Comercio y medio ambiente: ¿oportunidad o desafío para la Argentina?

Ante la necesidad de abordar las problemáticas vinculadas al cambio climático, muchos países están adoptando medidas que impactan sobre el comercio internacional. Por un lado, surgen regulaciones que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y motivan cambios en los patrones de producción, consumo y transporte, influyendo indirectamente sobre los flujos de comercio. Por otro lado, las políticas ambientales delineadas por algunos países incluyen medidas que impactan directamente sobre el comercio, como impuestos en frontera relacionados con el contenido de carbono, requisitos de etiquetado, exigencias relacionadas con envases, embalajes o transporte, entre otros. Algunas de estas regulaciones se basan en objetivos ambientales legítimos, pero otras reflejan discrecionalidad y proteccionismo encubierto. En uno u otro caso, estas tendencias tienen gran relevancia para las exportaciones argentinas.

Si bien las iniciativas ambientales que impactan sobre el comercio están siendo promovidas por muchos países, para la Argentina resultan de particular interés las políticas de la Unión Europea (UE), no solamente porque es destino de 12,7% de las exportaciones argentinas de bienes, sino también por la capacidad del bloque de influir sobre las reglas comerciales a nivel global, de modo que podría impactar sobre los envíos a terceros mercados.

A través del Pacto Verde Europeo, la UE busca reducir sus emisiones de GEI al menos 55% respecto de 1990 y alcanzar la neutralidad climática del bloque para 2050. Una de las herramientas previstas para alcanzar estos objetivos es la estrategia Farm to Fork (de la granja a la mesa), la cual apunta a la sostenibilidad del sistema alimentario europeo mediante diversos instrumentos que impactan sobre el comercio, como medidas sanitarias y fitosanitarias (ej. límites a pesticidas y antibióticos) y disposiciones ambientales en acuerdos como el negociado entre el Mercosur y la UE. Las regulaciones que surjan en este ámbito serán claves para la Argentina, ya que casi dos tercios de las exportaciones de bienes al mercado europeo corresponden a productos agropecuarios primarios y procesados.

En una línea similar, una iniciativa de la Comisión Europea orientada a frenar la deforestación ligada a la producción agropecuaria apunta a ciertos productos como carne, soja y derivados, los cuales sobresalen en las ventas argentinas a la UE. Quienes comercialicen dichos productos en el mercado europeo serían responsables de garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales y podrían estar sujetos a sanciones, de acuerdo con un sistema de clasificación de los países según el nivel de riesgo ambiental. Si esta iniciativa prospera, la clasificación que reciba la Argentina definirá si la medida constituye una oportunidad o una amenaza para sus envíos a la UE.

El Pacto Verde también incluye medidas tendientes a reducir las emisiones de GEI del transporte y la energía, por lo cual es esperable que afecten las exportaciones de combustibles a la UE (9,0% de las ventas argentinas al bloque en 2021) y que motive a las empresas europeas a buscar proveedores de diversos productos en mercados cercanos para minimizar las emisiones derivadas de los fletes.

Adicionalmente, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) obligará a los importadores europeos de bienes intensivos en carbono a adquirir certificados de carbono para compensar la diferencia con los costos en los que incurren los productores de la UE para cumplir los estándares ambientales. De esta manera, el CBAM funcionará como una suerte de derecho de importación que podría según sector y país de origen. Si bien los productos que se incluirían en una primera fase tienen una participación marginal en los envíos argentinos a la UE, la medida podría extenderse a otros ítems en el futuro.

En este contexto, la Argentina enfrenta enormes desafíos. Por un lado, debe combatir el proteccionismo encubierto a través de una participación activa en la Organización Mundial del Comercio y otros foros de negociación, preferentemente de manera coordinada con sus socios del Mercosur. Por otro lado, resulta urgente promover la adecuación productiva, tanto para cumplir con los propios objetivos de desarrollo sostenible como para alcanzar los estándares de producción y trazabilidad exigidos por gobiernos y consumidores del resto del mundo. Para lograr que estos requerimientos sean oportunidades y no obstáculos al comercio, se necesitan importantes inversiones por parte del sector privado, las cuales a su vez demandan la definición de reglas claras y eliminación de obstáculos por parte del sector público. ¿Será posible hacerlo?

Investigadora del IICE-USAL y miembro del Consejo Consultivo de la Maestría en Comercio Internacional de la USAL