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Contaminación visual
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La contaminación visual se ha constituido en uno de los males más agudos de las grandes urbes. Nuestra ciudad no está exenta del caos provocado, esencialmente, por la desmedida e irresponsable colocación en la vía pública y en los frentes de los edificios de toda clase y tamaño de carteles publicitarios y marquesinas que, incluso, hacen caso omiso de las restricciones dispuestas en las reglamentaciones vigentes. Por ese motivo, resulta positiva toda medida que apunte a ponerle freno a esa invasión y, de tal manera, contribuya a moderar sus negativos efectos.
Tamaño descontrol -por cierto, de larga data- tiene consecuencias aún más negativas cuando esos engendros seudopropagandísticos son colocados a lo largo de las autopistas y avenidas de tránsito rápido. Es el caso, por ejemplo, de la avenida Lugones, que hasta no hace mucho tiempo soportó en sus bordes el absurdo apiñamiento de pantallas publicitarias adosadas a estructuras metálicas o encaramadas sobre columnas de considerable altura. Esa escenografía -en más de un caso también reñida con la moral y las buenas costumbres- atraía y atrae la atención de los conductores (a los cuales estaba dirigida), convirtiéndose en preocupante factor causal de accidentes de tránsito.
En su momento, el gobierno local emprendió bienvenidas acciones, movilizadas por una conminación judicial, para lograr el desalojo de tan impertinentes presencias. Se concretó, entonces, el retiro de 120 de los 180 cartelones allí distribuidos.
El resto de la cartelería, pícaramente situado dentro de predios particulares -entidades deportivas en su mayor parte- situados a la vera de aquella avenida, resistió a pie firme el desahucio, motivo por el cual las autoridades porteñas fueron demandadas por la asociación Familiares de Víctimas del Tránsito (Favat). Llegada esa instancia, el gobierno demostró su buena voluntad: acaba de ratificar ante la Justicia la determinación de completar la erradicación de los carteles, dejando constancia de que todos sus propietarios habían interpuesto recursos destinados a evitar que las medidas restrictivas fuesen concretadas y solicitó que la jueza interviniente efectúe una inspección ocular de los carteles subsistentes.
Esta crítica, es obvio, no recae sobre el quehacer de la publicidad, de lejos una rama importante de la comunicación social, sino sobre ciertos excesos que, tal como ocurre en este caso en particular, obran en franco perjuicio de la seguridad en el tránsito.
Son de sobra conocidas las gravísimas consecuencias del alocado comportamiento vial de muchos argentinos; por lo tanto, sería descabellado admitir que bajo el pretexto del libre ejercicio de una actividad lícita sea tolerada la comisión de infracciones proclives al agravamiento de aquella endémica situación.
Además, y desde cualquier punto de vista, la contaminación visual atenta contra el carácter de la comunidad en que ha logrado enquistarse. Sin ir más lejos, salta a la vista que ese sobredimensionamiento impide apreciar la riqueza y variedad de nuestra arquitectura urbana. Las acciones dispuestas con la sana intención de erradicarla deben avanzar, pues, hasta que la publicidad en la vía pública vuelva a ser encuadrada en límites razonables, acordes con las disposiciones reglamentarias que la rigen y con las normas y pautas propias de la convivencia social.
