Continuidad de la política impositiva

UNA de las batallas más intensas y duras que el futuro presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, deberá librar apenas asuma su cargo es la que se plantea en el campo de la recaudación impositiva. La lucha contra la evasión tributaria, la consolidación de los indudables avances registrados en los últimos años en ese campo, la dinamización y el perfeccionamiento del sistema de persecución legal contra los evasores, la búsqueda de metodologías fiscales cada vez más equitativas, y también más eficientes, son sólo algunos de los objetivos que el futuro gobierno deberá plantearse desde el comienzo de su gestión.

Existe una justificada expectativa por conocer el nombre del funcionario que tendrá a su cargo la conducción de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el organismo que tiene responsabilidades fundamentales en el diseño y la ejecución de la política tributaria. Diferentes sectores de opinión han reclamado a De la Rúa que mantenga en el cargo a Carlos Silvani, que actualmente tiene en sus manos la dirección del organismo. Es un reclamo que merece ser apoyado.

Un balance sereno y objetivo de la gestión de Silvani al frente de la AFIP lleva a reconocer, en efecto, que su desempeño fue eficiente y que sus aciertos fueron significativos. Es verdad que todavía queda muchísimo por hacer en el campo tributario, plagado de iniquidades y deficiencias estructurales; es cierto, asimismo, que el actual titular del organismo recaudador no logró ver concretadas algunas de las iniciativas y reformas que trató de impulsar. Pero debe tenerse en cuenta que el mejoramiento del sistema impositivo no depende sólo de la acción de un funcionario, por elevada que sea su jerarquía y por amplias que sean sus atribuciones: requiere también del esfuerzo coordinado de todos los poderes del Estado y, muy especialmente, del Poder Judicial, que poco y nada ha hecho, hasta el presente, para perseguir a los infractores y evasores de mayor peso.

Por otra parte, es indudable que un buen sistema tributario dependerá siempre, de manera sustancial, de los patrones generales de comportamiento de la sociedad. Para que el Estado recaude lo que la ley establece hacen falta cooperaciones y compromisos de orden moral a los que ningún sector de la comunidad debe permanecer ajeno.

Durante la gestión de Silvani hubo progresos importantes en el proceso de informatización de la AFIP -que deberá continuar en los próximos años, si es posible con un ritmo aún más intenso- y se dieron pasos efectivos hacia la ampliación de los servicios que el organismo ofrece a los contribuyentes que pagan.

También se avanzó hacia la persecución de los evasores -grandes y chicos-, aunque en ese punto debe lamentarse que el Poder Judicial haya desaprovechado, con su incuria, el eficaz trabajo de investigación de los equipos de inteligencia de la AFIP. La opinión pública abriga sospechas acerca de la existencia de focos de corrupción enquistados en el fuero judicial con competencia en la materia.

Resulta necesario impulsar reformas legislativas adecuadas. El proyecto de código tributario elaborado por Silvani, que contempla la ejecución de los contribuyentes deudores en sede administrativa, debería ser examinado y debatido en el Congreso -y quizá perfeccionado- con la mayor celeridad.

Otro punto en favor del actual titular de la AFIP ha sido la instrumentación del monotributo, al que se acogió casi un millón de personas, cifra que seguramente se incrementará de modo significativo en los próximos años.

La continuidad de la política tributaria traería importantes beneficios. Por un lado, se aprovecharía el caudal de experiencia de un funcionario que demostró sobradamente su capacidad y su probidad moral. Por el otro, se enviaría un mensaje saludable a la sociedad, pues se mostraría la voluntad del nuevo gobierno de incorporar a su equipo a los mejores hombres, más allá de las diferencias partidarias, y de aplicar -en ciertas áreas críticas de la acción gubernamental- políticas y estrategias de Estado que se mantengan inalterables por encima de las coyunturas políticas.

El país debería empezar a aceptar que un cambio de gobierno no significa necesariamente un cambio de administración. Y que no hay por qué producir relevos sistemáticos en áreas del Estado que han sido cubiertas con eficacia e idoneidad.

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