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Construir los cimientos de una democracia real
"Al pasar junto al monte Thai, Confucio avanzó hacia una mujer que lloraba amargamente junto a una tumba. El Maestro se apresuró y llegó rápidamente a ella. ‘Tus lamentos –le dijo– son de quien ha sufrido un dolor tras otro’. Ella replicó: ‘Así es. Una vez el padre de mi marido fue muerto aquí por un tigre. Mi marido fue también muerto y ahora ha muerto mi hijo del mismo modo’. El Maestro dijo: ‘¿Por qué no dejas este lugar?’ La respuesta fue: ‘Aquí no hay un gobierno opresor.’ El Maestro dijo entonces: ‘Recordad esto, hijos míos: el gobierno opresor es más terrible que los tigres.’"
Los argentinos, que anhelamos una república democrática, estamos oprimidos por el gobierno que nos violenta moral y físicamente. En medio de una dramática encrucijada muchos argentinos están esperanzados en que la Corte Suprema, intérprete final de la Constitución, declare inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo que hizo efectiva la resolución del Senado disponiendo el traslado de tres jueces federales que procesaron a la vicepresidenta; y también, que haga lo mismo con el proyecto de reforma judicial, cuya única finalidad es que la vicepresidenta no sea juzgada por los jueces naturales, sino por jueces que la exoneren de los delitos que se le imputan. Está bien que tengamos esperanza, pero debemos ser precavidos, para que ocurran los milagros hay que creer en ellos.
La Corte Suprema tiene una tradición política antirrepublicana por su falta de independencia respecto del Ejecutivo y del Congreso. Su moral, como institución, ha convertido al Poder Judicial en una corporación llena de privilegios
La Corte Suprema tiene una tradición política antirrepublicana por su falta de independencia respecto del Ejecutivo y del Congreso. Su moral, como institución, ha convertido al Poder Judicial en una corporación llena de privilegios. Ha justificado los golpes de Estado, las dictaduras militares, y las políticas del Estado que han provocado la destrucción de la moral pública, base del progreso de los países, y su ruina económica. La Corte Suprema sigue la tradición borbónica porque al igual que los virreyes no tiene plazo para dictar sus sentencias lo que es claramente antirrepublicano. Se argumenta que la falta de plazo es por el gran número de casos que debe resolver. El argumento es inadmisible porque viola un principio esencial de la república. El problema del gran número de causas que debe resolver la Corte, básicamente es un problema de organización y eficiencia en la administración de justicia por parte de las autoridades judiciales.
El problema más grave que tiene la justicia es la intromisión de la política en la decisión de las causas. La absolución del expresidente Menem es un ejemplo de la interferencia de la política en la justicia. En octubre de 2018, después de 23 años de trámite, la Cámara de Casación absolvió a Menem en la causa por contrabando de armas. En esa causa Menem había sido condenado a 7 años y medio de prisión e inhabilitación por 14 años para ejercer funciones públicas. La Cámara de Casación lo absolvió, argumentando que con el prolongado trámite del proceso se había quebrado el plazo razonable para que un acusado tenga sentencia firme, exigencia que imponen tratados internacionales con jerarquía constitucional. Este argumento, de los jueces de la Cámara que votaron por la absolución, ignora las interferencias de la política en la causa, interferencias que los jueces conocían y que beneficiaban a los procesados. Actuaron como si ellos no hubieran sido parte del Poder Judicial, cuyos integrantes fueron los responsables de admitir las interferencias políticas. Fue más importante para los jueces el derecho humano de los procesados, que el grave delito imputado a funcionarios públicos, uno de ellos nada menos que un expresidente de la Nación. Mientas tanto, durante el largo tiempo del trámite del proceso el expresidente siguió siendo senador y, según lo informado por La Nación, cobrando una jubilación de más de $600.000 pesos mensuales limpios. Se ha escrito que, en el Senado, Menem se limita a levantar la mano para votar de acuerdo con el gobierno de turno. De ser cierto, existiría una complicidad del Gobierno y la oposición. Cabe recordar que Menen, siendo presidente, para tener una Corte Suprema adicta, hizo aprobar una ley por el Congreso que elevó de 5 a 9 los jueces de la Corte, lo que le permitió designar 4 nuevos jueces. Luego, después del pacto de Olivos, se reformó la Constitución para que pudiera ser reelecto presidente.
El Procurador General de la Nación Eduardo Casal, por la vía extraordinaria, recurrió la sentencia absolutoria de la Cámara de Casación a la Corte Suprema, y mediante un memorial que refleja una probidad admirable, pidió la nulidad de la sentencia de la Casación. El expediente se encuentra en la Corte desde diciembre de 2018, y lo más probable es que la votación esté dividida por razones políticas más que jurídicas. Importa señalar que la remoción del Procurador Casal que intenta el Senado, no sería ajena al recurso extraordinario que interpuso Casal contra la sentencia absolutoria de Menem. Se ha escrito que la absolución de Menen podría ser un antecedente para la resolución de las causas penales contra la vicepresidenta.
El golpe que denunció Duhalde sería un autogolpe de sectores del Movimiento gobernante, que de concretarse postergaría las próximas elecciones con cualquier pretexto. El expresidente Duhalde fue muy activo en los golpes inciviles del Movimiento contra los expresidentes Rodríguez Saá y De La Rúa. El último, con la colaboración de dirigentes de la UCR. Esto sería un golpe de Estado y la oposición no debería mezclarse en una componenda violatoria de la Constitución que defendemos. La solución de la causa está en manos de la Corte Suprema, y la votación parecería estar dividida por razones políticas. El Alto Tribunal tiene una oportunidad histórica de comenzar a revertir su tradición.
La esperanza más concreta que podemos tener es que el Movimiento populista gobernante, después de instalar durante 70 años un sistema corporativo antidemocrático, esté en un estado de total descomposición irreversible. Se percibe que el Gobierno no sabe qué hacer, y que los funcionarios en general son incompetentes. La vicepresidenta es quien conduce y su preocupación primordial es reformar la justicia para evitar que la condenen en los juicios en que ha sido procesada. La oposición que también está contagiada por el virus del corporativismo, como no podía ser de otra manera, tiene también la oportunidad de renunciar a sus privilegios y organizarse democráticamente para que la Argentina comience a transitar el largo y difícil camino hacia la democracia. Como ha dicho sabiamente Pepe Nun, en un artículo publicado en La Nación: "No estamos en tiempo de cosecha sino de siembra". Los políticos de la oposición deben sembrar con el ejemplo, y renunciar a los privilegios corporativos y ser servidores del pueblo y no servirse de él. Quienes fracasaron en el anterior gobierno deben, honorablemente, dar un paso al costado. Así, seremos creíbles y ganaremos las próximas elecciones para comenzar a construir los cimientos de una democracia real y no de palabras.
