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Con Alberto y Cristina en la suya, agosto puede ser diciembre
“Es muy fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Me dicen hay que ser conscientes de la situación. Entonces Alberto que por lo menos si no hay para que salgamos de la pobreza, salgamos de la indigencia. No es tan difícil Alberto. ¿Para qué te pusimos ahí? Para que haya menos pobreza, no más. Es matemática. Y si no te gusta el salario universal, salí e inventa otra cosa. No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados, vení y calmanos a nosotros porque hay algunos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre para que no haya hambre en la Argentina”. Todo esto decía ayer Juan Grabois, referente de la UTEP, en medio de una marcha de protesta en reclamo del mal llamado Salario Básico Universal. Grabois pertenece, hasta ahora, al Frente de Todos. No obstante su filiación, hoy encarna una clara demostración del malestar que existe en las organizaciones sociales y en los sectores más vulnerables que, aun comprendidos dentro de la extensa ayuda social estatal, sienten que la inflación pulverizó sus escasos ingresos, algo que también sufren los trabajadores formales que siguen necesitando de los merenderos y comedores comunitarios porque sus salarios no alcanzan a cubrir los gastos mínimos de alimentación de sus familias.
Los intendentes peronistas del conurbano también están alertas, saben que la posibilidad de enfrentar un agosto con alta conflictividad social está latente, ellos enfrentan varios dilemas que les hace cuesta arriba la posibilidad de retener su poder territorial. El primero es la falta de un líder que empuje sus boletas en las elecciones del año próximo. “Electoralmente Alberto es un salvavidas de plomo, pero tenemos que ser cautelosos y sostenerlo porque si nos agarra divididos y con cada uno en la suya, un estallido social nos lleva puestos a todos”, dijo un jefe comunal del conurbano preocupado por el avance de La Cámpora y la interna descarnada entre los Movimientos Sociales. Es que la posibilidad de que un conflicto político por el poder interno, y también por el manejo de la ayuda social que enfrenta a intendentes con las organizaciones sociales, se traslade a las calles y los jefes políticos pierdan el control sobre la misma es cada vez más fuerte. “La mecha no está encendida, pero está ahí esperando el fósforo y yo veo a los compañeros más interesados en su propio juego, que anticipándose a ese escenario”, sostiene el mismo intendente.
El martes, en la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, también se analizó la situación social y, si bien son cautelosos en las declaraciones públicas, hablaron sobre la preocupante realidad y lo perjudicial que resulta en este momento las luchas internas por el poder en el Frente de Todos. “Echan nafta al fuego” sentenciaron. La crisis agravada de modo inminente produjo un efecto contrario al que atraviesa el oficialismo, hoy se visualiza un impasse de calma interna en la principal coalición opositora, que puede resumirse en el después de la reunión entre el expresidente Mauricio Macri y Elisa Carrió, donde varios dirigentes bajaron varios cambios en las disputas internas. No lo dicen en público para evitar ser señalados como instigadores, pero avizoran un escenario extremo, sobre todo en el conurbano y en los cordones obreros de las grandes ciudades del interior.
La profundidad de la crisis hace que los “favores” que hace el Gobierno a sus aliados sean tan contraproducentes para la marcha de la economía como insuficientes para detener las demandas. Como la firma de un proyecto para que el estado nacional se haga cargo de los gastos de atención médica de las personas con discapacidad evitando así que lo hagan, como debería ser, las obras sociales sindicales. Más gasto para el tesoro, más emisión, más inflación, solo para que las obras sociales que atienden trabajadores pobres y son administradas por dirigentes ricos sobrevivan sin ajustar sus cuentas. ¿Será por eso que la CGT diga que la marcha del 17 de agosto no es contra el gobierno? Es más, Hugo Moyano fue más allá y señaló que se trata de “una marcha a favor del gobierno”. Inentendible para cualquier observador que no conozca el comportamiento de la burocracia sindical argentina.
Este mes nos depara una inflación que será la más alta del año y dejará cortas e insuficientes a las mejores paritarias acordadas en marzo que superaron el 60%, ni hablar de los trabajadores de sectores que vienen teniendo aumentos por debajo de la inflación de modo pronunciado desde 2020 o los trabajadores independientes, o los jubilados que en su mayoría cobran muy por debajo de lo que necesitan ya no para no ser pobres sino para no ser indigentes. El campo tuvo el pasado miércoles su día de protesta que promete extenderse y agravarse en los próximos días. Todo el escenario económico y social, con dirigentes sociales propios que prometen dejar la “sangre” en luchas venideras, está hirviendo dentro de una olla a presión y el mes de julio ya se muestra como un preámbulo de un segundo semestre con protestas sociales con ganas de abandonar el formato de marcha petitoria para adoptar uno más activo, quizás similares a los vividos en diciembre de 2001.
Si esto no sucedió hasta ahora es porque gobierna el peronismo, no hace falta ser muy avispado para darse cuenta que el conflicto ya estaría en las calles si otra coalición gobernara, el respeto a las instituciones no forma parte de su abecedario político cuando no están el poder y se dan cuenta que los adversarios comienzan a mostrar sus heridas.
En una semana donde el dólar se dispara a niveles inciertos, el riesgo país sube hasta ponernos afuera del mundo serio de la economía mundial, recibimos durísimas críticas de columnistas de dos prestigiosos e influentes periódicos abocados a la economía y los negocios como son el Wall Street Journal y el Financial Times. El primero recomendó al presidente de EE.UU., Joe Biden, que niegue ayuda a la argentina a través del FMI por el episodio del avión iraní, castigando al país por poner en riesgo a la región, y en el diario británico se pidió al FMI mayor dureza con un país incumplidor de sus compromisos. Mientras esto sucede y agosto se prepara para mostrarse como los peores diciembres vividos, el Presidente y la vicepresidenta usan la lapicera para arremeter contra la Corte Suprema y el Poder Judicial. No sorprende, después de todo: volver al poder siempre tuvo como prioridad garantizar la impunidad de la jefa, tan comprometida en las causas judiciales en proceso.
La solución está lejos y el conflicto ya se deja ver, todos parecen darse cuenta menos el gobierno que se perdió en su andar y, aferrado a su agenda judicial, quitó la vista de la magnitud del problema económico y sus graves consecuencias sociales. Es que ni siquiera la cruel realidad, que ya los dejó sin espacio para seguir poniendo la culpa en otros, volvió a los Fernández empáticos con las urgencias de la sociedad.
