta mucho. Es rotunda, asertiva, efectista porque genera la ilusión de una solución, nada menos que a todos los problemas. Pero enseguida viene la paradoja, hay solo tres minutos por candidato para resolver los problemas de educación y salud.

El debate, en su versión inaugural y vernácula, transcurrió sobre una estructura rígida, a ritmo televisivo y con ensayado guion, lo que generó monólogos en paralelo y bajo cronómetro que contrastaron con el diálogo y el consenso de largo plazo que requieren los problemas educativos. En ese particular contexto fueron apareciendo las propuestas.

"Declarar la educación servicio público, básico y esencial para limitar el derecho de huelga y terminar con los paros. Reformular los estatutos docentes y revisar el sistema de licencias docentes. Recrear la escuela técnica y establecer la modalidad dual. Arancelar la universidad pública. Restablecer los exámenes de ingreso a la universidad. Recentralizar la educación para liquidar los 24 sistemas educativos provinciales y tener un único sistema nacional. Enseñar inglés a distancia en los jardines de infantes. Y robótica y programación también desde el jardín. Extender el calendario escolar. Dar educación sexual con un cambio de perspectiva y centrarse en la biología para defender la vida".

Una babel de propuestas que en su mayoría carecen de perspectiva, están fuera de la ley o no son competencia del gobierno nacional.

Más allá de posiciones ideológicas y estilos personales de los candidatos, la calidad de un debate está en la solidez de los argumentos racionales que definen los problemas que las propuestas vienen a resolver. Al cabo de escuchar los intensos minutos del debate educativo y en ausencia de un diagnóstico mínimamente compartido, siguen en pie las preguntas: ¿cuáles son los problemas de la educación?, ¿en qué proyecto de país se inscriben?, ¿dónde están las prioridades?, ¿cuáles son las alternativas?

Considerando que la mayoría de las propuestas implican cambiar las leyes y en el caso de la recentralización del sistema educativo incluso cambiar la Constitución nacional, que indica que la educación está en manos de las provincias, vale preguntarse: ¿no hay nada por hacer dentro de la ley vigente? Por ejemplo, sostener el presupuesto del 6% del PBI como mínimo para educación; garantizar los 180 días de clases; asegurar las vacantes que faltan para el nivel inicial construyendo los edificios y aulas necesarios; conformar el Consejo Nacional de Calidad de la Educación, un órgano de asesoramiento especializado, multisectorial y plural que asegure participación, idoneidad y transparencia a las políticas, son algunas asignaturas importantes y pendientes de competencia nacional y previstas en la ley vigente. Cumplir la ley podría ser, para empezar, una buena propuesta.

Y por fin: ¿qué puede esperarse como propuesta educativa de un candidato a presidente? ¿Es cierto aquello de que un ministerio sin escuelas no tiene mucho para hacer? En un país federal, el gobierno nacional tiene competencias insoslayables, como establecer el rumbo de la educación dentro de un proyecto de país, diseñar un currículum básico y común, garantizar la calidad de la formación docente, desarrollar una política de información y evaluación del sistema educativo e implementar políticas y programas técnicos y financieros que promuevan equidad en un territorio de grandes desigualdades educativas. Y además tiene un rol inspirador al estimular procesos de innovación y experimentación educativa. Es sin dudas un espacio desafiante que los candidatos no llenaron. No hubo ninguna propuesta innovadora en torno a la formación docente, que es un factor estratégico, ni una sola mención a la agenda educativa que impone el desarrollo sostenible, por ejemplo.

El debate presidencial obligatorio representa un hecho positivo para la construcción democrática en la Argentina. Aunque los expertos afirman que influye poco en la intención de voto, este debate es, por definición, un acto comunicativo de confrontación de argumentos acerca de los problemas sobre los que se pretende gobernar, que apunta a producir una visión más informada de la ciudadanía. Con el tiempo tal vez llegue a serlo; este ha sido solo un paso.

Directora del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella

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