Cristina, cada vez más acorralada

Carlos Wagner, otrora influyente presidente de la Cámara de la Construcción, dejó completamente al desnudo al sistema de obras públicas en el gobierno de los Kirchner. Es el empresario que más sabe de la corrupción kirchnerista; el que entonces distribuía el juego entre los que cobraban y pagaban, y el que acompañó a los Kirchner desde los tiempos de Santa Cruz. Durante cinco horas, en un clima de tensión, Wagner fue cediendo a la insistencia del juez Bonadio para que contara más de lo que ya había contado. Direccionamiento de las obras públicas, precios cartelizados, sobornos acordados previamente. Las licitaciones eran simples representaciones teatrales de cosas que se habían decidido antes. Los beneficiarios últimos de ese sistema de coimas fueron Néstor y Cristina Kirchner, según la alusión de Wagner a conversaciones con Julio De Vido. En esa declaración se encierra una síntesis perfecta del robo y la codicia que sucedieron durante más de una década, aunque es enorme la cantidad de empresarios que cuentan más o menos lo mismo ante el juez Bonadio y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo. Cada gestión del Estado tuvo un precio en aquella época. Cada decisión estaba tarifada. Las pruebas están y también la autoincriminación de los propios empresarios que participaron del festín. Aunque hagan gestos de disimulo, hasta los kirchneristas bajan la cara ante la catarata de revelaciones que muestran que la revolución era solo un engañoso parloteo para tapar el peor período de corrupción que haya vivido el país.

De ahora en adelante, cada arrepentido deberá decir algo más importante que lo que dijo Wagner (imposible, tal vez,) para que los fiscales y el juez lo incorporen al sistema legal de imputados colaboradores. Es probable que las sortijas (según la metáfora que se le atribuye al juez Bonadio) se hayan acabado. Las empresas más importantes de la construcción aceptaron que pagaron sobornos. Wagner, un hombre de 76 años, vio que las pruebas estaban en la mesa de los fiscales. La cárcel lo había ablandado (o quebrado, según la interpretación de funcionarios judiciales). Wagner ni siquiera se escudó en el argumento de contribuciones a campañas electorales. Eran coimas, sin eufemismos. Techint, la más importante multinacional argentina, les pagó sobornos a los Kirchner para cobrar una indemnización del gobierno de Hugo Chávez por la expropiación de un yacimiento de petróleo. El monto que pagó Techint es imposible saberlo porque hubo transferencias en el exterior y porque seguramente también cobraron los venezolanos (y el propio Chávez). Entre los exfuncionarios, solo Juan Manuel Abal Medina, exjefe de Gabinete de Cristina, aceptó que recibió plata negra de empresarios. Dijo que era para financiar campañas electorales, pero también se autoincriminó como lavador de dinero. ¿Aceptará Roberto Baratta la última sortija que le queda al juez Bonadio? Baratta puede confirmar todo, porque él era el que trasegaba las calles de Buenos Aires con millones de dólares. Podría recibir el premio mayor o una cárcel muy larga.

Antes de que Wagner expusiera descarnadamente el sistema de corrupción kirchnerista, ya otros empresarios habían empezado a flexibilizar el pretexto de que hacían contribuciones a campañas electorales. "No me consta que haya sido para eso", repitieron algunos. Es decir, aceptaban, sin decirlo claramente, que pagaban sobornos y no aportes a campañas electorales. Wagner llegó luego para desenmascararlos a todos. Eran coimas perfectamente planificadas.

Los mercados son locos a veces. Hasta hace poco, veían con temor a la Argentina porque había vuelto a crecer la imagen de Cristina Kirchner. Ahora están nerviosos porque Cristina está cada vez más acorralada y en la Argentina se podría reproducir el Lava Jato brasileño. El escándalo de Brasil condenó a ese país a una profunda recesión de dos años. Aquí, los bonos argentinos cayeron y el riesgo país subió. No son solo las empresas de la construcción las que no pueden invertir porque sus patrones están en la cárcel o confesando coimas ante la Justicia. También otras empresas, como las de telecomunicaciones, tienen bonos por varios miles de millones de dólares que iban a colocar en el exterior. Postergaron la colocación porque las tasas de interés suben con el riesgo país.

El caso argentino no es el Lava Jato brasileño. En Brasil, la primera ola de denuncias fue contra la endeble coalición gobernante que lideraba la expresidenta Dilma Rousseff. Era el gobierno y casi todos sus funcionarios y legisladores (no Dilma, hasta ahora) los que cobraban las coimas para autorizar las obras de la empresa Petrobras. La mancha del escándalo mojó después a casi toda la dirigencia política brasileña, oficialista u opositora. Aquí es diferente. El actual gobierno argentino está fuera del escándalo de los cuadernos de Centeno. Ningún funcionario de Macri figura en el expediente ni en los cuadernos. El precio de la obra pública, sin corrupción, bajó un 40 por ciento. El caso interpela a un sector del peronismo, el kirchnerista, ni siquiera a todo el peronismo. Gobernadores y senadores peronistas deberían reflexionar sobre las pruebas y testimonios que se acumularon en los últimos días, luego de que hablaran los principales empresarios de la construcción, para decidir qué harán con Cristina Kirchner. La teoría de que un senador tiene fueros hasta la sentencia definitiva podría resultar fatal para la carrera política de muchos dirigentes peronistas que no participaron de aquel desenfreno de corrupción e impunidad.

El Gobierno está trabajando en un acuerdo con el peronismo para contrarrestar la imagen de que los cuadernos argentinos son lo mismo que el Lava Jato brasileño. La mesa política del macrismo (Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó y Rogelio Frigerio) negocia con el peronismo un acuerdo por el presupuesto. La novedad es que Peña está entusiasmado con esa posibilidad y que todos cuentan con la aprobación del Presidente. Unificarán la interlocución: Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa y Miguel Pichetto serán los interlocutores prioritarios. Es cierto también que el peronismo está más predispuesto a negociar con el Gobierno después de la revelación de los cuadernos y, sobre todo, de la increíble saga judicial que le siguió.

Las alternativas del Presidente son pocas. Puede recurrir a una solución política frente al temor de los mercados. Tiene cerrada la vía judicial. ¿Qué podría hacer? Nada. Bonadio y Stornelli tienen los antecedentes de hombres implacables que ya consignó esta columna. Se les sumó el fiscal Rívolo, que hizo la primera y fundamental investigación del caso Ciccone. Su trabajo acaba de poner entre rejas a Boudou. A esos tres hombres les tocó el desafío de terminar con la colusión corrupta entre gobernantes y empresarios.

La historia mostró la otra cara de la Justicia cuando apareció Norberto Oyarbide. Denunció que lo apretaron. Nadie puede apretar a un juez sin nada que esconder. ¿Por qué aceptó reunirse fuera de su oficina con operadores judiciales y con el entonces hombre fuerte de la entonces SIDE, Jaime Stiuso? Después de su confesión pública, la resolución que sobreseyó a los Kirchner por enriquecimiento ilícito se convirtió en el acto en cosa juzgada fraudulenta. Un nuevo expediente judicial espera a Cristina. Bonadio puso a Oyarbide en manos de otro juez. Tal vez no quiere que una causa seria termine manchada por el escándalo farandulero que siempre rodea al patético exjuez. Tiene razón.