Corrupción estancada

Por segundo año consecutivo la Argentina quedó ubicada en una posición rezagada en el ranking mundial de la corrupción: ocupa el puesto 85 entre 180 países analizados y permanece entre la mitad de los menos transparentes. El dato se desprende del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018 que realiza anualmente la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI).

El IPC mide anualmente la percepción de corrupción con relación a la conducta del sector público, o sea, en el ámbito político y administrativo. Desde la existencia de sobornos y el desvío de fondos públicos hasta el nepotismo, la falta de castigo penal o de protección a los denunciantes, pasando por las leyes anticorrupción, los mecanismos para obtener contratos de obra pública y la prevención de los conflictos de intereses por parte de funcionarios.

Con 40 puntos de los 100 posibles en la escala, de acuerdo con la información suministrada por Poder Ciudadano, capítulo argentino de TI, la Argentina se mantiene por debajo de la media global en materia de percepción de corrupción, que es de 43 puntos. Comparte su posición con el país africano Benín y está solo un punto por debajo de los también africanos Burkina Faso y Ghana, de la India, Kuwait, Turquía y Trinidad y Tobago. Inmediatamente, con 39 puntos, se ubican China y Serbia.

El ranking de transparencia lo lidera nuevamente Dinamarca, con 88 puntos, seguida por Nueva Zelanda, con 87 puntos. Comparten el tercer lugar Finlandia, Suecia, Suiza y Singapur, con 85. El top ten lo completan Noruega, con 84 puntos; Holanda, con 82, y Canadá y Luxemburgo, con 81. En el otro extremo, los países percibidos como más corruptos son Siria y Sudán del Sur, ambos con 13, y en el último lugar de la lista se ubica Somalia, con solo 10.

En América Latina, la Argentina se ubica en tercer lugar, aunque lejos de los dos primeros: Uruguay, que repite su performance de 2017, en el lugar 23 del ranking, con 70 puntos, y Chile, con 67 puntos, en el puesto 27. Los peores en materia de transparencia de la región son Bolivia y Paraguay, en el puesto 132, ambos con solo 29 puntos, superados solo por Venezuela, en el lugar 168, con apenas 18 puntos.

Sin embargo, y a pesar de no haber mejoras en el IPC, desde Poder Ciudadano destacaron las normas dictadas en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción sancionadas durante la gestión del presidente Macri, siendo las más relevantes, entre otras, la ley de acceso a la información, ley del imputado colaborador, más conocida como ley del arrepentido y muy utilizada en la causa de los cuadernos de las coimas del chofer Centeno.

Igualmente, faltan muchos aspectos aún por mejorar. Al respecto, Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, destacó "la necesidad de una reforma de un sistema de Justicia donde priman la lentitud y la impunidad como común denominador"; una nueva ley de ética en el ejercicio de la función pública que controle eficazmente los conflictos de intereses; la redefinición del rol de la Oficina Anticorrupción y su independencia; una nueva ley de compras y contrataciones que incorpore estándares de integridad y transparencia, y la reducción de la brecha entre las normas y las prácticas.

Por lo general la corrupción se atribuye a los políticos, afirmación que, sin ser necesariamente falsa, resulta incompleta. Los cómplices más importantes, aquellos que se benefician y que contribuyen a la proliferación de las conductas corruptas se encuentran también en el sector privado. La causa que instruye el juez Bonadio, junto a los fiscales Stornelli y Rívolo, en la que se investigan hasta el momento las maniobras de corrupción en la obra pública y en el transporte público por parte de importantes empresas es el mejor ejemplo de ello.

Por lo tanto resulta necesario desterrar la cultura de la corrupción tanto del ámbito público como del privado y reemplazarla por la cultura de la legalidad, que requerirá un fuerte compromiso de todos los actores del país: gobierno, empresarios, sindicatos, organizaciones civiles y ciudadanos. En primer término, es necesario precisar el objetivo central del esfuerzo: la finalidad no es la erradicación de la corrupción tarea casi imposible-, sino la erradicación de la impunidad, para lo cual la independencia real y efectiva del Poder Judicial es fundamental. Sin una Justicia imparcial e independiente no hay forma alguna de poder combatir la corrupción.