Comenzó la persecución de los enemigos

Algunos jueces presionados y temerosos están haciendo el trabajo sucio que en tiempos de Cristina Kirchner lo hacía el entonces todopoderoso jefe de los servicios de inteligencia, Jaime Stiuso. Esto es: difundir llamadas telefónicas, divulgar correspondencia por mail o revolver en las hemerotecas para encontrar viejos recortes o más viejas fotos. La decisión de la jueza María Servini de entregarles a los abogados de Cristóbal López y de Fabián de Sousa (son distintos letrados) la lista con los llamados telefónicos del exasesor presidencial Fabián Rodríguez Simón tuvo consecuencias graves. Periodistas, empresarios y políticos quedaron expuestos de la peor forma. La red de medios que adhieren al cristinismo usó esa información parcial y descontextualizada para someter al escarnio público a periodistas y políticos. No obstante, la guerra del cristinismo contra editores, periodistas y jueces independientes solo ha comenzado.

La jueza Servini tenía ese informe sobre el teléfono de Rodríguez Simón desde junio del año pasado. El informe durmió durante nueve meses inexplicables en algún cajón de su escritorio. Según distintos testimonios, la información de la oficina de escuchas telefónicas, que depende de la Corte Suprema de Justicia, envió una información sesgada, en la que hay omisiones notables o se sobredimensionan las llamadas de algunas personas. Los protovoceros de la vicepresidenta sacaron en el acto las conclusiones que más beneficia a esa facción gobernante. En rigor, ese informe de la oficina de escuchas telefónicas se parece demasiado a un trabajo de los servicios de inteligencia. Sirve para que cualquiera ate dos cabos sueltos y termine con la conclusión que el poder quiere escuchar. ¿No ha sido esa la tarea histórica de los servicios de inteligencia argentinos? ¿No fue esa la principal función que el espionaje oficial desempeñó durante los dos gobiernos anteriores del matrimonio Kirchner? Aunque es poco inteligente proponer el cierre definitivo del servicio de inteligencia oficial, no queda otra alternativa más que esa cuando se descubre que lo único que le sale bien es espiar al enemigo del poder que manda.

La divulgación de esa lista expuso obscenamente la vida privada de Rodríguez Simón. La manipulación puede constatarse con un solo ejemplo. Los periodistas cercanos al oficialismo pusieron énfasis en las muchas conversaciones del exfuncionario con una jueza (preservemos su nombre para no ser cómplices de la maniobra) en el intento de demostrar la relación espuria del poder macrista con la Justicia. Resulta que esa jueza es la exesposa de Rodríguez Simón y la madre de sus hijos. Este dato crucial no figuró en ninguna de las interpretaciones oficiales.

Otra iridiscente revelación de esa lista son los llamados telefónicos entre Rodríguez Simón y los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Rodríguez Simón y Rosenkrantz son amigos desde hace 40 años. Las dos terceras partes de los llamados entre ellos corresponde a meses anteriores a que Rosenkrantz asumiera como miembro de la Corte. Todos los llamados con Rosatti (o casi todos) son también previos al acceso del juez al máximo tribunal de Justicia. La versión cristinista es que esos llamados forman parte de colusión entre políticos y jueces para investigarla y condenarla. La paranoia es habitual en la política, pero todo tiene un límite.

Campaña de desprestigio

La filtración de esa lista no dice nada sobre la cuestión de fondo (la presunta presión de funcionarios de Macri para que Cristóbal López y Fabián de Sousa vendieran sus empresas), pero le sirve al cristinismo para hacer una intensa campaña de desprestigio de sus enemigos. La jueza Servini escribió en su resolución que las partes debían preservar la confidencialidad de la información que les entregaba. En el acto, colocó todo el listado de llamados de Rodríguez Simón en el expediente electrónico, al que tienen acceso solo las partes. Es decir, los abogados de Cristóbal López y de De Sousa. El abogado de Cristóbal López es el mismo que el de Cristina, Carlos Beraldi. No se conoce que la jueza haya hecho ninguna denuncia por la flagrante desobediencia a su expresa orden.

No es cierto que a Cristina no le gusta la actual Justicia. Es peor que eso: ella no quiere que haya justicia, sobre todo si esta debe investigar a su entorno y a ella misma

También fueron virtualmente escrachados con la divulgación de esa lista varios periodistas, como Hugo Alconada Mon, de LA NACION, y Ricardo Roa, de Clarín. Rodríguez Simón tenía también un diálogo telefónico fluido con periodistas ahora muy cercanos a Cristina Kirchner. Los nombres de ellos no figuran en la lista que se conoció. Rodríguez Simón fue un funcionario importante de Macri, sobre todo por su histórica cercanía personal con el expresidente. La obligación del periodista es buscar información o chequear la que ya tiene. ¿Dónde está el delito cuando periodistas llaman a funcionarios públicos para preguntarle sobre cuestiones públicas? ¿Qué importa cuántos veces lo hicieron? ¿No es esa la función que la sociedad espera del periodismo? Si la difusión de la vida privada de una persona es un hecho grave, la divulgación de las fuentes de información de un periodista es igualmente grave (o gravísimo). Esas fuentes están protegidas por la Constitución, que dice textualmente en su artículo 43: “No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodísticas”. Que una filtración surgida de un juzgado federal viole flagrantemente la propia Constitución es otra extravagancia del extraño país de los argentinos.

El caso de Alconada Mon debe destacarse especialmente porque también está sufriendo el ultraje público en los medios que son propiedad de Cristóbal López y De Sousa. El pecado de Alconada Mon consiste en que fue el periodista que publicó antes que nadie la primicia de que ese dúo de empresarios se había quedado desde 2011 con 8000 millones de pesos (unos $80.000 millones en valores actuales) como agentes de retención de la AFIP en sus estaciones expendedoras de naftas. No eran evasores fiscales; simplemente se habían quedado con dinero que retenían en nombre del Estado. Es un delito mucho más grave que la evasión fiscal. El primero tramo de la investigación de Alconada Mon se publicó en 2013, pero la Justicia desestimó la denuncia. El segundo tramo lo publicó en 2016. El caso cayó en el fueron penal federal en el juzgado del magistrado Julián Ercolini, quien proceso a Cristóbal López y a De Sousa. El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal y por la Casación. Actualmente se encuentra en el trámite del juicio oral y público. ¿Se equivocó Alconada Mon? No, desde ya.

Paralelamente, en el fuero Comercial se instruyó otra causa tras la quiebra de la empresa Oil Combustibles, la compañía petrolera que era la empresa madre de todas las empresas de esos dos amigos de Cristina. López y De Sousa aseguraron que sus conflictos empresarios empezaron en 2016 cuando Mauricio Macri llegó al poder. Era, para ellos, un caso perfecto de lawfare. Un poder político, un periodista y jueces en su contra. La Cámara de Apelaciones en lo Comercial los desmintió hace 15 días. Sentenció que el proceder de López y De Sousa fue “ruinoso” y “fraudulento” y que el declive de Oil Combustibles comenzó en 2011 y no en 2016, como dicen ellos. La propia AFIP conducida por su actual jefa, Mercedes Marcó del Pont, aseguró en sede judicial que los argumentos de los dos empresarios cristinistas son “pueriles”. El mismo calificativo usó la Cámara Comercial. ¿Dónde está entonces el error de Alconada Mon? ¿Por qué debe ser sometido a la ofensa pública? A todo esto, el exjefe de la AFIP en tiempos de Macri, Alberto Abad, que denunció la maniobra de López y De Sousa, también fue citado a declaración indagatoria (como Rodríguez Simón) por la jueza Servini. Una nueva paradoja: el funcionario que denunció un delito contra el Estado debe explicar ahora por qué lo hizo. No es cierto que a Cristina no le gusta la actual Justicia. Es peor que eso: ella no quiere que haya justicia, sobre todo si esta debe investigar a su entorno y a ella misma.

El show solo comenzó, en efecto. Otra jueza federal, María Eugenia Capuchetti, acaba de aceptar un pedido del fiscal Franco Picardi, vinculado a la agrupación cristinista Justicia Legítima y exfuncionario del Ministerio de Justicia en tiempos de Cristina Kirchner, para que le envíen los registros de todos los ingresos a la Casa de Gobierno y a la residencia de Olivos durante la presidente de Macri. Si los llamados telefónicos de un solo exfuncionario provocaron semejante revuelo, es posible esperar un escándalo mucho mayor cuando esa lista requerida por Capuchetti llegue al conocimiento público. Llegará, sin duda. La causa que instruye Capuchetti es endeble; se refiere a la denominada “mesa judicial” en tiempos de Macri, una denominación que fue un error político del gobierno del expresidente. Ese expediente tiene una sola declaración importante. Es la que hizo la jueza de la Cámara de Casación Ana María Figueroa, quien dijo públicamente que Juan Bautista Mahiques, actual procurador general de la Capital y entonces funcionario del Ministerio de Justicia de Macri, la había visitado para presionarla por el memorándum con Irán que inculpa a Cristina Kirchner. Mahiques aseguró luego que nunca se reunió en privado con Figueroa. La jueza moderó notablemente después en su declaración ante la Justicia la afirmación que había hecho en público. La filtración de llamados telefónicos y del ingreso de personas a los lugares que son propios de los presidentes significan una ruptura de una regla histórica. La actividad del jefe del Estado es intocable, durante y después de su mandato. Pero las juezas salieron en “excursión de pesca” para averiguar si encuentran algún delito. Eso era lo que hacía antes el célebre espía Jaime Stiuso. No importa si lo encuentran o no. Importa el escándalo, la difamación y el escarnio del enemigo. La historia de los autoritarios está llena de anécdotas muy parecidas.

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