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Controlar la Triple Frontera
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Una preocupación que ha vuelto a cobrar vuelo en el seno de los gobiernos de Brasil, Paraguay y la Argentina es la que se refiere a la necesidad de establecer un control más riguroso en la llamada Triple Frontera, donde se tocan los territorios de las tres repúblicas. Se trata de una zona en la que con frecuencia se desarrollan actividades ilegales de diverso carácter, según denuncias que se han formulado reiteradamente y de las cuales se han hecho eco varias veces las propias autoridades de Brasilia, Asunción y Buenos Aires.
El tema es motivo de análisis, como informó ayer LA NACION, en las conversaciones sostenidas en Washington por los ministros de Relaciones Exteriores de los tres países, que en estos días asisten a la reunión de cancilleres de las naciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), convocada con motivo de la crisis internacional desatada por los ataques al World Trade Center neoyorquino y al edificio del Pentágono.
A nadie se le oculta la relación que existe entre la Triple Frontera y la ofensiva contra el terrorismo anunciada por el presidente de los Estados Unidos. En ese punto geográfico estratégico -en el que convergen Puerto Iguazú, Foz de Iguazú y Ciudad del Este- ha sido advertida muchas veces la presencia de grupos terroristas de Medio Oriente, como -por ejemplo- el Hezbollah, sospechado de haber participado en la voladura del edificio de la AMIA. Se asegura que la Triple Frontera es uno de los lugares de América latina en que esos grupos establecen sus contactos y toman sus decisiones.
Pero sería un error circunscribir el problema de la frontera tripartita argentino-brasileño-paraguaya a la coyuntura planteada por los atentados que hoy conmueven al mundo. En sucesivas oportunidades hemos reclamado desde esta columna editorial la ejecución de un programa estratégico conjunto destinado a garantizar la seguridad y la lucha contra el delito en esa zona de confluencia, que es utilizada no sólo por el terrorismo, sino también por otras vertientes de la delincuencia internacional, como el contrabando, el comercio ilegal de armas, el tráfico de drogas, la reducción de automóviles robados y el lavado de dinero.
Es evidente, entonces, que la Triple Frontera debería ser objeto de un control estratégico severo y permanente, más allá de la campaña antiterrorista a que ha convocado el presidente Bush. Frondosos informes elaborados en los últimos años por organismos de seguridad argentinos, como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Gendarmería y la Prefectura, han dado cuenta de las actividades que se desenvuelven en la zona, con epicentro -casi siempre- en Ciudad del Este.
Los gobiernos nacionales de Brasil, Paraguay y la Argentina han suscripto acuerdos para ejecutar las acciones necesarias a fin de liberar a la zona de los focos de criminalidad que oscurecen su fama. Las autoridades brasileñas y argentinas han solicitado en sucesivas oportunidades al gobierno de Asunción un mayor compromiso en la ejecución de medidas de control sobre las actividades ilícitas que presuntamente se desarrollan en Ciudad del Este. Es de esperar que esta vez se logren los resultados concretos que hasta ahora no se pudieron obtener y que la Triple Frontera deje de ser reconocida en el mundo como una suerte de santuario de la delincuencia internacional.
